La aprobación de ambas medidas representa un punto de inflexión en la política social española tras dos décadas de infrafinanciación. El proyecto de reforma de las leyes de dependencia y discapacidad obtuvo 179 votos a favor, 33 en contra de Vox y 137 abstenciones del PP. La convalidación del real decreto que autoriza la inversión de 6.200 millones de euros fue aprobada con 317 votos a favor y 33 en contra de Vox, según la fuente.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales e impulsor de ambas medidas, las definió como "la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo" y "un momento fundacional para lo que debe ser el Estado del bienestar en España en el siglo XXI". En la tribuna del Congreso, enfatizó que "lo que debatimos hoy no es un parche, es una refundación".

El cambio de modelo es fundamental. Bustinduy explicó que se trata de "transitar de un sistema de la dependencia marcado por la precariedad, la infrafinanciación y por un modelo centrado en la construcción de grandes centros residenciales", hacia "un modelo de derechos de ciudadanía que permita generar apoyos y soportes necesarios para que las personas puedan envejecer en sus domicilios, sus barrios, sus pueblos, sus ciudades, en condiciones de autonomía y con el mayor bienestar posible".

Las reformas responden al mandato de la reforma del artículo 49 de la Constitución, que eliminó el término "disminuido" y estableció una protección reforzada de los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad, trasladando a los poderes públicos la necesidad de potenciar la autonomía personal.

Entre las medidas concretas de la reforma figuran el reconocimiento de la accesibilidad universal como derecho; la creación de nuevos servicios como cuidados y apoyos en viviendas y la provisión de productos para la autonomía personal en forma de préstamo, como sillas de ruedas eléctricas o andadores. Se suprime la incompatibilidad de prestaciones que introdujo el Gobierno del PP en 2012, con un mandato a las autonomías a adaptar sus normativas antes de 2030.

La reforma también contempla mejoras en servicios existentes, como la ampliación de la ayuda a domicilio para que pueda prestarse en el entorno próximo de los usuarios, no solo dentro de las viviendas, permitiendo acompañamientos al médico. Asimismo, personas cercanas que no sean familiares podrán percibir una prestación económica por cuidados. Se elimina burocracia mediante una pasarela que permite acceder directamente a un 33% de discapacidad si se tiene un grado I de dependencia (el más leve) y un 65% para los grados II y III (los más graves).

El contexto de infrafinanciación histórica fue central en el debate parlamentario. Bustinduy recordó los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, que superaron los 5.000 millones de euros. Los grupos nacionalistas recalcaron que las autonomías, competentes en la gestión de la dependencia, han cargado durante años con el grueso de la financiación de la ley.

Una de las medidas clave de la reforma es que la Administración General del Estado deberá aportar el 50% de la financiación de la ley, y las autonomías el otro 50%. Esta demanda, repetida especialmente en los últimos años por las comunidades gobernadas por el PP, estaba recogida en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar y ahora será blindada en la ley.

El Gobierno ya financiará el 50% de los costos en 2027, frente al 27% de 2024, gracias a los más de 900 millones de euros aprobados en el Consejo de Ministros y al real decreto ley que eleva las cuantías del nivel mínimo de financiación. En los casos más graves, estas cuantías se suben un 128%. La inversión total en 2027 superará los 7.200 millones de euros, casi el doble de lo destinado en 2025. Nunca se había inyectado tanto dinero en tan poco tiempo.

El Ministerio de Derechos Sociales calcula que con esta inversión las listas de espera podrán reducirse a la mitad de aquí a final de 2027, con una caída de más de 70.000 personas, e incluso hay territorios en que podrían eliminarse directamente. Simultáneamente, se incrementará la atención en 417.000 usuarios.

El sector ha mostrado consenso sobre ambas medidas. La Plataforma del Tercer Sector y las patronales de la dependencia las han defendido. Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, afirmó que "no hay nada en el proyecto de ley que no sea un avance, que no mejore el punto donde se arrancaba", aunque reconoció que "podría incorporar más contenidos". José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, lo definió como "el mayor avance en protección social desde hace 20 años".

La negociación parlamentaria fue compleja. Junts presentó una enmienda a la totalidad pero finalmente apoyó ambas medidas. Durante la tramitación se incorporaron más de 70 enmiendas, incluyendo mejoras como reducir a la mitad el tiempo de resolución de expedientes: tres meses tras la solicitud, frente a los seis actuales, aunque la media en España es de 314 días. Se rechazaron otras propuestas, como aumentar las prestaciones para cuidadoras familiares, que reclamaba Podemos.

El Partido Popular se abstuvo en la votación de la reforma de las leyes. Carmen Fúnez, diputada del PP, explicó que su grupo votaría a favor del decreto ley porque "cualquier recurso que entre al sistema es positivo", pero criticó que "no viene a sustituir la memoria económica" solicitada desde la presentación de la ley. Enrique Belda (PP) aseguró que continuarían trabajando en el Senado. Inés Plaza, diputada del PSOE, criticó que el PP no participara en la negociación de la reforma, recordándoles que habían reclamado que el Gobierno financiara el 50% del coste.

Juan José Aizcorbe, diputado de Vox, cuestionó "¿cómo se va a pagar todo esto?" y justificó el voto en contra de su grupo porque "generan falsas expectativas".

La reforma ahora irá al Senado para después volver al Congreso para su aprobación definitiva. Bustinduy subrayó que "este no es un punto de llegada, es un punto de partida" y que "ni un decreto como este ni una reforma va a ser un chasquido de dedos que mágicamente resuelva las limitaciones de un sistema que tiene 20 años de historia" y que ha vivido la mitad de este tiempo "en condiciones de infrafinanciación".

El contexto demográfico hace urgente esta transformación. España cuenta actualmente con 1,7 millones de personas atendidas por el sistema de dependencia, una cifra que se multiplicará en el futuro debido al envejecimiento de la población. Bustinduy concluyó que "votar sí es dar una vida mejor a millones de personas en nuestro país" y que "potencialmente a todos y todas, porque todos nos vamos a encontrar en situación de requerir cuidados".