El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la senda de estabilidad que fija los objetivos máximos de déficit y deuda que las administraciones públicas deben respetar durante los próximos tres años, según informó El País. Esta senda constituye un marco clave para la planificación y gestión pública, además de ser un paso previo necesario para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno se ha comprometido a presentar para 2027, un año lleno de citas electorales.

Los objetivos propuestos establecen un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas, distribuido de la siguiente forma: un desfase del 1,5% para la Administración central, del 0,2% para la Seguridad Social, un 0,1% para las comunidades autónomas y equilibrio presupuestario o déficit cero para las corporaciones locales, según detalló el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno afronta esta presentación con el respaldo político comprometido. El rechazo del Partido Popular y Vox ya está asumido, mientras que Junts, la formación independentista que fue clave para la investidura de Pedro Sánchez, se ha distanciado de forma evidente del Ejecutivo en los últimos meses. La formación de Carles Puigdemont argumenta que el Gobierno no está respetando los compromisos asumidos, incluyendo asuntos como la inclusión del catalán como lengua oficial de la Unión Europea o la cesión a la Generalitat de la competencia en materia migratoria.

Sin embargo, el Gobierno confía en que dos desarrollos inminentes puedan flexibilizar la postura de Junts. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sentencia este jueves 16 de julio sobre si la ley de amnistía, diseñada para dar carpetazo a todas las causas judicales vinculadas al procés, es compatible con la normativa europea. Una decisión favorable, que es lo que se prevé según fuentes del Ministerio, aceleraría el regreso a España de Puigdemont y otros líderes del procés y podría flexibilizar la postura de su partido sobre cuestiones clave como la senda fiscal.

Además, el Gobierno está avanzando en una propuesta de reforma de la financiación autonómica, otro asunto sensible para Junts. Este mismo martes se celebrará la primera reunión técnica al respecto, después de que el Ministerio de Hacienda enviara la semana pasada a los Gobiernos regionales un borrador de propuesta que todos los territorios, salvo Cataluña, rechazan en bloque.

Consciente de que la votación de este martes encajará un nuevo rechazo, el Ejecutivo plantea una segunda votación para el próximo 23 de julio, en la cual las metas serían las mismas. De fracasar también esta segunda votación, se abriría un escenario inédito que la normativa no contempla explícitamente, pero para el cual Hacienda se guarda varios ases en la manga.

El Gobierno ya se encontró con los objetivos fiscales bloqueados en el Congreso tanto en 2024 como en 2025 y buscó soluciones imaginativas para salir de la parálisis. La senda "contemplada en la Constitución" fue el encaje legal que esgrimió el pasado ejercicio, aunque finalmente renunció a tramitar los Presupuestos. De aplicar el Gobierno este estratagema nuevamente, las comunidades perderían esa décima de déficit que ahora les ha prometido, puesto que la Ley Fundamental consagra el equilibrio estructural para las autonomías.

Hace dos años, en 2024, el departamento entonces dirigido por María Jesús Montero había explorado otra vía: un informe de la Abogacía del Estado, según el cual, en caso de doble rechazo parlamentario, entrarían en vigor los últimos objetivos enviados y aprobados por Bruselas, que igualmente preveían equilibrio presupuestario para las autonomías.

El Gobierno lleva tres años con las cuentas prorrogadas ante la incapacidad de armar una mayoría parlamentaria suficiente y afronta la recta final de su legislatura debilitado por los casos de corrupción en el seno del PSOE. Junts ya votó en contra de la senda fiscal tanto el año pasado como el anterior.

Respecto a la reforma de la financiación autonómica, la principal crítica es que tiene el pecado original de haber sido negociada con una sola comunidad, Cataluña, en concreto con ERC, para ser después amoldada al conjunto del territorio. "No puede calificarse como negociación un proceso en el que el modelo ya está cerrado de antemano", lamentó este lunes Alfonso Ruiz Molina, responsable de Hacienda en Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE.

Asturias, también socialista, confirma que mantiene igualmente su rechazo a la reforma, puesto que no ha habido cambios desde su presentación el pasado enero hasta ahora. A estas autonomías se suma todo el bloque del Partido Popular, la mayoría con 11 regiones, como Galicia, que este fin de semana reiteró su negativa al borrador de reforma y aseguró que acudirá a la reunión de este martes para pedir las oportunas aclaraciones y mostrar el firme rechazo a la propuesta.

El encuentro político importante está fijado para el 29 de julio entre los consejeros de Hacienda autonómicos y el ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De la cita de este martes no se esperan muchos avances, puesto que tiene un carácter eminentemente técnico, pero servirá para aplanar el terreno de cara a ese encuentro posterior.