El Gobierno traspasa cinco competencias al País Vasco para reforzar su mayoría parlamentaria

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado un acuerdo crucial con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para transferir cinco competencias estratégicas, en un movimiento destinado a reforzar su mayoría parlamentaria y mantener la estabilidad política en un momento de alta fragilidad institucional.

Según el acuerdo, el Gobierno vasco gestionará desde el 1 de enero de 2027 las prestaciones por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, el seguro escolar y, a partir del 1 de octubre de 2026, las labores de Salvamento Marítimo. La transferencia incluye el traspaso de 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y 534 trabajadores, aunque el Estado mantendrá la capacidad normativa.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, explicó que el acuerdo respeta el Estatuto y la Constitución, tras una negociación que se prolongó durante meses y estuvo marcada por tensiones entre los diferentes ministerios. La transferencia más significativa es la gestión de prestaciones de desempleo, que supondrá aproximadamente 822 millones de euros anuales.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, destacó que el acuerdo permitirá una 'ventanilla única' para los ciudadanos en trámites laborales y sociales. Sin embargo, el presidente vasco, Imanol Pradales, advirtió que estas transferencias son solo un primer paso y que aún quedan competencias pendientes del Estatuto de Gernika por negociar, como la gestión de aeropuertos.

El contexto político es delicado. Tras la salida de Podemos y Junts de la mayoría parlamentaria, el Gobierno necesita mantener el apoyo de socios como el PNV. Pradales incluso anticipó que el partido seguirá negociando 'mientras haya partida' y adaptándose a posibles convocatorias electorales anticipadas.

Expertos en Seguridad Social señalan que, aunque oficialmente se mantiene la 'caja única', la transferencia de la gestión de prestaciones podría interpretarse como un primer paso hacia una mayor descentralización del sistema.

El acuerdo se produce en un momento de alta complejidad política, con el Gobierno buscando consolidar apoyos y evitar nuevas crisis parlamentarias, especialmente de cara a votaciones cruciales como la prórroga de ayudas sociales y la revalorización de pensiones.