El Salvador inicia juicio masivo contra 486 líderes de la Mara Salvatrucha acusados de ordenar 29.000 homicidios

El Gobierno salvadoreño puso en marcha un proceso judicial sin precedentes contra la cúpula de la pandilla Mara Salvatrucha-13, acusando a 486 presuntos líderes de dirigir desde prisión una operación criminal que habría causado 29.000 muertes en una década. La acusación señala que la cúpula de la pandilla operó desde el penal de Zacatecoluca, en el centro del país, desde donde ordenaba cometer homicidios a gran escala a los principales líderes en la calle, quienes a su vez transmitían las órdenes hasta los sicarios encargados de ejecutarlas, según las autoridades.

El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, aseguró en una conferencia de prensa que la investigación se sustenta, en parte, en la confesión de 13 testigos que han señalado detalles sobre la llamada operación Válvulas Abiertas, que permitía ordenar desde la prisión los homicidios. Los testimonios son el sustento probatorio para poder atribuirles todos los homicidios, todos los delitos cometidos por la estructura a la Ranfla, justificó Muñoz.

El proceso se encuentra bajo reserva total, pero El País accedió a la acusación a través de una filtración. El documento identifica en diferentes momentos a los líderes que daban las órdenes desde Zacatecoluca y, en algunos casos, a las víctimas, pero no logra precisar a los autores materiales de los crímenes. Según las autoridades, las órdenes salían de la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocida popularmente como Zacatrás, pasaban a los principales líderes en libertad y bajaban en cadena por la estructura hasta llegar a los sicarios.

La Fiscalía ha explicado en redes sociales que la audiencia masiva contra los líderes permitirá resolver de una sola vez 49.000 delitos entre homicidios, feminicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas. Entre los acusados se encuentran 22 ranfleros que conforman el círculo principal de poder, incluidos Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias Diablito de Hollywood, identificado como el máximo líder de la estructura a nivel nacional, y Saúl Antonio Turcios Ángel, alias Trece de Teclas, el segundo al mando.

También figura en la acusación Elmer Canales Rivera, alias Crook, quien fue liberado por el Gobierno de Bukele tras ser señalado como uno de los hombres clave en las negociaciones de las pandillas con el Ejecutivo, según investigaciones periodísticas. Canales Rivera fue capturado posteriormente en México y trasladado a Estados Unidos, donde era solicitado en extradición desde 2020.

El Gobierno ha documentado matanzas como la ocurrida entre julio y septiembre de 2017, cuando, según las autoridades, la MS-13 ordenó abrir válvulas y matar a agentes del Estado, lo que resultó en 16 policías y seis militares asesinados. En total, la Fiscalía acusa a la Ranfla Nacional de asesinar a más de 80 policías y soldados entre 2012 y 2022 y a más de 800 trabajadores del Gobierno en ese mismo periodo.

La investigación señala que para 2017 había 12 líderes en libertad que recibían órdenes desde la cúpula de la pandilla en prisión. La Mara Salvatrucha había estructurado el país en cuatro zonas operativas. En la zona central, el responsable era José Antonio Colocho Martínez, alias Dasty de Hollywood, quien coordinó una escalada de violencia con tres objetivos definidos: asesinar a policías, atacar a integrantes del Barrio 18 y eliminar a cualquier persona que la pandilla considerara un obstáculo, según la acusación.

El último golpe de la operación Válvulas Abiertas, según la Fiscalía, ocurrió entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, cuando la MS-13 ordenó el asesinato de 86 personas en todo el país. En este episodio, sin embargo, la investigación no precisa si la orden salió de las cárceles que el Gobierno de Bukele ya pregonaba tener bajo control. Se tuvo conocimiento a través de informe suscrito por el Fiscal General de la República que este ataque sistemático fue generado por parte de la organización terrorista denominada Mara Salvatrucha, quienes por medio de sus cabecillas emitieron directrices hacia las bases para cometer homicidios a nivel nacional, bajo la difusión del término denominado como válvulas abiertas, afirma la investigación.

Bukele ha justificado el juicio masivo calificándolo de histórico y ha asegurado que lo que busca es condenar a los líderes bajo el principio de cadena de mando. Nosotros no inventamos ese principio. Se llama responsabilidad de mando, y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg, escribió en su cuenta de X, comparándolo con los juicios contra los nazis ocurridos tras la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

La Fiscalía acusa a los 486 procesados de ocupar cargos de liderazgo dentro de la pandilla, incluidos palabreros, corredores de programa y ranfleros. Estas categorías corresponden, en ese orden, a los tres niveles más altos de mando dentro de la estructura.

Cuando Bukele llegó al poder en 2019, el 97% de los homicidios se mantenía impune y apenas tres de cada cien llegaban a juicio, según datos oficiales. Los críticos del Gobierno afirman que con los juicios masivos se pretenden lograr condenas masivas como un atajo para terminar con la impunidad. El Estado salvadoreño tiene una gran deuda de impunidad con los delitos cometidos por las pandillas. Juicios masivos que no individualizan la acusación ni la evidencia pueden ser solamente un atajo para crear la percepción de una justicia efectiva, afirma Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, una organización no gubernamental de derechos humanos en la mira de Bukele.

Otros organismos alertan de que, durante el régimen de excepción, podrían haberse detenido a miles de personas sin vínculos con pandillas. El País reveló que al menos 33.000 de los capturados no estaban perfilados como pandilleros antes de la medida. Las organizaciones no gubernamentales advierten que los juicios masivos podrían terminar condenando a quienes no cometieron delitos junto con los responsables.

Los juicios masivos en El Salvador forman parte de un paquete de reformas a la Constitución y a leyes secundarias aprobadas durante el régimen de excepción impuesto por Bukele, que ha endurecido el marco penal, aprobado que se realicen con jueces sin rostro y ablandado controles para facilitar condenas. Según la normativa, estos juicios se pueden extender durante dos años o más, lo que implica que personas detenidas desde marzo de 2022 podrían pasar seis años o más en prisión antes de ser juzgadas.

El Gobierno ha montado una campaña publicitaria en redes sociales por el juicio en la que se ve a cientos de hombres tatuados del rostro, encadenados de pies y manos, escuchando una audiencia transmitida por teleconferencia. El propio Bukele ha admitido a través de su cuenta de X que muchos de ellos ya llevaban años en prisión y condenados.

El proceso judicial plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la lucha contra la criminalidad organizada y las garantías del debido proceso. Mientras el Gobierno salvadoreño presenta el juicio como una herramienta para acabar con décadas de impunidad, organizaciones de derechos humanos cuestionan si un proceso de esta magnitud puede garantizar la individualización de responsabilidades penales y evitar condenas injustas. El desenlace de este juicio masivo podría sentar precedentes para el sistema judicial salvadoreño y la estrategia de seguridad del Gobierno de Bukele en los próximos años.