El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó el anuncio el jueves 23 de julio a través de redes sociales, afirmando que "es un honor anunciar la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la OIT. Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", según informó El País. Sánchez añadió que Díaz "ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España".

La propia Díaz confirmó el anuncio en sus redes sociales en Bluesky, expresando que "es un orgullo y una responsabilidad enorme poder representar con esta candidatura a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional".

**Estructura y proceso de votación**

La OIT, fundada en 1919, es el único órgano de Naciones Unidas en el que, además de los gobiernos, participan representantes de los trabajadores y de los empresarios. El Consejo de Administración está compuesto por 56 miembros: 28 elegidos por gobiernos, 14 representantes sindicales y 14 empresariales. Para ganar la elección como directora general, Díaz necesita 29 de los 56 votos, según las reglas de nombramiento del organismo.

Los 28 gobiernos con voto en la OIT son Alemania, Bangladés, Barbados, Brasil, Brunéi, Canadá, China, España, Estados Unidos, Rusia, Francia, Gabón, India, Italia, Japón, Libia, Lituania, Malawi, Níger, Omán, Perú, Polonia, Corea del Sur, República Dominicana, Reino Unido, Sudán y Uruguay. Diez de estos países —Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Rusia, Francia, India, Italia, Japón y Reino Unido— tienen presencia permanente por ser considerados los más industrializados.

La votación está prevista para el 16 de noviembre de 2026, aunque el ganador o ganadora no tomaría posesión del cargo hasta noviembre de 2027. Si Díaz resulta elegida, permanecería como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo hasta entonces, según fuentes conocedoras de sus intenciones.

No se prevé que haya más candidatos además de Houngbo y Díaz, aunque aún existe la posibilidad de que otros aspirantes se presenten hasta el 14 de agosto, cuando se cierra el plazo de candidaturas.

**Análisis de posibilidades electorales**

Fuentes consultadas por El País consideran que la elección de Díaz es "complicada" pero no imposible. El análisis de estas fuentes sugiere que la parte empresarial (14 de 56 votos) probablemente no la respaldará, dadas sus posiciones intervencionistas en el mercado laboral. Sin embargo, la parte sindical (14 votos) podría concitar un amplio apoyo para su candidatura, aunque no todos los representantes de los trabajadores la respaldarán, con algunos posicionándose con Houngbo.

Las fuentes consultadas creen que la decisión dependerá fundamentalmente de los 28 gobiernos. Según ese análisis, pese a que la derecha tiene la primacía política en los gobiernos participantes, Díaz puede arrastrar apoyo europeo, brasileño o chino, entre otros países.

**Contexto de crisis en la OIT**

La candidatura de Díaz surge en un contexto de grave crisis financiera en la OIT. Según especificó recientemente la organización a El País, la deuda de Estados Unidos asciende a 257 millones de francos suizos (280 millones de euros), equivalente al 70% de todo lo que adeudan distintos países a la organización. Esta cifra es particularmente significativa considerando que a Estados Unidos le corresponde pagar el 22% del presupuesto de la OIT.

Aunque Estados Unidos no ha abandonado la organización como sí hizo con la Organización Mundial de la Salud, la está dejando "financieramente en los huesos", según la descripción de El País. También son relevantes las deudas de China (38 millones de francos suizos), Venezuela (23,3 millones), Italia (10,7 millones), Argentina (7,2 millones) y México (4,3 millones). Los sindicalistas españoles vienen anticipando recortes de personal y otras medidas de impacto en la organización si no se corrige la situación financiera.

**Críticas a la dirección actual**

Los sindicatos españoles vienen criticando la "deriva trumpista" del organismo bajo la dirección de Houngbo. Díaz profundizó en este mensaje en su intervención en la sede de la OIT en Ginebra el 9 de junio, afirmando: "La OIT está en crisis y es relevante porque lo que está en juego es su mandato. Si el trabajo no es una mercancía, tampoco puede serlo la organización que representa el trabajo".

En 2025, Houngbo estuvo a punto de nombrar al estadounidense Nels Nordquist, asesor económico de Trump, en un puesto de nueva creación que depositaría la dirección política de la organización. El movimiento no se consumó por los recelos que despertó en buena parte de la organización. En abril de 2026 se anunció la elección de otro candidato estadounidense, Sheng Li, pero el nombramiento tampoco llegó a fructificar por el impago estadounidense.

Jesús Gallego, secretario de Política Internacional de UGT, opinó recientemente que "cada vez es más difícil incluir conceptos relacionados con el colectivo LGTBI+, o pelear por derechos tan básicos como el de huelga". Cristina Faciaben, secretaria confederal de Internacional y Cooperación de CC OO, agregó: "[Houngbo] ha sucumbido a presiones de su región en cuestiones de género, entre otros temas, y se ha dejado someter al chantaje económico y político de Estados Unidos".

Faciaben también señaló que la OIT "es el referente mundial para señalar unas normas laborales mínimas, para sostener la justicia social, y la están destrozando", añadiendo que "a muchos gobiernos les resulta incómodo, no solo al de Estados Unidos. No les gusta que haya un espacio en el que trabajadores y empresas puedan expresar sus posiciones".

La dirección de la OIT reconoce que "la OIT, al igual que el conjunto del sistema de las Naciones Unidas, se enfrenta a una difícil situación financiera y de liquidez debido al retraso en el pago de las contribuciones obligatorias por parte de los Estados miembros", pero no aporta su punto de vista sobre la presunta influencia de la Administración de Trump.

**Importancia de la OIT**

La OIT tiene una relevancia particular en el entramado multilateral por la trascendencia de los convenios, normas de carácter internacional que son exigibles ante los tribunales si los países los ratifican. España es el país que más convenios de este tipo ha integrado en el mundo: 141, según informó La Moncloa.

Por ejemplo, el Tribunal Supremo español confirmó recientemente que las empresas no pueden despedir disciplinariamente a los trabajadores sin abrir un trámite de audiencia previa, un precepto que no parte de normativa nacional, sino del artículo 7 del convenio 158 de la OIT, ratificado por España.

Otro convenio de la OIT ha sido relevante en los últimos años en España en relación con la indemnización por despido improcedente. Varios juzgados invocaron la ratificación del convenio 158 al ordenar el pago de indemnizaciones adicionales a las tasadas en días, tomando en cuenta las circunstancias del empleado cesado. En su artículo 10, ese convenio plantea la posibilidad de "ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada", que no tiene por qué coincidir con los 33 días por año trabajado que por norma general pagan las empresas en España. A finales de 2024, el Supremo cerró la puerta a este tipo de compensaciones, disputa que los sindicatos han elevado al Tribunal Constitucional.

Entre los países que no ratifican convenios, otra lógica importante es que la OIT estandariza condiciones laborales mínimas, marcando un consenso internacional acordado por países, sindicatos y empresarios sobre lo que es el trabajo digno. Las centrales de los países más atrasados pueden usar esos mínimos como argumento para reclamar mejoras en sus territorios.

**Trayectoria de Díaz en el Ministerio de Trabajo**

Díaz anunció el 25 de febrero que no volvería a repetir como candidata de la izquierda en las elecciones generales. En una entrevista posterior en El País, a la pregunta sobre si dejaría la política, contestó: "La política con mayúsculas, la buena, se hace desde todos los sitios. Es la toma de decisiones en cualquier espacio. La democracia es un proceso. Y yo soy una militante de la democracia".

Tras más de seis años al frente del Ministerio de Trabajo, Díaz ha logrado importantes reformas laborales. El pacto más importante fue el de la reforma laboral, que ha hundido la temporalidad de los contratos del 26% al 15% en los últimos años. También se conciliaron la ley rider, los ERTE y la norma para regular el teletrabajo. El paro se ha reducido de 13,8% a finales de 2019 al 10,8% actualmente, y la ocupación ha alcanzado un récord de más de 22 millones de trabajadores.

Ha incrementado con fuerza el salario mínimo interprofesional, que ha crecido de 900 euros brutos al mes en 14 pagas en 2020 a 1.221 euros en 2026. Sin embargo, no logró el respaldo de los diputados para reducir la jornada laboral a 37 horas y media, la gran promesa de la presente legislatura, descarrilada por el rechazo de PP, Vox y Junts.

Desde 2022, la dinámica más habitual ha sido que los pactos se limiten a los sindicatos y que los rechacen los empresarios, lo que se ha reflejado en un menor apoyo parlamentario a las políticas defendidas por Díaz. Tiene otros proyectos legislativos en marcha con escasas opciones de éxito, dada la mayoría de la derecha en el Congreso: el Estatuto del Becario, el refuerzo de la prevención de riesgos laborales y la ampliación de los permisos por fallecimiento a 10 días.

Negocia con los agentes sociales otras medidas con poca esperanza de prosperar, como la reforma de la indemnización por despido improcedente, la trasposición de la directiva europea de transparencia salarial y el proyecto para dar entrada a los sindicatos en la dirección de las empresas.

En las últimas semanas, las centrales vienen expresando su enfado porque una de las políticas que les prometió el Gobierno, el refuerzo del registro horario, aún sigue pendiente de desarrollo. Las centrales han advertido que si el Consejo de Ministros no lo aprueba antes del parón de agosto no volverán a pactar con el Ejecutivo. Díaz se declara "optimista" ante la perspectiva de que se apruebe en la última reunión prevacacional del Gabinete, prevista para el martes siguiente al anuncio.

**Respaldo sindical y empresarial**

Los líderes de los principales sindicatos españoles no habían pedido a Díaz que se presentase, pero fuentes de ambas centrales transmitieron que veían a Díaz como una "muy buena opción" para el cargo.

En un comunicado, UGT señaló que la candidatura de Díaz "representa una garantía de liderazgo, compromiso y capacidad de consenso; de ser elegida, el sindicato está convencido que contribuiría a fortalecer el papel de la OIT como institución de referencia en la promoción del trabajo decente". CC OO expresó respaldo a la candidatura de la vicepresidenta segunda "para ser la futura directora general de la OIT", haciendo un llamamiento "para que gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos apoyen un proyecto basado en el trabajo decente, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la transición justa, la libertad sindical y un multilateralismo que defienda la democracia y la justicia social".

La CEOE, principal voz empresarial española, indicó que está a la espera de que se formalice la candidatura y que la valorará como entidad miembro de la Organización Internacional de Empleadores cuando corresponda. Sin embargo, la patronal dijo recientemente a El País que "el debate sobre la OIT no debería instrumentalizarse en clave política ni nacional", advirtiendo que "existe un riesgo cuando estos debates se utilizan para reformular agendas o liderazgos políticos". La asociación dirigida por Antonio Garamendi ve con preocupación que "se esté llevando el debate a un terreno excesivamente ideológico, presentándolo como una confrontación entre modelos (enfoques más desregulados y otros más intervencionistas)".

**Críticas políticas**

La noticia ha despertado críticas desde el Partido Popular. El partido afirmó en X: "Ya sabemos la contraprestación por callar todo", en referencia a los casos de corrupción en torno al PSOE. También fue criticada por su antiguo compañero de Ejecutivo, el exvicepresidente Pablo Iglesias, quien en Radio Nacional expresó: "El Gobierno premia a quien entiende que tiene que premiar [...] Quizá vaya a ser la afiliada a CC OO mejor pagada de la historia". Según la información recogida por la OIT, el salario bruto anual del director general es de 239.200 dólares (210.207 euros, 152.345 euros netos) en 2026.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, dijo en el Congreso: "A nosotras nadie nos premió con un puestazo".

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, expresó su respaldo a la candidatura: "Nadie más idóneo para liderar la OIT que la mejor ministra de Trabajo que ha tenido este país en su historia".

**Antecedentes de candidaturas españolas**

La candidatura de Díaz será la segunda en marcha de un miembro del Gobierno para dirigir un organismo de la ONU, después de que en marzo trascendiese la del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, como próximo director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).