La ministra de Sanidad, Mónica García, presentó este miércoles los datos oficiales que confirman que España experimentó el mayo más mortífero por calor desde que comenzaron los registros hace once años. Los 101 fallecimientos registrados durante el mes pasado superan ampliamente cualquier cifra anterior para ese período del año, según informó el Ministerio de Sanidad.

La cifra representa 3.6 veces el promedio de muertes por calor registradas en mayo durante la última década, según las autoridades sanitarias españolas. Este incremento dramático refleja una tendencia preocupante: las olas de calor están llegando más temprano en el año y con mayor intensidad, impactando a la población antes del inicio oficial del verano.

"El problema ya no es únicamente que haga más calor. El problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe", advirtió García durante la presentación del documento oficial.

La ministra subrayó que "los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado", precisamente porque la población no ha tenido tiempo de adaptarse fisiológicamente a las temperaturas elevadas. Este fenómeno explica por qué mayo, tradicionalmente un mes de temperaturas moderadas, ha resultado tan letal en 2026.

Para responder a esta emergencia sanitaria, el Ministerio de Sanidad activó el Plan Calor el 13 de mayo, con el objetivo explícito de "proteger vidas", según García. Este protocolo de actuación se desplegó antes de lo habitual en el calendario, anticipándose a la llegada temprana de las altas temperaturas.

El sistema de monitoreo de mortalidad del Ministerio de Sanidad estima que más de 27,000 personas han fallecido por causas asociadas al calor extremo en España entre 2015 y 2025, según datos oficiales. Esta cifra acumulada durante una década subraya la magnitud del problema de salud pública que representa el calor extremo en el país.

Los años más afectados por mortalidad relacionada con el calor fueron 2022, con 4,789 muertes, y 2025, con 3,832 fallecimientos, según el Ministerio de Sanidad. Estos dos años destacan como los más letales en la serie histórica disponible, evidenciando un patrón de agravamiento del fenómeno.

Las autoridades sanitarias advirtieron que el riesgo de mortalidad aumenta considerablemente cuando las temperaturas superan los niveles considerados seguros para la salud. Este umbral varía según las regiones de España, pero el patrón general muestra que los primeros episodios de calor del año son particularmente peligrosos debido a la falta de aclimatación de la población.

El récord de mayo de 2026 plantea interrogantes sobre lo que podría ocurrir durante los meses de verano, tradicionalmente los más calurosos del año. Si las temperaturas extremas han causado 101 muertes en mayo, cuando los organismos aún no están aclimatados, las autoridades sanitarias enfrentan el desafío de prevenir una mortalidad aún mayor durante junio, julio y agosto.

Los datos oficiales, que comenzaron a recopilarse sistemáticamente en 2015, permiten por primera vez en la historia de España cuantificar con precisión el impacto letal del calor extremo. Este sistema de monitoreo ha revelado que el calor mata en España con una regularidad y magnitud que anteriormente no se documentaba de manera sistemática.

El fenómeno del calor extremo temprano representa un desafío adicional para los sistemas de salud pública, que tradicionalmente concentran sus esfuerzos de prevención en los meses de verano. La llegada anticipada de temperaturas letales obliga a replantear los calendarios de activación de protocolos de emergencia y las campañas de concienciación pública sobre los riesgos del calor.

Las 101 muertes de mayo de 2026 confirman que el calor extremo no es un problema exclusivo del verano, sino una amenaza que se extiende cada vez más en el calendario anual. Esta realidad obliga a las autoridades sanitarias españolas a mantener activos los sistemas de vigilancia y respuesta durante períodos más prolongados del año, con los costes económicos y organizativos que ello implica.