La Administración de Donald Trump ha lanzado una nueva política migratoria que obliga a los extranjeros que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos a salir del país y tramitarla desde sus naciones de origen, según anunció el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) el 22 de mayo de 2026.

"Volvemos a la intención original de la ley de asegurar que los extranjeros naveguen correctamente por el sistema de inmigración de nuestra nación. A partir de ahora, un extranjero que esté temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la tarjeta de residente permanente, debe regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias extraordinarias", declaró Zach Kahler, portavoz del USCIS, según reportó El País.

La medida representa un cambio drástico en un proceso que ha funcionado durante más de siete décadas. En el año fiscal 2024, que abarcó de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024, se concedieron más de 1,3 millones de residencias permanentes, de las cuales aproximadamente 780.000 fueron a través del ajuste de estatus desde dentro de Estados Unidos, según datos citados por El País. La otra opción para conseguir la residencia permanente es hacerlo a través de un consulado, que es lo que ahora promueve el Gobierno.

Jeff Joseph, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, describió el impacto como sin precedentes. "Fue una sorpresa para todos nosotros. El impacto que ha tenido ha sido titánico en comparación con cualquier otra cosa que hayamos visto por parte de esta Administración. Sin duda, la respuesta que he presenciado —tanto por parte de los clientes como de nuestros propios miembros— es algo sin precedentes en mis 30 años de experiencia", declaró esta semana, según El País. La organización improvisó un encuentro virtual el jueves pasado para atender las numerosas peticiones de medios, abogados y afectados, confundidos ante la vaga información que ofreció el USCIS.

Los profesionales admitieron que no hay claridad sobre quién estará obligado a salir del país para solicitar la residencia permanente, pero la mayoría de los expertos coincide en que los más afectados serán las personas que obtienen la residencia por medio de un familiar: quienes están casadas con un ciudadano estadounidense, tienen padres que lo son o tienen un hijo adulto de esa nacionalidad, según El País. Ellos son también la mayoría de los solicitantes del ajuste de estatus.

Beneficiarios de programas humanitarios, como el Estatus de Protección Temporal o DACA (Acción Diferida para los que llegaron en infancia), que ya han padecido el acoso del Gobierno estadounidense, también se cuentan entre los que estarán impactados por la nueva política, según El País. Además, se incluirían personas que cuentan con peticiones de empleo aprobadas, los ganadores de la visa de diversidad y los inmigrantes especiales, como los trabajadores religiosos. Fuera quedan quienes obtuvieron la residencia como asilados y refugiados, aunque Trump ya ha cancelado estos programas casi en su totalidad.

El memorando establece que las solicitudes de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos deben considerarse un "remedio discrecional extraordinario" y un "acto de gracia administrativa", según El País. La orientación sugiere que estas solicitudes pueden ser denegadas si el solicitante no logra demostrar, por otros medios, que merece un ejercicio favorable de la discrecionalidad.

Un día antes de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el USCIS, anunciara el cambio, los oficiales de inmigración ya sorprendieron a quienes acudían a sus entrevistas con preguntas que antes solo se destinaban a quienes habían tenido algún altercado anterior con las autoridades, como haber sido deportado, según El País. Cuatro son las cuestiones con las que intimidaban a los solicitantes: ¿Por qué solicitó el ajuste de estatus en lugar del procesamiento consular? ¿Existe algún factor que le impida realizar el procesamiento consular? ¿Aún conserva vínculos familiares en su país de origen? ¿Y por qué decidió no regresar a su país una vez que venció su periodo de estancia autorizado?

"Subyace la presunción de que se están haciendo las cosas de manera incorrecta si se permanece en el país más allá del tiempo permitido y, posteriormente, se solicita el ajuste de estatus", sostiene Joseph, según El País. "Se ha tomado un estándar que habitualmente se reserva para los criminales más violentos y se ha trasladado como requisito de elegibilidad para el ajuste de estatus, de modo que ahora es necesario demostrar la existencia de circunstancias extraordinarias tan solo para poder acceder al proceso de solicitud de la tarjeta de residencia", agregó. Quienes ya han pasado las entrevistas apuntan que ni los oficiales del USCIS saben cómo seguir las instrucciones.

La Administración defiende que el ajuste de estatus se estableció como medida excepcional, pero los expertos y la tradición de más de siete décadas lo rebaten. En 1952, el Congreso de Estados Unidos aprobó el ajuste de estatus para evitar la carga, la demora y el riesgo de salir del país para tramitar la tarjeta de residencia por vía consular, según El País. Desde entonces, el Congreso ha ampliado reiteradamente, mediante ley estatutaria, el grupo de personas elegibles para el ajuste de estatus.

Si alguien que entró con una visa de turista o de estudiante, por ejemplo, se enamoró y se casó con un ciudadano estadounidense, podía permanecer en el país mientras solicitaba la residencia permanente, según El País. La obligación de salir del país para hacerlo, como apunta el memorando, propiciaría la separación familiar por años o indefinida, en algunos casos. La Administración ha prohibido la entrada o la tramitación de visas de los ciudadanos de más de 90 países, por lo que para ellos el reingreso no es viable.

"Si a esas personas provenientes de esos países —como Cuba, Venezuela, Afganistán e Irán— se les dice que deben acudir al consulado de su país de origen para obtener una visa, no pueden hacerlo, no existe forma de llevar a cabo el procesamiento consular. Por lo tanto, su única oportunidad sería obtener la tarjeta de residencia estando dentro de Estados Unidos y ahora, al parecer, esa puerta también se está cerrando", explicó Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Estados Unidos en el Migration Policy Institute, según El País.

Wendy Rodríguez, abogada de inmigración de Texas, admitió que "hay más preguntas que respuestas", según El País. Rodríguez ha enviado un escrito a todos sus clientes explicándoles los nuevos riesgos si solicitan el ajuste de estatus. Les dice que si acuden a la entrevista en el USCIS, preparen documentación que muestre que son personas de bien: si participan en actividades cívicas, si van a la iglesia, si trabajan, lo indispensables que son en su familia.

Sus clientes le trasladan el miedo de tener que salir del país. "Son muchos miedos: está el miedo a no poder regresar; el miedo a que en el momento de salir se cometan violaciones migratorias que requieran un perdón que estando dentro de Estados Unidos no es necesario; el miedo del cambio de leyes, y la inseguridad en general de sus países. El factor número uno es el hecho de que no hay un tiempo fijo en el que va a concluir el proceso y eso significa que vas a estar lejos de tu familia varios años", apuntó por teléfono, según El País. Los trámites que se realizan a través de consulados son más lentos, pueden demorar más años y, además, no se pueden recurrir.

Rodríguez cree que el memorando no se va a aplicar. "La Administración está dando instrucciones que van en contra de la ley, de lo que ya el Congreso votó y acordó, por eso no creo que lo vamos a ver implementado. Si no se entregó ya una demanda, están por entregarla", confió, según El País. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración está recopilando casos de personas afectadas para recurrir el memorando. Afirman que tarda un tiempo juntar los casos y argumentos para ello, pero aseguran que ya se han puesto en marcha para llevar el caso a los tribunales.

Una de las grandes incógnitas es si el memorando afectará a las personas que ingresaron en Estados Unidos con una visa temporal de trabajo H-1B, para profesionales especializados, que forman parte de los 1,2 millones de migrantes con solicitudes de tarjeta de residencia pendientes, según El País. Desde el Instituto Cato afirman que este grupo también deberá autodeportarse para continuar los trámites.

Kevin Miner, socio del bufete de inmigración Fragomen, dijo que esperaba que las personas con visas basadas en empleo, como las H-1B, quedaran exentas, según Los Angeles Times. Estas visas, conocidas como de "doble intención", permiten que personas con visas de no inmigrante en Estados Unidos soliciten una residencia permanente. Esas visas de doble intención se mencionaron específicamente en el memorando como áreas de posible excepción. "Esos probablemente son casos que seguirán como de costumbre y no veremos un impacto significativo", afirmó Miner, quien agregó que el anuncio del viernes tomó a la gente por sorpresa.

En respuesta a las preguntas enviadas por El País, el DHS respondió por correo electrónico que "esta política no tendrá un impacto perceptible en los solicitantes altamente cualificados ni en los profesionales cualificados que han cumplido con la ley. Estos extranjeros benefician al interés nacional, aportan beneficios económicos a los Estados Unidos y seguirán mereciendo el ejercicio favorable de la discrecionalidad". El departamento confirmó el deseo de la Administración de expulsar del país a los migrantes con menos recursos: "El presidente continúa priorizando una inmigración que fortalece a Estados Unidos en los ámbitos cultural, social y financiero, al tiempo que previene la migración masiva proveniente del Tercer Mundo, la cual perjudica a nuestro país y a los estadounidenses".

Las nuevas normas están encaminadas a ampliar el número de personas que pueden deportarse, ya que, a pesar de las operaciones masivas de detención, aún no se cumple el objetivo del presidente de expulsar a un millón de personas por año, según El País. Las numerosas trabas que la Administración ha impuesto a los extranjeros plantean la conveniencia de querer continuar en el país.

"Algunas personas con un alto nivel educativo, que desempeñan trabajos profesionales y contribuyen activamente a la sociedad y a la economía de Estados Unidos, podrían llegar a pensar: 'Este es un obstáculo más que pone en riesgo mi capacidad para permanecer aquí legalmente'. Podrían cuestionarse si realmente vale la pena luchar por quedarse", opinó Gelatt, según El País. "Tal vez ese sea precisamente uno de los objetivos subyacentes: alterar la forma en que la gente sopesa los beneficios frente a los riesgos, hasta el punto de que lleguen a la conclusión de que les resultaría más sencillo desarrollar su carrera profesional en cualquier otro lugar que no sea Estados Unidos".

El abogado de inmigración Charles Kuck señaló que "esto es simplemente un intento de tratar de limitar y asustar a la gente para que se aleje del proceso de inmigración legal", y añadió que esperaba acciones legales contra el cambio, según Los Angeles Times. "Esto es una táctica de intimidación".

Flavia Santos Lloyd, abogada de inmigración, dijo que el teléfono no dejó de sonar con llamadas de clientes preocupados por cómo podría afectarles, según Los Angeles Times. Lloyd no estaba segura de qué decirles, pero sabía que la confusa nueva política ralentizaría las solicitudes. "Tiene un efecto paralizante porque tenemos algunos casos con los que íbamos a seguir adelante y ya veo que deberíamos esperar y ver qué ocurre", explicó Lloyd. La abogada ha enviado correos electrónicos a sus clientes corporativos y no corporativos para decirles que está monitoreando la situación y que se comunicará con ellos tan pronto como tenga más orientación y aplicaciones prácticas. "No quiero que todo el mundo entre en pánico. Mi consejo para ellos es esperar y ver", señaló Lloyd.

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración dijo que varias personas en entrevistas de residencia permanente bajo la nueva guía enfrentaron preguntas el martes que antes no se les habían hecho a los solicitantes, según Los Angeles Times. A una persona que solicitaba la residencia permanente basada en su matrimonio con un ciudadano estadounidense le preguntaron por qué solicitó ajustar su estatus en Estados Unidos en lugar de regresar a su país de origen y solicitarla en la embajada allí. Le preguntaron si había algún factor que le impidiera solicitarla en su país de origen y si todavía tenía familia allí. A otra persona le pidieron presentar un formulario para demostrar por qué se le debería permitir solicitarla desde Estados Unidos y le dijeron que las pruebas debían demostrar que no sería una carga financiera o una "carga pública" para Estados Unidos, y que podían incluir su declaración de impuestos de 2025, una carta de un empleador indicando su salario y estados de cuenta bancarios.

Shev Dalal-Dheini, directora sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que la guía podría estar dirigida a personas que se quedaron más tiempo del permitido por sus visas, como el padre de un ciudadano estadounidense que permaneció después de que venciera una visa, un empleado de una empresa que fue transferido a Estados Unidos o personas en el país con visas específicas para clérigos y otros trabajadores religiosos, según Los Angeles Times. "Parece que quizá a quienes están apuntando es potencialmente a aquellos cuyo periodo de estancia venció mientras estaban aquí", indicó Dalal-Dheini. La funcionaria agregó que todos estos matices complican ofrecer asesoría legal general a las personas. "Va a ser algo muy específico, caso por caso", manifestó.

Matthew Soerens, director en Estados Unidos de movilización de iglesias para World Relief, una organización que ayuda a reasentar refugiados en Estados Unidos, dijo que la mención en el memorando sobre casos en los que los inmigrantes tienen que ajustar su situación en Estados Unidos le da a la organización "esperanza" y "expectativa" de que la guía no se aplique a los refugiados, según Los Angeles Times. Los refugiados son personas que huyen de su país de origen y que cumplen un conjunto específico de criterios para ser admitidas en Estados Unidos tras un prolongado proceso de verificación. Están obligados a tramitar la residencia permanente un año después de llegar a Estados Unidos y no pueden regresar a su país por los riesgos que enfrentarían allí, explicó Soerens. El gobierno de Trump ha recortado drásticamente este año el número de refugiados admitidos en Estados Unidos y los ha limitado a sudafricanos blancos.

Soerens indicó que las personas que ingresaron al país bajo un permiso provisional humanitario, que permite a los presidentes admitir a personas por razones humanitarias y que el gobierno demócrata del presidente Joe Biden amplió de manera drástica, también podrían verse afectadas, según Los Angeles Times. Muchas de esas personas quizá ya tenían familia en Estados Unidos o se casaron con un ciudadano estadounidense, dos situaciones que potencialmente les dan vías para solicitar una residencia permanente que ahora podrían complicarse.

La medida forma parte de un giro del gobierno para apuntar a las vías legales de inmigración, después de centrarse desde el año pasado principalmente en los migrantes que están en Estados Unidos de manera ilegal, según Los Angeles Times. El anuncio, que potencialmente afecta a cientos de miles de solicitantes al año, es la más reciente medida política migratoria del gobierno de Trump que sorprende y desconcierta a abogados, defensores e inmigrantes.