La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhibió este martes la falta de reciprocidad de Estados Unidos en materia de extradiciones, en medio de las tensiones diplomáticas por la solicitud del Departamento de Justicia estadounidense de extraditar a 10 funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Según los datos presentados por Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, del primero de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, la administración mexicana ha solicitado el envío de 269 personas y hasta la fecha no se ha otorgado ninguna extradición. De ese total, Estados Unidos ha denegado 36 peticiones y mantiene al menos 233 procesos pendientes de concluir, según informó El País.

"Hay casos gravísimos para México, hay factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa... y no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México", declaró Sheinbaum durante su rueda de prensa matutina. La mandataria cuestionó la falta de reciprocidad: "¿Por qué no han entregado ninguno, si son casos relevantes y hay reciprocidad?"

En contraste, la administración de Sheinbaum ha enviado a 92 presos reclamados por Estados Unidos, entre ellos Armando Gómez Núñez, conocido como Delta 1, líder de Los Deltas, y Rafael Caro Quintero, líder del Cartel de Guadalajara, según las fuentes consultadas.

De las 269 solicitudes presentadas por México, 183 corresponden a peticiones formales de extradición, mientras que 50 son solicitudes de detención provisional con fines de extradición, según detalló Velasco. De estas últimas, 47 están pendientes debido a que Estados Unidos ha solicitado información adicional a México, y tres fueron negadas, según reportó SDP Noticias.

Entre los casos más relevantes figura el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, buscado por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y por favorecer a empresas afines entregándoles contratos de obras públicas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó su amparo político en febrero pasado para reactivar la orden de aprehensión. México presentó la solicitud de detención provisional con fines de extradición el 8 de agosto de 2025, pero Estados Unidos ha solicitado información adicional, según El País. En este caso, el gobierno mexicano ya ha entregado toda la información adicional requerida, convirtiéndola en una orden formal.

Otro caso destacado es el del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont y conocido como el rey de las factureras. Álvarez Puga está acusado de idear y dirigir un sistema que posibilitó el desvío millonario de recursos mediante contrataciones falsas, blanqueo de recursos y evasión fiscal a escalas monumentales a través de empresas fantasma. La solicitud fue presentada el 4 de diciembre de 2025 por delito de delincuencia organizada relacionado con el desfalco a la Secretaría de Gobernación. Pese a que tiene ficha roja emitida por la Interpol, una orden de captura en México y fue detenido en Miami por la policía migratoria, el gobierno de Estados Unidos negó la orden de extradición porque los delitos de los que se le acusa no son de carácter violento, según las fuentes.

La misma justificación aplicó para el empresario mexicano Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, ambos acusados por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada y lavado de dinero por el desfalco al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ambos están señalados por recibir una indemnización de 5.088 millones de pesos, equivalentes a 294 millones de dólares, por parte del Infonavit tras la terminación anticipada de un contrato, en un acuerdo de compensación económica que resultó un fraude. La solicitud fue presentada el primero de octubre de 2025. Padre e hijo fueron detenidos por la policía migratoria, pero Estados Unidos frenó la extradición por no considerarlos un riesgo para la sociedad civil, según El País.

En el caso Ayotzinapa, relacionado con la desaparición de 43 estudiantes normalistas en 2014, hay dos personas en Estados Unidos buscadas por México. Una de ellas es el antiguo juez de Iguala, José Ulises Bernabé García, quien estaba a cargo de una instalación de la policía donde los criminales habrían llevado presuntamente a una parte de los estudiantes. Su orden de extradición data de mediados de 2024, específicamente del 7 de junio de ese año, por delito de delincuencia organizada. Sin embargo, Bernabé vive en Estados Unidos bajo la protección del asilo político, situación que complica su posible entrega a México. Estados Unidos ha solicitado información adicional y más pruebas en su proceso, según Eje Central.

El otro fugitivo vinculado a Ayotzinapa es Pablo Vega Cuevas, alias El Transformer, acusado de ser miembro del grupo delictivo Guerreros Unidos y de participar en la masacre de 2014. La solicitud fue presentada el 18 de julio de 2024 por delito de delincuencia organizada, y se ha presentado petición formal, según SDP Noticias.

También figura en la lista William "N", cuya solicitud fue presentada el 30 de mayo de 2023 por delito de trata de personas. Estados Unidos negó la solicitud, según las fuentes consultadas.

En septiembre de 2025, la presidenta Sheinbaum informó que le solicitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la extradición de dos personas vinculadas al caso Ayotzinapa, según Eje Central.

La presidenta mexicana utilizó esta lista para responder a las críticas por frenar el envío de los altos cargos de Sinaloa en política, seguridad y de la fiscalía buscados por Estados Unidos. Desde que se hizo público el requerimiento del Departamento de Justicia, basado en una investigación de la Agencia Antidrogas estadounidense, la presión para entregar a Rocha Moya, así como al senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y varios altos mandos de la policía, no ha dejado de crecer.

Sin embargo, el gobierno mexicano sostiene que la solicitud no tiene pruebas suficientes para justificar el carácter urgente del trámite. "Cuando hemos solicitudes de que se extraditen personas que están allá, que han cometido delitos en México, nos piden pruebas o no los extraditan porque dicen que no hay pruebas suficientes", señaló Sheinbaum, según El País.

Por el momento, Rocha Moya ha pedido licencia de su puesto de gobernador, y dos de los funcionarios, Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa respectivamente, se han entregado ya a las autoridades del otro lado de la frontera, según las fuentes.

Las autoridades mexicanas explicaron que muchos expedientes continúan detenidos por solicitudes de información adicional, revisión de pruebas, procesos migratorios, peticiones formales pendientes y decisiones judiciales en Estados Unidos, según Eje Central.

Sheinbaum insistió en que México sí ha cumplido con diversos procesos de extradición solicitados por Estados Unidos, por lo que pidió mantener una relación basada en la cooperación y la reciprocidad entre ambas naciones. "Del primero de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, 269 procesos de extradición y no han enviado ninguno, porque la relación es recíproca", enfatizó la presidenta, según Puente Libre.

La revelación de estas cifras ocurre en un momento de tensión diplomática entre México y Estados Unidos, evidenciando las asimetrías en la cooperación bilateral en materia de justicia y las dificultades que enfrenta México para obtener la extradición de personas acusadas de delitos graves, incluyendo casos emblemáticos de corrupción, delincuencia organizada y violaciones a los derechos humanos.