La lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro estadounidense, un documento de más de 3.000 páginas, fue actualizada para incluir nuevamente el nombre de Albanese entre los sancionados, según reporta El País. Esta lista negra global le impide utilizar las principales tarjetas de crédito o realizar transacciones bancarias.

La decisión representa la más reciente vuelta de tuerca en una batalla legal que comenzó en julio de 2025, cuando el Gobierno de Trump impuso por primera vez sanciones contra Albanese junto a 11 jueces, fiscales y juristas del Tribunal Penal Internacional. En aquella ocasión, el Gobierno estadounidense justificó su decisión alegando que se trataba de una respuesta a las iniciativas de Albanese para que el TPI juzgara a funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes, según las fuentes.

La medida constituye una represalia por las críticas de la jurista italiana a la ofensiva israelí en la franja de Gaza y al trato que somete a los palestinos, incluso con llamamientos a investigar posibles crímenes de guerra cometidos por autoridades israelíes, según indica la información disponible.

El pasado 13 de mayo, un juez federal de Washington suspendió las sanciones en un fallo de 26 páginas donde concluía que la Administración de Trump probablemente violó el derecho a la libertad de expresión de Albanese al imponer las medidas tras sus críticas a la guerra de Israel en Gaza. En un pasaje del fallo, el magistrado manifestaba que Albanese no había hecho "más que hablar", según las fuentes.

Tras esta decisión, la Administración del republicano presentó una moción de urgencia ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia para suspender la decisión en primera instancia. El viernes pasado, un panel formado por tres magistrados de este tribunal emitió una suspensión administrativa de la resolución del juez federal, lo que permitió al Gobierno estadounidense volver a aplicar la designación de Albanese como nacional extranjera sancionada.

La orden del tribunal de apelaciones indicó que la medida era de carácter procesal y "no debe interpretarse de ninguna manera como un fallo sobre el fondo" de la apelación del Gobierno para suspender la orden del tribunal inferior, según las fuentes.

El caso fue presentado por el esposo de Albanese, Massimiliano Cali, quien actúa también en nombre de la hija de ambos, que es menor de edad. Cali y su hija, que tienen ciudadanía estadounidense, podrán ahora apelar la moción de urgencia, según indica la información disponible.

Ante la justicia denuncian que las sanciones impuestas a Albanese han limitado su vida personal, al impedirle viajar a su casa de Washington y a la sede en Nueva York de Naciones Unidas, lo que violaría las normas de la ONU que garantizan la inmunidad de los funcionarios y colaboradores de la organización, según las fuentes. Sus bienes también han sido congelados y solo puede usar dinero en efectivo.

Las sanciones contra Albanese forman parte de un conjunto más amplio de medidas aplicadas por el Gobierno de Trump contra personal del Tribunal Penal Internacional. En julio de 2025, junto a Albanese, fueron sancionados 11 jueces, fiscales y juristas del TPI, según la información disponible.

El caso plantea cuestiones fundamentales sobre los límites del poder ejecutivo estadounidense para sancionar a funcionarios internacionales por sus declaraciones públicas, especialmente cuando estas críticas se dirigen a políticas de aliados de Estados Unidos como Israel. La batalla legal continúa mientras Albanese permanece en la lista de sancionados, enfrentando restricciones severas en su capacidad para realizar transacciones financieras básicas y desplazarse libremente.