Exministro polaco acusado de 26 delitos se refugia en Estados Unidos tras obtener asilo en Hungría
Zbigniew Ziobro, exministro de Justicia de Polonia, confirmó su llegada a Estados Unidos después de obtener el estatus de refugiado político en Hungría, en un intento por eludir 26 acusaciones penales que enfrenta en su país, incluidos cargos por dirigir una organización criminal y malversar fondos públicos. Las autoridades polacas anunciaron este lunes que solicitarán su extradición a Washington y exigirán explicaciones tanto a Estados Unidos como a Hungría sobre cómo pudo viajar sin un pasaporte polaco válido.
El ministro de Justicia y Fiscal General de Polonia, Waldemar Żurek, calificó de "huida vergonzosa" el viaje del exministro Zbigniew Ziobro y anunció que en las próximas horas solicitará formalmente a Washington la extradición del fugitivo, según declaraciones realizadas a la cadena PolSat News.
Żurek aseguró que pedirá explicaciones tanto a Estados Unidos como a Hungría sobre las bases legales que permitieron a Ziobro viajar y entrar en territorio estadounidense sin un pasaporte polaco válido, documento que le fue retirado hace meses por las autoridades polacas. Según el ministro de Justicia, Ziobro pudo haber utilizado un "pasaporte de Ginebra" (documento para refugiados) otorgado por el anterior gobierno húngaro y un posible visado facilitado personalmente por el presidente estadounidense Donald Trump.
Por su parte, Ziobro confirmó que se encuentra en Estados Unidos mediante mensajes publicados en redes sociales y concedió una entrevista a TV Republika, una televisión polaca afín al anterior gobierno. En sus declaraciones, el exministro anunció que trabajará como comentarista político para dicho medio desde el extranjero.
Ziobro defendió la legalidad de su viaje y aseguró que posee "documentos internacionales" vinculados a su estatus de asilado, que le permitieron viajar "sin problemas" para "disfrutar de la libertad estadounidense", según sus propias palabras.
El exministro, figura clave del anterior gobierno ultraconservador del partido PiS que gobernó Polonia entre 2015 y 2023, se enfrenta a cargos por supuestamente "dirigir una organización criminal" y malversar fondos públicos para adquirir el software espía Pegasus.
Tras perder su inmunidad parlamentaria a finales de 2025, Ziobro huyó a Budapest, donde el gobierno de Viktor Orbán le brindó protección internacional mediante el otorgamiento del estatus de refugiado político. Sin embargo, la reciente toma de posesión de Péter Magyar como primer ministro de Hungría, quien prometió extraditar a Ziobro en su primer día de mandato, precipitó su salida hacia Estados Unidos.
Ziobro acusa al actual gobierno polaco de querer ejecutar una "venganza política" contra él y declaró que solo regresará a su país "cuando se restablezca el Estado de derecho", argumentando que "un juicio justo es imposible bajo la administración actual".
El caso plantea interrogantes sobre la cooperación judicial internacional entre Polonia, Hungría y Estados Unidos, especialmente en un contexto donde el anterior gobierno húngaro de Orbán otorgó protección a un fugitivo de la justicia europea. La solicitud de extradición polaca pondrá a prueba las relaciones bilaterales entre Varsovia y Washington, así como la posición de la administración Trump respecto a casos de refugio político de figuras controvertidas de gobiernos conservadores europeos.
Las 26 acusaciones que enfrenta Ziobro representan uno de los casos de corrupción más significativos relacionados con el anterior gobierno del PiS, particularmente en lo referente al uso de fondos públicos para la adquisición de tecnología de vigilancia. El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido objeto de controversia internacional por su uso en la vigilancia de opositores políticos, periodistas y activistas en diversos países.
La situación también evidencia las tensiones políticas persistentes en Polonia tras el cambio de gobierno en 2023, con el actual ejecutivo buscando rendir cuentas a figuras del anterior régimen por presuntos abusos de poder y corrupción, mientras que los acusados denuncian persecución política.