La Audiencia Nacional española ha imputado este martes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, convirtiéndolo en el primer exmandatario de la democracia española investigado en una causa por corrupción, según informó la propia Audiencia Nacional.
El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, sitúa a Zapatero como presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", según ha informado la Audiencia Nacional. El instructor cifra en 1,95 millones de euros las comisiones irregulares que Zapatero y personas de su entorno pudieron recibir en el marco de la supuesta trama, según El País.
La investigación se centra en el presunto uso indebido de los 53 millones de euros que la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra recibió del Gobierno español en marzo de 2021 como ayuda por las pérdidas derivadas de la pandemia. El juez intenta esclarecer si la presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado", según El País.
Zapatero deberá comparecer ante la Audiencia Nacional el 2 de junio a las 9:00 horas, acompañado de un abogado. Como todo imputado, podrá acogerse a su derecho a no declarar o a contestar únicamente a las preguntas de su defensa, según El País.
**La respuesta de Zapatero**
El expresidente difundió este martes un vídeo en el que asegura haber recibido la notificación de la Audiencia Nacional citándole como investigado. Ha expresado su deseo de "colaborar con la justicia" y ha reivindicado que "toda" su actividad pública y privada "se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", según El País. "Jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través de terceros ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo", subrayó, según El País.
Ya en marzo pasado, Zapatero se desmarcó de cualquier irregularidad relativa a la compañía aérea en el marco de la comisión de investigación del Senado del caso Koldo. "No he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, jamás", manifestó entonces, según El País. Según explicó, solo contaron con él para ser consultor de la empresa Análisis Relevante, pero nunca conoció que esta mercantil trabajaba también para la aerolínea, según El País.
**Registros policiales**
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han registrado este martes la oficina del expresidente, situada en la calle Ferraz de Madrid, según El País. El juez ha autorizado la intervención de dispositivos electrónicos (teléfonos, ordenadores, tablets), agendas, documentación contable, facturas y contratos, entre otros, según El País.
Además, ha dado luz verde a la Policía para que se incaute del móvil de la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, al considerar que existen indicios de que "desempeña un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias", según El País.
Los agentes también han registrado la sede de la agencia de marketing y comunicación de sus hijas, What The Fav, y otras dos mercantiles relacionadas con la causa, según El País. Zapatero reconoció en el Senado que propuso a Análisis Relevante que sus hijas prestaran sus servicios de comunicación y marketing, según El País. El juez sostiene que la empresa de las jóvenes "no desarrolla una actividad empresarial ordinaria, sino que actúa como vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas vinculadas al entramado", según El País.
**Desglose de los pagos**
Según el auto judicial de 85 páginas, Zapatero habría percibido 1.525.078 euros y sus hijas Laura y Alba Zapatero Espinosa, a través de su agencia Whathefav, habrían recibido 423.779 euros, sumando un total de 1.948.857 euros, según RTVE.
El juez sostiene que la consultora Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Zapatero entre 2020 y 2025, según El País. También habría abonado entre 2021 y 2025 unos 239.755 euros a What The Fav, según El País. El instructor apunta que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante —procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa— terminaron en el entorno del exlíder socialista, según El País.
Además, el Gate Center, el lobby pro China del expresidente, habría enviado 352.980 euros al propio Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, según RTVE. Mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido otros 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a la agencia de sus hijas, según RTVE.
**El papel de Julio Martínez Martínez**
En el epicentro de la trama se encuentra el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, administrador único de la consultora Análisis Relevante y amigo de running de Zapatero, según El País. El juez considera que Martínez Martínez desempeñaría "un papel relevante en distintos niveles": como interlocutor habitual de los clientes de la presunta red; como "receptor y ejecutor" de "instrucciones directas" de Zapatero; y como "responsable de un entramado societario" destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes, según El País.
Martínez Martínez también es administrador de Idella Consulenza Strategica, empresa que firmó un contrato con Plus Ultra para cobrar el 1% en caso de que se aprobara el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea, según El País. Esta empresa está detrás de una sociedad off-shore que la trama habría creado por orden de Zapatero en Emiratos Árabes Unidos para cobrar la mencionada comisión, según El País.
El expresidente no ha renegado de Martínez Martínez, aunque ha dicho que "por prudencia" no habla con él desde que la Policía detuvo al empresario, según El País. "Es mi amigo y reitero que nunca me pidió nada extraño", manifestó durante su comparecencia en el Senado, según El País.
**Origen de la investigación**
El origen de la investigación se remonta a 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió dos solicitudes de cooperación internacional de Francia y Suiza para acabar con una "organización criminal" que se dedicaba a blanquear fondos opacos procedentes de Venezuela, según El País. Las autoridades internacionales advertían de que funcionarios públicos venezolanos habían desviado fondos "de muy alta cuantía" a Europa de forma ilegal, según El País. Se trataba de dinero procedente de programas de comida del chavismo (CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción) y de la venta de oro, según El País.
Para blanquearlo, presuntamente, la trama habría hecho un "uso indebido" del rescate de Plus Ultra, según El País. Las peticiones internacionales pusieron sobre la pista a la Fiscalía Anticorrupción, que comenzó a investigar si el uso que se le había dado a los 53 millones del rescate era legítimo, según RTVE.
Antes de que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción indagaran en estas presuntas irregularidades, un juzgado de Madrid abrió una causa en 2021 para investigar el rescate de la aerolínea a raíz de una denuncia de Manos Limpias, según El País. Esta causa tuvo que archivarse por un error durante el procedimiento (a la magistrada se le olvidó ampliar el plazo de instrucción a tiempo), según El País. El juez Calama pidió al juzgado madrileño que enviara toda la información que tuviera en sus manos, según El País.
**Cómo se gestó el rescate**
Calama indica en su auto que los directivos de Plus Ultra intentaron conseguir los 53 millones del rescate con "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos", según RTVE. Para ello, articularon dos líneas de influencia diferentes: una a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra a través de Rodríguez Zapatero, que fue la que finalmente fructificó, según RTVE.
El magistrado remarca en el auto que la capacidad de Zapatero y su red para acceder a información privilegiada quedó patente en febrero de 2021, cuando dos investigados se intercambiaron mensajes felicitándose por la concesión de la ayuda antes de "la decisión formal del Consejo Gestor y de su aprobación definitiva, que se llevó a cabo el 9 de marzo", según RTVE. El rescate fue aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez el 9 de marzo de 2021 y constaba de dos tramos: un préstamo participativo de 34 millones de euros y otro ordinario de 19 millones, según RTVE.
**Sociedades off-shore en Emiratos Árabes**
El juez detalla en el auto que la estructura investigada no se limita a España. "Siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero", afirma, "se creó al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de 3 millones de dólares en cinco años", según RTVE.
Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato (19 de enero de 2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (26 de enero de 2021) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro, según RTVE.
Este patrón de actuación, según el magistrado, encaja en las modalidades típicas de blanqueo de capitales descritas por el Tribunal Supremo español, "especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, la utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros situados en el extranjero, y la desconexión deliberada entre el origen de los fondos y su destino final", según RTVE.
**Otros investigados**
La investigación de la Audiencia Nacional también salpica hasta ahora a ocho empresas que "cumplen funciones diferenciadas dentro del esquema delictivo", según El País. Permanecen imputados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli; el abogado de la compañía, Santiago Fernández Lena; otro abogado madrileño; un banquero peruano llamado Luis Felipe Baca; el empresario alicantino Julio Martínez Martínez y el propio Zapatero, según El País.
La UDEF detuvo el pasado diciembre a Julio Martínez Martínez, al presidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, al consejero delegado de la compañía Roberto Roselli y a un abogado, según RTVE.
**Levantamiento del secreto de sumario**
El juez Calama ha decidido este martes levantar el secreto de sumario que pesaba sobre la causa, por lo que las defensas ahora podrán tener acceso a toda la documentación que existe en la causa: desde las peticiones de ayuda internacional hasta lo incautado en los registros de diciembre, según El País.
**Implicaciones políticas**
La noticia ha acaparado este martes los titulares de la prensa española y ha suscitado reacciones en todo el arco político, según El País. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió defender "el buen nombre de Zapatero" y el Gobierno transmite "tranquilidad" y confía en su inocencia, según RTVE. El Partido Popular (PP) vincula a Sánchez con la imputación de Zapatero y Vox replantea la moción de censura para acabar con la "mafia", según RTVE.
**Contexto histórico**
Zapatero fue presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011, liderando dos legislaturas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Tras dejar el cargo, ha mantenido una activa vida pública como consultor internacional, especialmente en asuntos relacionados con América Latina y China. Su imputación marca un hito sin precedentes en la democracia española, que nunca antes había visto a un expresidente investigado judicialmente por corrupción.
El caso Plus Ultra se suma a otros escándalos de corrupción que han sacudido la política española en las últimas décadas, aunque ninguno había alcanzado a un exjefe de Gobierno. La investigación continúa abierta y el juez Calama y la Fiscalía seguirán investigando la presunta trama de corrupción, según El País.