El cambio regulatorio más preocupante afecta al sistema de compensación de emisiones de carbono. Según el borrador consultado por el Financial Times, la propuesta inicial establecía criterios rigurosos: los centros de datos solo podrían compensar las emisiones derivadas del consumo de electricidad de origen fósil adquiriendo certificados procedentes de nuevas instalaciones de energías renovables construidas en los últimos años y capaces de generar electricidad prácticamente en el mismo momento y en el mismo lugar donde era consumida. El principio era claro: si se consume electricidad contaminante, la compensación debía representar una aportación real e inmediata de nueva energía limpia al sistema eléctrico.

Sin embargo, ese principio ha sido sacrificado ante la presión de las grandes tecnológicas. El último borrador elimina buena parte de esos requisitos y convierte el mecanismo de compensación en una mera operación contable. En la práctica, los centros de datos podrán seguir funcionando con electricidad procedente de combustibles fósiles mientras compren certificados de energía renovable. Es decir, en lugar de reducir sus emisiones reales, podrán seguir emitiendo dióxido de carbono a cambio de pagar para que, sobre el papel, esas emisiones aparezcan compensadas.

La flexibilización va todavía más lejos. La nueva propuesta permite considerar también válidos los certificados procedentes de energía nuclear, una modificación que beneficia especialmente a países como Francia. Pero, sobre todo, elimina la exigencia de proximidad geográfica y temporal entre el lugar donde se genera la energía renovable y el lugar donde se consume la electricidad contaminante. Ello permite situaciones paradójicas: un centro de datos situado en Europa Central, alimentado con electricidad altamente dependiente del carbón, podría considerar compensadas sus emisiones gracias a certificados vinculados a energía solar producida, por ejemplo, en España. La contabilidad se aleja así de la realidad física de las emisiones.

Este giro regulatorio no constituye un hecho aislado. La Comisión Europea acaba de proponer también una reforma del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS), el principal instrumento de la política climática comunitaria, que avanza en la misma dirección. La reforma reduce el ritmo de disminución de los derechos de emisión de dióxido de carbono, amplía el número de permisos gratuitos para la industria e introduce nuevos mecanismos para que la Unión pueda contabilizar como propias reducciones de emisiones realizadas en terceros países. En la práctica, ello permitirá que numerosas empresas, y muy en particular las que promueven la construcción de centros de datos y gigafactorías de inteligencia artificial, continúen emitiendo más dióxido de carbono y durante más tiempo del previsto por la normativa vigente.

La justificación oficial invoca la competitividad y la necesidad de acelerar las inversiones en descarbonización, pero el mensaje político es inequívoco: cuando los objetivos climáticos entran en conflicto con las prioridades de las grandes empresas, son los primeros los que acaban flexibilizándose. La contradicción resulta difícil de justificar. Por un lado, Bruselas proclama la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; por otro, está dispuesta a modificar las normas precisamente para facilitar la expansión de unas infraestructuras que consumen cantidades crecientes de electricidad y que dependen, en buena medida, de combustibles fósiles.

La paradoja resulta aún más inquietante si se tiene en cuenta el contexto actual. Europa es una de las regiones del planeta que más rápidamente se está calentando. Las olas de calor extremas, las sequías y los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes. A pesar de ello, la propia Unión Europea prevé triplicar la capacidad de sus centros de datos durante los próximos cinco o siete años para satisfacer las enormes necesidades computacionales de la inteligencia artificial. La carrera por competir con Estados Unidos en el desarrollo de la inteligencia artificial parece haber relegado a un segundo plano los compromisos climáticos que la Unión Europea había convertido en su principal bandera.

Resulta revelador el silencio de los principales protagonistas. Según el Financial Times, ni Amazon Web Services, ni Microsoft, ni la Asociación Europea de Centros de Datos han querido pronunciarse sobre esta flexibilización normativa. Tampoco la Comisión Europea ha explicado públicamente por qué está dispuesta a modificar unos criterios medioambientales que hasta hace muy poco consideraba imprescindibles. Cuando una decisión con consecuencias tan importantes se adopta bajo una intensa presión de grandes intereses económicos y sin un debate público transparente, resulta legítimo preguntarse quién está definiendo realmente la política energética europea.

Episodios como este dejan en evidencia el discurso, tan repetido en los últimos años, sobre la necesidad de alcanzar una supuesta soberanía tecnológica europea. Difícilmente puede hablarse de soberanía cuando las decisiones regulatorias terminan adaptándose a las exigencias de las grandes corporaciones tecnológicas de Silicon Valley o cuando la política climática se flexibiliza para preservar la competitividad de sectores considerados estratégicos. La soberanía tecnológica no consiste únicamente en construir más centros de datos o desplegar mayor capacidad computacional; exige también mantener la capacidad de definir y hacer respetar unas reglas propias, incluso cuando estas resultan incómodas para los actores económicos más poderosos.

Si Europa renuncia a sus propios principios medioambientales cada vez que entran en conflicto con los intereses de la nueva economía digital, el concepto mismo de soberanía tecnológica corre el riesgo de convertirse en un simple eslogan político. La verdadera cuestión es si la Unión Europea seguirá gobernando la transición digital y ecológica de acuerdo con los intereses de sus ciudadanos o si terminará adaptando sus normas a las exigencias de las grandes corporaciones tecnológicas.