Fiscalía de Colombia imputará a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por irregularidades en la campaña de Petro

La Fiscalía General de Colombia ha decidido formalizar cargos penales contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, la empresa más grande del país, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Según anunció Raúl Humberto González Flechas, delegado contra la criminalidad organizada de la Fiscalía, la imputación se basa en dos delitos específicos: violación de topes electorales y tráfico de influencias. "El día de hoy se radicará ante la Judicatura dos solicitudes de formulación de imputación en contra del señor Ricardo Roa", afirmó González ante la prensa.

El primer cargo se relaciona con la superación de los límites legales de financiación durante la campaña presidencial. De acuerdo con la investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña Petro Presidente excedió los topes permitidos en 5.300 millones de pesos (aproximadamente 1,4 millones de dólares). De este monto, 3.700 millones corresponden a gastos no reportados en la primera vuelta y 1.600 millones a la segunda, según la Fiscalía.

"Se determinó que efectivamente la campaña electoral del Partido Histórico superó los topes permitidos por el sistema electoral. Y en ese sentido, él como gerente de campaña, pues tiene la responsabilidad directa sobre esa superación en los topes permitidos", explicó González.

En noviembre del año pasado, el CNE ya había impuesto una sanción administrativa a la campaña por estas irregularidades, que incluía una multa de 6.000 millones de pesos. En aquella ocasión, el organismo electoral anunció que compulsaría copias a la Fiscalía para una investigación penal, que ahora se materializa con esta imputación.

El segundo cargo contra Roa se refiere a un presunto tráfico de influencias en favor de Juan Guillermo Mancera, un coronel retirado. Según la Fiscalía, Mancera habría facilitado que Roa adquiriera a bajo precio un apartamento en el norte de Bogotá, propiedad de una compañía vinculada al empresario Serafino Iacono, conocido por sus anteriores vínculos con la petrolera Pacific Rubiales y actualmente en el negocio del gas.

La investigación señala que el inmueble, un penthouse identificado como apartamento 901, fue comprado en diciembre de 2022 por 1.800 millones de pesos, una suma considerablemente inferior a su valor de mercado. Como punto de comparación, un apartamento equivalente a la mitad de los metros cuadrados en el mismo edificio se había vendido previamente por 1.000 millones de pesos.

Las sospechas aumentaron cuando la empresa de Mancera, Gaxi SA ESP, fue posteriormente contratada por Ecopetrol para regasificar gas importado, a pesar de ser una compañía pequeña y con poca experiencia en el sector. Según los investigadores, este contrato tenía un alto potencial para generar ganancias millonarias.

"Un tema de tráfico de influencias a favor del señor Juan Guillermo Mancera, quien fue favorecido con una contratación por parte de Ecopetrol y que previamente había participado en un negocio con el señor Ricardo Roa en la venta de un apartamento", precisó el delegado de la Fiscalía.

La investigación también detectó discrepancias significativas en los costos declarados de remodelación del apartamento. Mientras Roa declaró gastos por 300 millones de pesos, el arquitecto responsable sostuvo que los costos superaron los 2.300 millones. Aproximadamente 2.000 millones habrían sido pagados en efectivo, circunstancia que se investiga para determinar si actores externos, como el empresario William Vélez, con quien Roa mantuvo vínculos laborales previos, financiaron la operación.

El delegado González aclaró que, por el momento, la imputación no incluye solicitud de medida de aseguramiento contra el directivo de la empresa petrolera. "Será una audiencia de formulación de imputación que se hará ante la judicatura en la fecha que ya indiquen los jurados una vez se radique estas solicitudes", explicó.

Asimismo, descartó que, por ahora, se vayan a compulsar copias a la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes, entidad que investiga al presidente Petro por este caso. "Aún no se tiene esa ruta jurídica por ahora. En este momento estamos hablando únicamente de la violación de topes en la gerencia de la campaña y el tráfico de influencias a raíz de la compraventa del inmueble ya conocido por todos", afirmó.

Ricardo Roa es considerado uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, quien lo ha respaldado desde que surgieron las acusaciones. A pesar de los cuestionamientos, Roa ha mantenido el apoyo de la junta directiva de Ecopetrol, donde el Gobierno controla siete de los nueve asientos, al poseer el 88,49% de participación accionaria.

En enero pasado, Serafino Iacono negó cualquier irregularidad en la transacción inmobiliaria. "Sobre la compra de un apartamento por parte del señor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, he aclarado a los medios de comunicación que fue un negocio enmarcado en la ley y he entregado de manera expedita toda la información a las autoridades competentes", señaló en un comunicado público.

Por su parte, Roa ha rechazado las acusaciones en su contra. "He sido blanco de una campaña de desprestigio", declaró el año pasado, asegurando que ningún contrato de la magnitud del otorgado a Gaxi SA ESP podría ser adjudicado de forma unilateral en Ecopetrol.

La formalización de este proceso penal ha intensificado el debate público y en círculos empresariales sobre la continuidad de Roa al frente de Ecopetrol, una empresa fundamental para el presupuesto estatal colombiano por las utilidades que genera anualmente.

Hasta el momento, Ricardo Roa no se ha pronunciado sobre la imputación anunciada por la Fiscalía General de la Nación.