Gobierno de México rechaza reportaje de The New York Times sobre políticos de Morena como informantes de EE.UU.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum cuestionó duramente la credibilidad del reportaje durante su conferencia de prensa matutina. "¿Cómo puede haber una nota así en un periódico? Me dijeron que quién sabe quién dijo que hay personas de Morena que están informando", criticó Sheinbaum, según reportó El País. La mandataria aseguró que su Administración no tiene ninguna información que respalde las afirmaciones del diario neoyorquino.

El reportaje, publicado el sábado por The New York Times y firmado por el jefe de su oficina en México, un reportero especializado en crimen y justicia, y un colaborador independiente, afirma que "al menos una decena de funcionarios electos en México —entre ellos gobernadores y miembros del Congreso— se han puesto en contacto para hablar de compartir información sobre otros políticos", según El País. La información se basa en declaraciones de "una decena de personas" que hablaron bajo condición de anonimato.

Según el texto del diario estadounidense, estos políticos "buscan adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos", y son las autoridades de Estados Unidos quienes se están acercando a los políticos mexicanos, de acuerdo con la información publicada por El País.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, fue el primero en reaccionar el sábado, enviando una carta al periódico estadounidense exigiendo una rectificación. En su misiva, Durazo acusa que "la decisión de publicar como un hecho afirmaciones sin aportar una sola evidencia verificable conlleva un alto componente especulativo" y pide al diario corregir la información, según reportó El País.

Por su parte, el Gobierno de Tamaulipas publicó un desplegado en un diario nacional rechazando las acusaciones. "El gobernador niega de manera categórica, absoluta y contundente los señalamientos difundidos; no existe acusación o procedimiento que los sustente", dice el texto, según El País.

La publicación de The New York Times señala específicamente a dos gobernadores como objetivos principales de las investigaciones estadounidenses: Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal Anaya de Tamaulipas, "según cinco personas al tanto de las investigaciones que no estaban autorizadas a hablar de manera pública", de acuerdo con la información citada por El País.

En el caso de Villarreal, gobernador del estado fronterizo de Tamaulipas, existen varios señalamientos que presuntamente lo vinculan con el crimen organizado. Entre ellos se encuentra el libro "Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder", una suerte de memorias políticas de Julio Scherer Ibarra, quien fue consejero jurídico del expresidente Andrés Manuel López Obrador, según El País. De acuerdo a este texto, las campañas de Villarreal fueron financiadas por Sergio Carmona, un empresario apodado El Rey del Huachicol que fue asesinado por un sicario a finales de 2021.

La controversia se produce en un momento delicado para las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de justicia. Esta semana se cumplen dos meses de que un juez de Nueva York solicitara al Gobierno mexicano la detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve de sus colaboradores por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, según El País.

Existe discrepancia sobre si el Gobierno de México tenía estos 60 días como plazo máximo para contestar a la justicia de Estados Unidos o si esta fecha límite no aplica en este caso, de acuerdo con la información publicada. La acusación contra Rocha Moya se hizo pública después de que se conociera la muerte de dos agentes estadounidenses durante un operativo en suelo mexicano, algo prohibido por las leyes del país, según El País.

Dos de los acusados en el caso de Sinaloa ya se han entregado a Estados Unidos, lo que sugiere que podrían estar colaborando con información a cambio de condenas más favorables, según reportó El País.

El rechazo unificado del Gobierno federal y los gobiernos estatales de Morena al reportaje de The New York Times refleja la tensión creciente entre las autoridades mexicanas y la prensa estadounidense en torno a las investigaciones sobre vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado. La ausencia de evidencia pública verificable en el reportaje ha permitido a los funcionarios mexicanos cuestionar la credibilidad de las afirmaciones sin tener que abordar directamente las acusaciones de fondo.

La situación plantea interrogantes sobre la cooperación judicial entre México y Estados Unidos, especialmente en casos que involucran a funcionarios electos de alto nivel. También evidencia las dificultades del periodismo de investigación cuando las fuentes requieren anonimato por razones de seguridad, lo que limita la capacidad de verificación pública de la información.