Greenpeace México busca que la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) sea sancionada por su responsabilidad en el extenso derrame de petróleo en el Golfo de México, según informó la organización este jueves 28 de mayo de 2026. La entidad ambientalista presentó dos denuncias contra la paraestatal por las afectaciones ambientales y sociales de un desastre ecológico que las comunidades costeras denunciaron desde marzo.

La fuga de combustible se originó en febrero en instalaciones de la empresa de hidrocarburos en la plataforma de Abkatún Cantarell, pero Pemex no lo reconoció hasta el 16 de abril, según las fuentes. La petrolera negó continuamente su responsabilidad durante semanas, mientras la mancha de combustible se extendía por la costa del Golfo de México.

La primera denuncia fue interpuesta ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), según informó Greenpeace. La organización pide a esta agencia que identifique a las personas responsables de la contaminación y garantice "la recuperación integral de ecosistemas marinos y costeros afectados". Greenpeace también solicitó la correcta disposición final de los residuos colectados y que se "establezcan mecanismos eficaces de alerta y protección" para los pueblos de la zona.

La mancha de combustible, documentada desde marzo por colectivos y comunidades de la región, alcanzó más de 1.100 kilómetros de costa y abarcó tres entidades federativas: Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, según las fuentes. El primer registro de la llegada de contaminación por hidrocarburos en la línea costera ocurrió el 1 de marzo entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco. Las manchas de hidrocarburo se extendieron al resto de la costa de Veracruz y Tamaulipas en las semanas siguientes, ocasionando daños a ecosistemas costeros y marinos clave como manglares y el Corredor Arrecifal del Golfo de México.

La segunda denuncia fue presentada ante la Unidad de Responsabilidades de Pemex, según informó la organización ambiental. En este documento, Greenpeace pidió una investigación sobre "posibles actos y omisiones relacionados con el derrame y ocultamiento de información". La organización solicitó específicamente que se investigue la responsabilidad de Víctor Rodríguez Padilla, entonces director de la empresa, así como la de otros funcionarios implicados.

Tras 46 días desde que saltaran las primeras alertas por la llegada de chapopote a las playas del Golfo, Pemex admitió su responsabilidad en una conferencia de prensa del grupo interdisciplinario creado por el Ejecutivo para investigar las causas y el origen del desastre ambiental, según las fuentes. En la comparecencia, Rodríguez Padilla dijo que el siniestro fue detectado por personal de la petrolera desde el 8 de febrero, pero que la fuga "había sido negada por las áreas operativas".

Como resultado de esta admisión, se anunció la separación del cargo de tres funcionarios: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; el coordinador de Control Marino y el líder de Derrames y Residuos. Entre los hechos reconocidos por la empresa se encuentran la pérdida de integridad mecánica y reparación de un oleoducto no reportados, el ocultamiento de información sobre agua oleosa recuperada y la demora de ocho días para cerrar completamente la válvula principal tras detectarse el derrame a principios de febrero, según las fuentes.

En abril pasado, el entonces director de Pemex confirmó que el derrame de hidrocarburos tuvo como origen una falla en su infraestructura, específicamente en uno de los oleoductos de 36 pulgadas, ubicado en las cercanías de la plataforma Abkatún Alfa, en la Sonda de Campeche. Argumentó que "hubo resistencia", e incluso, la solicitud de tergiversar la gravedad del problema por parte de por lo menos tres directivos, quienes ocultaron la información sobre la fuga y los alcances de la misma, por lo que fueron reportados ante la Fiscalía General de la República, quien determinaría las acciones legales en contra de los implicados. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer nada sobre el proceso que sigue esta investigación o denuncia, según las fuentes.

Las comunidades llevan semanas quejándose de que las limpiezas organizadas por el Gobierno y las ayudas para los pescadores y vendedores de los lugares afectados por el chapopote no han llegado a todos, según informó Greenpeace. Esta situación también fue advertida por la organización en su comunicado: "Las labores de limpieza se concentraron principalmente en zonas turísticas y de fácil acceso, mientras comunidades rurales e indígenas habrían recibido respuestas tardías o insuficientes".

En el comunicado dado a conocer este jueves, Greenpeace señaló que ha pedido a diversas autoridades la entrega de información relacionada con el derrame y medidas para "garantizar la no repetición, la reparación integral del daño ambiental y la transparencia en la atención del caso". El escrito presentado por la organización solicita que Pemex, la ASEA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y demás autoridades competentes entreguen toda la información relacionada con el derrame ocurrido entre febrero y abril.

Greenpeace también pidió que se determinen las responsabilidades administrativas correspondientes, se impongan las sanciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en caso de acreditarse las conductas denunciadas y se dicten medidas para garantizar la no repetición, la reparación integral del daño ambiental y la transparencia en la atención del caso.

"Las comunidades costeras tienen derecho a saber qué ocurrió, cuáles son los riesgos y qué medidas se implementarán para garantizar su seguridad y la restauración ambiental. La opacidad y la demora en la respuesta institucional agrava los impactos ambientales y sociales", señaló Greenpeace México en su comunicado.

"El Golfo de México es una región de enorme riqueza ecológica y sustento para miles de personas", sostiene la organización. Las denuncias toman en cuenta que Pemex admitió públicamente que servidores públicos de la empresa petrolera ocultaron información sobre el derrame mientras poblaciones enteras sufrían los impactos de las arribazones de hidrocarburos a las costas.

Las bitácoras de Pemex fueron clave para descubrir a los tres trabajadores que escondieron información sobre el derrame, según detalló la presidenta Claudia Sheinbaum en una de sus conferencias matutinas donde habló sobre el tema, según las fuentes. El caso representa uno de los desastres ambientales más extensos en la historia reciente del Golfo de México, afectando ecosistemas críticos y el sustento de miles de personas que dependen de la pesca y el turismo costero en la región.