El arrestado fue localizado en un hotel de la isla gracias a los controles rutinarios que el cuerpo realiza para identificar a personas con órdenes internacionales de detención en vigor, según informó la Guardia Civil. Agentes del Puesto Principal de Guía de Isora, en el sur de Tenerife, establecieron un dispositivo que culminó con su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional a la espera de su entrega al país reclamante.

Según la acusación formal presentada en el Distrito de Puerto Rico el 8 de julio de 2025, los dos imputados por esta macroestafa son Michael Shannon Sims, de 48 años, fundador y promotor de la plataforma, y Juan Carlos Reynoso, de 57 años, quien dirigió las operaciones de OmegaPro en América Latina y partes de Estados Unidos. La Guardia Civil no ha identificado públicamente cuál de los dos es el detenido en Tenerife.

OmegaPro operó como un esquema de marketing multinivel fundado en enero de 2019 en el que se vendían falsos "paquetes de inversión" con promesas de rentabilidades del 300% en 16 meses, supuestamente generadas por "operadores de élite en el mercado de divisas", según explicó el FBI estadounidense en su escrito de acusación emitido en 2025. Los inversores debían adquirir esos paquetes utilizando criptomoneda, lo que dificultaba el rastreo posterior del dinero.

Para dar apariencia de legitimidad, los promotores organizaron ostentosos eventos en todo el mundo, incluida la proyección del logotipo de OmegaPro sobre el Burj Khalifa de Dubái, según la acusación. Los responsables se valieron de una intensa presencia en redes sociales en la que exhibían vacaciones de lujo, coches de alta gama y ropa y relojes de diseñador.

A ello se sumó el respaldo de futbolistas de proyección internacional, como el brasileño Ronaldinho o el portugués Luis Figo, convertidos en reclamo publicitario para captar nuevos inversores, según el FBI. Reynoso, por su parte, llegó a asegurar falsamente a los potenciales clientes que OmegaPro operaba con licencia legal o, en otras ocasiones, que la plataforma no estaba sujeta a las leyes de ningún país.

En enero de 2020, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el supervisor bursátil español, explicó que la sociedad no estaba "autorizada para prestar los servicios de inversión" previstos en la legislación española.

El dinero recaudado, más de 650 millones de dólares en criptomonedas, se enviaba primero a carteras digitales controladas por los ejecutivos de OmegaPro y se distribuía después entre promotores de alto rango para ocultar su origen, según la acusación del Departamento de Justicia estadounidense.

El esquema se sostuvo hasta que, alrededor de enero de 2023, la plataforma anunció haber sufrido un ciberataque. Reynoso y otros responsables comunicaron entonces a las víctimas que sus inversiones estaban a salvo y que serían transferidas a otra plataforma llamada Broker Group, pero los afectados nunca pudieron recuperar su dinero, según el FBI.

Ambos acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para el blanqueo de dinero, con penas máximas de 20 años de prisión por cada cargo. La investigación está siendo conducida por el FBI, el IRS-CI (el organismo federal de Estados Unidos encargado de investigar posibles infracciones fiscales) y el servicio de inmigración y aduanas estadounidense (HSI), con la colaboración de autoridades de Colombia, Australia, Canadá, Países Bajos y Reino Unido, entre otros países.

La detención en Tenerife representa un avance significativo en una investigación internacional que ha involucrado a múltiples agencias de aplicación de la ley en varios continentes. El caso ilustra la creciente sofisticación de los esquemas piramidales modernos, que utilizan criptomonedas para dificultar el rastreo de fondos y redes sociales para proyectar una imagen de éxito y legitimidad.

La colaboración internacional en este tipo de casos se ha vuelto esencial, dado que los esquemas de fraude financiero operan cada vez más a escala global, aprovechando las diferencias regulatorias entre jurisdicciones y la naturaleza transfronteriza de las criptomonedas. El detenido permanece ahora a la espera de que se complete el proceso de extradición a Estados Unidos, donde enfrentará los cargos formales presentados por el Departamento de Justicia.