

La intervención militar estadounidense en Venezuela, que resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ha generado un panorama de profunda incertidumbre política que determinará el futuro del sector petrolero venezolano. El presidente Donald Trump ha descartado una transición rápida e insiste en controlar el crudo venezolano, lo que ha descolocado tanto a aliados como a opositores del régimen.
La incertidumbre política en Venezuela se proyecta sobre un sector petrolero devastado por casi tres décadas de nacionalismo, mala gestión y corrupción durante el chavismo, situación agravada por una década de sanciones estadounidenses. Como resultado, el país pasó de producir casi 3,5 millones de barriles diarios en 1998, antes de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, a apenas 800.000 barriles diarios en diciembre de 2025, lo que representa menos del 0,7% de la producción mundial, según datos recogidos por El País.
Venezuela cuenta con aproximadamente el 20% de las reservas de petróleo del mundo —las mayores a nivel global— pero también posee uno de los crudos más costosos de extraer y procesar debido a su alta densidad.
La historia reciente del sector petrolero venezolano ha estado marcada por altibajos significativos. El país alcanzó un pico de producción de casi 3,8 millones de barriles diarios en 1970, pero tras la nacionalización del sector y la sujeción a las cuotas de la OPEP, la producción cayó por debajo de los dos millones de barriles diarios a mediados de la década siguiente. Un segundo pico, de casi 3,5 millones de barriles diarios, se produjo en 1998, fruto de la apertura a la inversión extranjera en los años precedentes.
El declive comenzó cuando Chávez llegó al poder al año siguiente y su enfrentamiento con los dirigentes de la petrolera estatal PDVSA provocó la huelga de 2002. La situación empeoró tras la salida de compañías internacionales que rehusaron reestructurar sus acuerdos con PDVSA para otorgarle una participación mayoritaria en sus proyectos. Esta negativa llevó a la confiscación de activos de las estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips, que ganaron arbitrajes internacionales con indemnizaciones millonarias nunca satisfechas.
Durante su primera presidencia, Trump sancionó al sector petrolero venezolano prohibiendo al gobierno y a PDVSA el acceso a los mercados financieros, congelando los activos de la petrolera en Estados Unidos y prohibiendo a sus nacionales realizar transacciones con ella y sus filiales. También impuso sanciones secundarias a empresas y personas que hicieran negocios con las petroleras venezolanas. Como resultado, la producción pasó de unos 2,5 millones de barriles diarios en 2016 a menos de 700.000 en 2021.
La presidencia de Joe Biden suavizó algunas restricciones, autorizando operaciones de canje de crudo con PDVSA por la deuda generada con compañías internacionales, y permitiendo que Chevron reanudara sus operaciones y exportaciones a Estados Unidos. Tras la firma de los Acuerdos de Barbados de 2023 entre el gobierno venezolano y la oposición, Estados Unidos levantó las sanciones condicionándolo al cumplimiento de lo acordado. Sin embargo, el impacto sobre el sector fue limitado, y la producción aumentó modestamente hasta apenas un millón de barriles diarios en 2024.
La segunda presidencia de Trump recuperó las sanciones (exceptuando a Chevron) y terminó 2025 con un bloqueo que incluyó la confiscación de dos petroleros y el descenso de la producción hasta unos 800.000 barriles diarios en diciembre pasado.
Tras lo que algunas fuentes califican como "extracción" o "secuestro" de Maduro, el sector petrolero venezolano afronta un panorama incierto que dependerá del futuro político del país. Según análisis de expertos, podrían derivarse tres posibles escenarios:
El primer escenario, considerado óptimo por algunos analistas, consistiría en una transición razonablemente rápida y ordenada hacia una presidencia surgida de los resultados de las elecciones de 2024, cuando Edmundo González ganó las presidenciales apoyado por una coalición opositora. Un gobierno de raíz democrática tendría la legitimidad para emprender las urgentes reformas que el sector petrolero requiere: despolitización, transparencia, racionalización, eficiencia y apertura a la inversión extranjera, preservando la soberanía energética del país.
Sin sanciones ni bloqueos, el sector petrolero venezolano podría reintegrarse a los mercados internacionales. Según algunas estimaciones, a corto plazo la producción podría aumentar hasta 200.000 barriles diarios adicionales sin necesidad de invertir en nuevos proyectos de exploración y producción.
Sin embargo, este escenario fue descartado por Trump en la rueda de prensa del pasado 3 de enero, cuando desdeñó a María Corina Machado e insistió en controlar el petróleo venezolano. El presidente estadounidense señaló a la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, como elegida para gestionar una transición larga y estrechamente supervisada bajo la amenaza de nuevas intervenciones.
Bajo este segundo escenario, la producción petrolera aumentaría con el retorno en condiciones preferentes de las compañías estadounidenses. No obstante, la ausencia de competencia por parte de otras compañías extranjeras reduciría el margen de maniobra de Venezuela y los beneficios esperados para sus ciudadanos. Este alineamiento petrolero forzado implicaría una renuncia a la soberanía energética del país y la subordinación a los intereses estadounidenses.
Finalmente, existe un tercer escenario que contempla una mala evolución política. No está claro que el enfoque estadounidense sea sostenible en el tiempo y podría dar lugar a un ciclo de inestabilidad e indefinición, con intervenciones periódicas que erosionen el marco inversor del sector y su credibilidad a largo plazo.
Desde perspectivas críticas, como la publicada en Voces en Lucha, se señala que "el ataque estadounidense a Venezuela, que consiguió secuestrar al presidente y a su compañera, no pudo cambiar el gobierno". Según esta visión, el hecho de que los hermanos Rodríguez hayan llegado al gobierno y que la cúpula militar continuara intacta sin quebrar la cadena de mandos representa "un gran triunfo político" para el chavismo.
Esta fuente también cuestiona las declaraciones de Trump, calificándolas como "carne podrida", y señala que los famosos 54 millones de barriles que mencionó el presidente estadounidense "son los que ya reciben por parte de Chevron a razón de 150.000 barriles diarios, en un año de 365 días. Representan alrededor del 10% del petróleo que vende Venezuela".
La situación actual refleja que "el pueblo y el gobierno venezolano perdieron una batalla pero no la guerra", según esta perspectiva, que considera vital para la continuidad del proyecto bolivariano las decisiones que tomen tanto el pueblo chavista como el pueblo venezolano en general.
En este contexto de incertidumbre, el futuro del sector petrolero venezolano, que además cuenta con las mayores reservas de gas de América Latina e ingentes recursos minerales, parece enfrentar desafíos significativos en cualquiera de los escenarios posibles.