Miles de prisioneros en India permanecen atrapados en un limbo legal bajo la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas (UAPA), mientras el gobierno intensifica el uso de legislación de seguridad nacional para reprimir protestas, bloquear contenido en internet y detener a activistas, periodistas y estudiantes críticos con las políticas oficiales.
La aplicación de leyes de seguridad nacional en India ha generado una creciente preocupación entre defensores de derechos humanos y expertos de Naciones Unidas, quienes advierten que estas normativas están siendo utilizadas sistemáticamente para silenciar voces críticas y restringir libertades fundamentales.
Datos oficiales revelan que 10.440 personas fueron arrestadas bajo la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas (UAPA) entre 2019 y 2023, pero solo 335 resultaron condenadas, lo que representa una tasa de condena del 3,2%, según información recogida por Deutsche Welle. La mayoría permanece en prisión, con procesos legales prolongados que se convierten en un castigo adicional.
La UAPA invierte el principio fundamental de "inocente hasta que se demuestre lo contrario". Bajo esta ley, la libertad bajo fianza puede ser denegada si un tribunal considera que las acusaciones parecen verdaderas a primera vista. "Efectivamente, un acusado debe refutar el caso presentado por la fiscalía en la etapa de obtención de la fianza", explicó a DW Madan Lokur, juez retirado de la Corte Suprema que ha criticado consistentemente la UAPA por sofocar la disidencia.
El caso de los activistas Umar Khalid y Sharjeel Imam ilustra esta problemática. Ambos enfrentan acusaciones de incitar enfrentamientos en Nueva Delhi que mataron a 53 personas, la mayoría musulmanes, y han pasado más de cinco años en prisión sin juicio. Según Brinda Karat, líder del Partido Comunista de India, "de los 18 acusados en los casos de disturbios de 2020, 16 son musulmanes; mientras que los líderes del partido gobernante Bharatiya Janata Party, cuyos discursos de odio precedieron a la violencia, no enfrentaron cargos".
Karat señaló que Imam ya estaba bajo custodia y Khalid se encontraba en otro lugar durante los disturbios, pero su ausencia fue "perversamente interpretada" como evidencia de orquestación. "El tribunal ha ampliado peligrosamente la definición de terrorismo, permitiendo que los bloqueos pacíficos de carreteras sean clasificados como actos terroristas, lo que permite al gobierno atacar a huelguistas, manifestantes indígenas y habitantes de barrios marginales", añadió.
En noviembre de 2025, la Corte Suprema de India rechazó nuevamente la solicitud de libertad bajo fianza para ambos activistas, a pesar de los años transcurridos sin juicio.
**Arsenal legal contra la disidencia**
La UAPA es solo una de las armas en el creciente arsenal del Estado que, según los críticos, se utiliza para silenciar la disidencia. La Ley de Seguridad Nacional (NSA) permite la detención hasta por 12 meses sin cargos ni juicio. En Cachemira, la Ley de Seguridad Pública (PSA) permite la detención hasta por dos años sin juicio por motivos tan vagos como ser un "activista empedernido".
La PSA fue utilizada contra tres ex ministros principales en 2019, y el periodista Sajad Gul pasó 20 meses detenido bajo esta ley. Tras el ataque terrorista de Pahalgam en abril de 2025, cerca de 100 personas fueron acusadas bajo la PSA.
El activista climático Sonam Wangchuk permanece detenido bajo la NSA tras su arresto en septiembre de 2025 durante protestas en Ladakh, que se centraban en demandas de salvaguardias constitucionales y estatus de estado. "Wangchuk había impugnado su detención bajo esta draconiana ley. Todavía se encuentra en la misma posición que en la fecha de la impugnación. ¿Cuál es el sentido de la impugnación si los tribunales no otorgan un alivio rápido y efectivo?", cuestionó la abogada Rebecca John.
La detención de Wangchuk se produjo después de que la policía disparara y matara a cuatro personas e hiriera a unas 50 en Leh, la capital de la región himalaya de Ladakh, el 24 de septiembre de 2025, cuando las protestas por demandas de estatus de estado se tornaron violentas. Las autoridades impusieron un toque de queda y detuvieron al menos a 50 personas.
**Ley de lavado de dinero contra medios y activistas**
Los críticos también advierten que la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) se está utilizando cada vez más contra políticos de la oposición, periodistas y activistas.
Harsh Mander, un destacado activista de derechos humanos, enfrentó redadas relacionadas con el PMLA en 2021 e investigaciones vinculadas a la financiación extranjera de su trabajo en ONG, mientras que los periodistas de NewsClick vieron sus oficinas allanadas bajo la misma ley en 2023.
El periodista Siddique Kappan fue arrestado en octubre de 2020 mientras viajaba para informar sobre un incidente y luego fue acusado tanto bajo UAPA como PMLA, pasando 28 meses en prisión antes de recibir libertad bajo fianza.
"La cuestión no es si India necesita leyes de seguridad. Es si las leyes diseñadas para proteger a la nación deberían poder vaciar las mismas libertades que pretenden defender", dijo a DW Kapil Sibal, un abogado senior que representó al activista musulmán Umar Khalid y al periodista Siddique Kappan. "El equilibrio entre seguridad y libertad se ha perdido", añadió Sibal.
**Censura digital y bloqueo de contenidos**
La represión digital ha sido particularmente severa tras el ataque terrorista en Pahalgam el 22 de abril de 2025, que mató a 26 civiles en uno de los ataques más mortíferos contra turistas en Cachemira desde 2008.
Según un análisis de Software Freedom Law Center, India, lo que siguió no fue solo una respuesta militar (Operación Sindoor), sino una represión digital sin precedentes que afectó a periodistas, medios de comunicación, funcionarios pakistaníes, celebridades e incluso atletas. Plataformas como X (anteriormente Twitter), YouTube e Instagram bloquearon geográficamente miles de cuentas a petición del gobierno.
En el centro de esta censura se encuentra la Sección 69A de la Ley de Tecnología de la Información de 2000, una disposición que permite al Gobierno Central bloquear contenido considerado perjudicial para la soberanía, seguridad u orden público de India. La Regla 16 que acompaña a esta ley impone secreto, lo que significa que no hay notificación a las partes afectadas, ni audiencias, ni divulgación pública de las órdenes.
X informó sobre más de 8.000 demandas de eliminación de cuentas, las plataformas mostraron avisos de "demanda legal" y el Ministerio de Información y Radiodifusión (MIB) emitió directivas generales. El informe de Freedom House de 2025 califica esto como un caso típico de "coerción de intermediarios", donde la retórica de seguridad nacional justifica la opacidad y el exceso, mucho más allá de atacar la propaganda.
Las plataformas realizaron el trabajo pesado, utilizando el bloqueo geográfico para ocultar contenido solo a los usuarios indios. YouTube comenzó el 29 de abril de 2025 haciendo desaparecer el canal "4 PM News Network" del periodista Sanjay Sharma, citando la seguridad nacional. X siguió, bloqueando voces de Cachemira como Maktoob Media, The Kashmiriyat, Free Press Kashmir, Anuradha Bhasin del Kashmir Times, Muzamil Jaleel del Indian Express y el influencer @iarpitspeaks.
El sitio en inglés de The Wire desapareció hasta que se eliminó una historia sobre Rafale; Outlook India e INC Jharkhand sufrieron prohibiciones fugaces. El verdadero barrido afectó a cuentas pakistaníes: X ocultó a los ministros Ataullah Tarar, Bilawal Bhutto Zardari, Khawaja Asif y la cuenta oficial de Pakistán para el 28 de abril.
**Restricciones en Jammu y Cachemira**
El 16 de septiembre de 2025, las autoridades indias bloquearon más de 300 cuentas adicionales de redes sociales en Jammu y Cachemira administrada por India. Las autoridades en los distritos de Doda, Kishtwar y Ramban bloquearon estas cuentas en solo tres días después de que se descubriera que circulaban contenido provocativo y difundían desinformación para instar a la gente a protestar por la detención del MLA Mehraj Malik en Doda.
Además, la administración de Jammu y Cachemira ha impuesto una prohibición ex parte sobre el uso de redes privadas virtuales (VPN) en partes del territorio de la Unión, citando amenazas a la seguridad nacional y temores de "incitación a disturbios". Al menos seis distritos prohibieron el uso de VPN en diciembre de 2025 invocando la Sección 163 del Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS).
**Preocupación internacional**
El 24 de noviembre de 2025, expertos de la ONU expresaron alarma por graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades indias tras el ataque terrorista del 22 de abril de 2025 en Pahalgam.
Según los expertos, después del ataque, las autoridades indias lanzaron operaciones generalizadas en todo Jammu y Cachemira, resultando en el arresto y detención de alrededor de 2.800 individuos, incluidos periodistas y defensores de derechos humanos. Algunos fueron detenidos y acusados bajo la Ley de Seguridad Pública o la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas.
Los expertos destacaron informes de demoliciones punitivas de viviendas, desalojos forzosos y desplazamientos arbitrarios, dirigidos a familias de personas percibidas como partidarias de los militantes, y llevados a cabo sin órdenes judiciales o debido proceso. También expresaron preocupación por los apagones de comunicaciones y las restricciones a la libertad de prensa.
Aakar Patel, activista y ex director de Amnistía Internacional en India, dijo a DW que los organismos de derechos humanos de la ONU han expresado constantemente preocupaciones sobre las disposiciones vagas de la UAPA y su uso para criminalizar el trabajo legítimo de derechos humanos en India. "Esta persecución selectiva erosiona la confianza pública en el sistema de justicia, arraiga la impunidad para los actores estatales y criminaliza la libre expresión", añadió Patel.
Una vez que el Estado te etiqueta como terrorista, se vuelve imposible recuperar tu vida y derechos, dice la abogada Rebecca John, quien ha participado en varios casos de UAPA. "Esa etiqueta permanece contigo y no se ofrece ninguna protección institucional a un ciudadano que impugna esa afirmación", dijo John a DW. Advierte que la ley se utiliza como arma contra personas vulnerables mientras que los poderosos pueden violar sus disposiciones con pocas consecuencias.