Informe denuncia abusos sistemáticos contra menores en centro de detención del ICE en Texas

Human Rights First y la organización RAICES publicaron un informe que documenta abusos estructurales y condiciones deficientes en el centro de detención familiar de Dilley, Texas, operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El documento, titulado Una nueva era de las cárceles familiares del ICE, se basa en entrevistas con decenas de familias, trabajo legal y documentación directa, según las organizaciones.

El reporte sostiene que prácticas como detenciones prolongadas, acceso limitado al asilo y el uso de amenazas de separación familiar por parte del ICE forman parte de un patrón generalizado, no de casos aislados, según Human Rights First y RAICES. "Nuestros hallazgos dejan claro que no existe absolutamente ninguna forma segura ni respetuosa con los derechos para que el DHS encarcele a familias y niños", afirmó Robyn Barnard, directora de incidencia en temas de refugio de Human Rights First.

"El abandono sistemático, la denegación del debido proceso y los daños sancionados por el Estado bajo la Administración Trump constituyen una crisis humanitaria para los niños migrantes y sus familias", señaló Fais Al-Juburi, codirector ejecutivo de RAICES, organización que promueve la justicia para migrantes.

Testimonios de menores detenidos reflejan el impacto emocional del encierro. "Desde que llegué a este centro, lo único que siento es tristeza y, sobre todo, depresión", declaró Ariana Velasquez, de 14 años, tras semanas detenida junto a su madre, según un reportaje de ProPublica. Otro menor, Gustavo Santiago, de 13 años, expresó: "Siento que nunca saldré de aquí. Solo pido que no se olviden de nosotros", según la misma fuente.

Una joven detenida junto a su familia resumió las condiciones del lugar en declaraciones a EL PAÍS: "No nos tratan como humanos". La joven describió escasez de atención médica, dificultades para acceder a alimentos y el impacto emocional en los menores, incluidos episodios de ansiedad y pesadillas constantes, según el periódico.

The Texas Tribune documentó el caso de una familia egipcia detenida durante más de nueve meses, una de las estancias más largas registradas en Dilley. "Esta detención prolongada ha destruido y sigue destruyendo nuestras vidas. Nos está matando poco a poco por dentro", escribió uno de los hijos adolescentes en una carta al medio. La familia describió alimentos con moho y gusanos, falta de atención médica adecuada y un deterioro progresivo de su salud mental, según The Texas Tribune.

El congresista estadounidense Joaquín Castro denunció a través de la red social X que el ICE habría negado atención médica a Kaleth, un menor de dos años detenido junto a su madre en Dilley. "Su salud empeora día a día. Se niega a comer la comida que le sirve CoreCivic, la cual, según los detenidos, a veces contiene moho y gusanos", escribió Castro, según reportó N+.

El político señaló que Kaleth presentaría fiebre y que los agentes de ICE habrían alegado que era un problema "psicológico". "Ahora tiene fiebre. Cuando su madre pidió ayuda, el personal le dijo que todo era 'psicológico'. Un niño vulnerable en la prisión móvil de Dilley estaba sufriendo y el ICE negó su realidad y sus necesidades", escribió Castro, según N+.

El informe de Human Rights First identifica fallas estructurales en el funcionamiento del centro. El análisis sostiene que muchas familias permanecen detenidas más allá de los límites establecidos por el acuerdo Flores, que en general restringe la detención de menores a unos 20 días, y que el gobierno ha intentado debilitar ese marco legal en tribunales, según el reporte.

El documento detalla obstáculos sistemáticos para ejercer el derecho a solicitar asilo. Según el reporte, algunas familias enfrentan procesos acelerados sin acceso adecuado a representación legal o sin comprender completamente sus opciones, lo que aumenta el riesgo de deportaciones indebidas. En otros casos, describe presiones directas para que acepten la expulsión, incluyendo advertencias relacionadas con la posible separación de sus hijos.

El informe recoge denuncias recurrentes sobre atención médica insuficiente, retrasos en tratamientos y falta de seguimiento, especialmente en casos que involucran a menores. Estas deficiencias, señala, no son incidentales, sino consistentes con un modelo de detención que prioriza el control migratorio sobre el bienestar de las familias, según Human Rights First y RAICES.

El análisis pone énfasis en el impacto psicológico del encierro. La incertidumbre sobre el tiempo de detención, el miedo a la deportación y las condiciones del entorno contribuyen, según el reporte, a niveles elevados de ansiedad, depresión y estrés en niños. En algunos casos, los investigadores documentaron regresiones en el desarrollo infantil y cambios de comportamiento asociados al confinamiento prolongado.

Otro punto central del informe es que una parte significativa de las familias detenidas no corresponde al perfil de recién llegados en la frontera, sino a personas que ya vivían en Estados Unidos, algunas durante años, con redes familiares y procesos migratorios en curso. Esto, argumenta, amplifica el impacto del encierro, al implicar la ruptura abrupta de entornos escolares, laborales y comunitarios, según el reporte.

El centro de Dilley es operado por la empresa privada CoreCivic. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que los detenidos reciben atención médica, alimentos y condiciones adecuadas, el informe concluye que estas garantías no se cumplen de forma consistente en la práctica, según Human Rights First y RAICES.

CoreCivic ha negado la mayoría de las acusaciones por abuso contra los migrantes detenidos. La empresa anticipa obtener ganancias por 180 millones de dólares al año para marzo de 2030, según N+.

Un informe de ProPublica señala que 3.500 menores han sido detenidos en este centro. En febrero de 2026, se denunció un brote de sarampión en las instalaciones, según N+.

Figuras del entretenimiento como Madonna, Javier Bardem, Pedro Pascal, Jane Fonda, Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Eva Longoria, America Ferrera, Elliot Page, Diego Luna, Ariana DeBose, John Legend, Gracie Abrams, Brandi Carlile y el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu firmaron una carta abierta que exige el cierre inmediato del centro de detención familiar de Dilley, según Radio Nacional de Colombia y Radiónica.

La carta, publicada en la plataforma Change.org bajo el título Por el cierre del centro de detención del ICE de Dilley: protejamos a los niños, plantea una crítica directa al modelo de detención. "Ningún niño debería estar recluido en un centro de detención de inmigrantes", señala el texto, que insiste en que los menores deben permanecer en entornos comunitarios, educativos y familiares, según Radiónica.

Los artistas afirman que los niños pertenecen a las escuelas y parques infantiles, no a los centros de detención, por lo que instaron al gobierno federal a cerrar el centro de Dilley y devolver a los niños y sus familias a los hogares y comunidades de donde fueron tomados, según Radio Nacional de Colombia.

Entre las razones para cerrar el lugar, los artistas señalan las denuncias por la negativa a proporcionar agua potable, la entrega de alimentos en estado de descomposición, negligencias médicas, la privación del sueño, la negación de asistencia legal, la separación de los niños de sus familias y represalias contra quienes protestan por las condiciones, según Radio Nacional de Colombia.

Las distintas personalidades exigieron transparencia, rendición de cuentas y reformas sistémicas para evitar que estos abusos se repitan en Estados Unidos. Al cierre, invitaron a unirse a su petición a través de la plataforma Change.org, en la que más de 21.498 personas han firmado la solicitud, según Radio Nacional de Colombia.

El origen de la campaña se vincula a la creadora de contenido infantil Ms. Rachel, quien semanas atrás denunció públicamente la situación del centro. A partir de esa intervención, la petición digital creció con rapidez, pasando de unas 400 firmas iniciales a más de 1.500 en poco tiempo, impulsada por la visibilidad que le dieron las figuras públicas, según Radiónica.

Uno de los casos recientes que reactivó la discusión pública fue el de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años detenido en Minneapolis en enero. Su situación evidenció cómo estas prácticas continúan afectando a familias completas y se convirtió en un punto de referencia en la conversación mediática, según Radiónica. En enero, Liam fue enviado al centro de detención de Dilley, lo que provocó protestas dentro y fuera del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, como se llama oficialmente la instalación, según N+.

A partir de los hallazgos documentados, Human Rights First y RAICES sostienen que no existe una forma de detención familiar que sea compatible con estándares básicos de derechos humanos. En su lugar, proponen alternativas como la liberación supervisada y el acceso efectivo a representación legal, señalando que estas medidas han demostrado ser más eficaces para asegurar la comparecencia en procesos migratorios sin recurrir al encierro, según el informe.

El centro de Dilley ha sido objeto de controversia desde su apertura, particularmente por albergar a madres con hijos en procesos migratorios. Organizaciones civiles han insistido en que este tipo de instalaciones no son adecuadas para menores y que su uso contradice estándares internacionales de derechos humanos, según Radiónica.

Informes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y Human Rights Watch han documentado durante años preocupaciones relacionadas con el impacto psicológico en niños, las restricciones en el entorno y la duración de los procesos de detención, según Radiónica.

Aunque la carta de las figuras del entretenimiento no tiene efectos legales directos, incrementa la presión mediática y política sobre el ICE y la administración Trump respecto a los abusos cometidos contra la población migrante que ha afectado con especial complejidad a cientos de niños y niñas, según Radiónica.