Israel aprueba tribunal militar especial con pena de muerte para palestinos vinculados a los ataques del 7 de octubre

El Parlamento israelí, conocido como Knesset, aprobó el lunes con amplio consenso político la formación de un tribunal militar especial destinado a procesar a palestinos sospechosos de haber participado en los ataques perpetrados por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, según informó el diario El País. Aquel día fueron asesinadas aproximadamente 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas, según datos del Estado judío.

La legislación, que contempla la aplicación de la pena de muerte, está diseñada para juzgar a entre 300 y 400 gazatíes que Israel mantiene bajo custodia desde entonces en relación con aquellos hechos, aunque no existan acusaciones formales ni procesos judiciales previos que sustenten esas detenciones, según la fuente.

La votación reflejó un consenso inusual entre la coalición de gobierno y la oposición: 93 parlamentarios votaron a favor, ninguno en contra, y otros 27 diputados se abstuvieron o ausentaron. Este respaldo contrasta marcadamente con las demandas de las familias afectadas por la masacre, que exigen que la rendición de cuentas incluya también a quienes gobernaban Israel durante el mayor atentado jamás cometido en el país.

Simcha Rothman, miembro del partido Sionismo Religioso en la coalición gubernamental y uno de los artífices de la medida, declaró desde el parlamento que se trata de "un marco histórico destinado a impartir justicia y llevar ante el tribunal a los terroristas que perpetraron la peor masacre en la historia del Estado". Por su parte, Yulia Malinowski, parlamentaria de la formación opositora Israel Nuestro Hogar y otra impulsora de la iniciativa, afirmó que "estos serán los juicios sobre los nazis de la actualidad, y pasarán a formar parte de los libros de historia".

El nuevo tribunal se enmarcará dentro del sistema judicial militar con el que Israel procesa a los palestinos en los Territorios Ocupados, estructura que forma parte de lo que expertos describen como apartheid, según la fuente. La legislación se sirve de estructuras legales existentes en Israel para posibilitar la imposición de la pena capital, una sentencia no aplicada en el país desde 1962, cuando fue ejecutado el nazi Adolf Eichmann tras su secuestro por la inteligencia israelí en Buenos Aires.

De acuerdo con la nueva ley, ese castigo podría llevarse a cabo en caso de que los investigados sean acusados de genocidio, en el marco de la ley israelí para la prevención de ese delito de 1950. El tribunal también podrá sentenciar a los procesados por traición, asistencia del enemigo en tiempos de guerra, violación de la soberanía territorial o terrorismo. Los condenados serán automáticamente inelegibles para futuros acuerdos de excarcelación de presos.

El proyecto de ley llega después de que Israel aprobara el pasado 30 de marzo la pena de muerte para ajusticiar a los palestinos acusados de matar a israelíes. La ausencia de carácter retroactivo en esa ley imposibilitaba el proceso de los palestinos detenidos tras el 7 de octubre de 2023, problema que quedó resuelto con la medida aprobada el lunes.

Las organizaciones israelíes de derechos humanos HaMoked, Adalah y el Comité Contra la Tortura expresaron sus reservas a través de un comunicado conjunto. Anticipan un proceso sin garantías ni independencia judicial que estará contaminado por el uso de posibles confesiones obtenidas mediante torturas tras más de dos años y medio entre rejas. Además, estiman que se convertirá en un "juicio espectáculo", puesto que algunas fases del proceso se emitirán por una página web habilitada para ese propósito, subrayando un hipotético carácter vengativo o ejemplarizante.

Estas organizaciones denuncian que la ley solo requiere la mayoría entre los jueces para sentenciar la pena capital, a diferencia de los requisitos en las leyes existentes en el país, que exigen la unanimidad. Reprochan un proyecto que "subordina todo principio de justicia penal justa a un espectáculo punitivo y retributivo", al facultar tribunales militares "con deficiencias procesales" para imponer la pena de muerte "a un grupo específico de sospechosos".

El mecanismo para seleccionar los 15 jueces que conformarán el tribunal, según el diario israelí The Times of Israel, reserva influencia a los ministros de Justicia, Yariv Levin, y de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, ambos compañeros del primer ministro Benjamin Netanyahu. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que el proceso de nombramiento "otorga" al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y a las autoridades militares "un papel central en la selección de los jueces".

El pleno vivió momentos de tensión cuando un grupo reducido de familias afectadas por los ataques del 7 de octubre gritó desde la tribuna de visitantes al parlamentario palestino-israelí Ahmad Tibi, cuando este opinó en árabe, antes de la votación final, que algunas fuerzas políticas están explotando políticamente la rendición de cuentas sobre los palestinos implicados en aquellos ataques.

Horas antes de la votación, una concentración de ciudadanos frente al Parlamento reclamó mediante altavoces la dimisión de los parlamentarios y el establecimiento de una comisión estatal independiente que investigue a los dirigentes israelíes por los fallos de seguridad que posibilitaron la masacre del 7 de octubre. La coalición gubernamental se ha opuesto a su formación desde 2023, alegando que ese proceso dañaría al Estado de Israel en un momento en el que libra una guerra de múltiples frentes contra distintos enemigos regionales, y ha habilitado en cambio investigaciones internas no vinculantes.

"La sangre de todos los asesinados está en vuestras manos", dijo Rom Barlavski, antiguo rehén en Gaza y presente entre esos manifestantes. "Estableced la comisión independiente para investigar qué ha sucedido y hacer que esto no ocurra nunca más. Tomad vuestra responsabilidad y desapareced de nuestras vidas".

El ministro de Justicia, Yariv Levin, aseguró que estaban haciendo "lo correcto", y destacó la unión de la clase política en vísperas de las elecciones de octubre "pese a todos los desacuerdos que existen entre nosotros". El ultraderechista Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y líder de Sionismo Religioso, aseguró que "aquellos que asesinaron, violaron y masacraron a israelíes lo pagarán".

Sus palabras llegaron antes de que una comisión civil liderada por Cochab Elkayam-Levy, experta israelí en derecho internacional, publicara el martes una investigación que concluye que la violencia sexual y de género a cargo de los milicianos de Hamás fue "sistemática" durante los ataques del 7 de octubre.

Aunque Malinowski haya asegurado que los acusados serán procesados "siguiendo todas las normas" porque "Israel está gobernado por la ley", los observadores discrepan. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que el proceso permite condenas "basadas en pruebas obtenidas mediante torturas" y que la transmisión en directo de los juicios ocurrirá "antes de que se establezca la culpabilidad".

La aplicación del proyecto de ley podría demorarse por disputas sobre los ministerios que deben financiar el tribunal militar especial, según la fuente.

Israel, señala el comunicado de las organizaciones de derechos humanos, "se sitúa en directa oposición a la tendencia internacional hacia la abolición" de la pena de muerte, una figura legal que en pocos años ha pasado en el país de ser residual a suponer el castigo por defecto para los palestinos que maten a israelíes, de acuerdo con la ley aprobada en marzo. La ausencia de garantías básicas durante el proceso que enjuiciará a los gazatíes que Israel vincula con el 7 de octubre, concluyen las tres organizaciones, convierte cualquier sentencia de muerte resultante "en una privación arbitraria de la vida, absolutamente prohibida por el derecho internacional y potencialmente un crimen de guerra".