El caporalato es un sistema de explotación laboral en el que intermediarios, conocidos como caporales, organizan el reclutamiento, transporte, alojamiento y pagos de trabajadores agrícolas, quedándose frecuentemente con parte de los salarios y ejerciendo un control absoluto sobre sus vidas. Según el último informe del Observatorio Placido Rizzotto, más del 70% de las 240.000 personas expuestas a esta práctica son empleados extracomunitarios, y aproximadamente 50.000 son mujeres. Esta cifra representa casi una cuarta parte de la mano de obra total del sector agrícola italiano.

Tazeeb Tazeeb, un periodista pakistaní de 29 años que huyó de amenazas en su país en 2021 y atravesó la ruta balcánica a pie, se convirtió en una de las primeras víctimas extranjeras en denunciar públicamente los abusos del caporalato. Tras llegar a Italia, aceptó un contrato de trabajo en los campos del Véneto que apenas comprendía. Durante meses, se levantaba a las cuatro de la mañana para trabajar en la vendimia y otras labores agrícolas, encadenando jornadas de 12 horas durante semanas sin poder enfermarse ni descansar. "No podías ponerte enfermo, no podías descansar. La única consigna era trabajar y callar. Siempre había alguien vigilándonos", recuerda.

Las condiciones de vida eran infrahumanas. Compartía una vivienda proporcionada por el capataz con 19 personas más en un espacio diseñado para cuatro, con colchones repartidos por el suelo. Los trabajadores recogían la uva con las manos desnudas, sin guantes, gafas ni botas de protección. Cada jornalero debía comprar su propio equipo de protección y pagar cinco euros diarios por el transporte hasta los campos. El salario prometido nunca llegaba. El intermediario les proporcionaba comida y les recordaba constantemente que les estaba pagando el alojamiento. "Al principio nos pagaban tres o cuatro euros la hora. Después, durante ocho meses no nos pagaron nada. Descubrimos que el empresario ya había entregado nuestro salario al intermediario, pero nosotros seguíamos sin cobrar", explica Tazeeb.

Las amenazas eran parte de la rutina diaria. "Si no hacías lo que te pedían sin rechistar, te amenazaban con prenderte fuego", asegura. Solo cuando acudió al sindicato descubrió el engaño fundamental: el contrato figuraba apenas 10 horas de trabajo semanales, cuando en realidad trabajaba entre 12 y 16 horas diarias.

Aunque históricamente el caporalato afectó también a trabajadores italianos, desde hace años la mayoría de las víctimas son extranjeros. Estos trabajadores se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad debido a barreras lingüísticas, precariedad administrativa y falta de redes de apoyo. "Siempre buscan a quien no habla bien italiano y no conoce sus derechos. Se aprovechan de las personas que necesitan trabajar. Quien acaba de llegar a Italia termina casi siempre en la agricultura porque, sin papeles, no tiene otra opción", resume Tazeeb.

Marco Omizzolo, sociólogo de la Universidad La Sapienza e investigador de Eurispes, es uno de los mayores expertos italianos en el fenómeno. Tras más de dos décadas investigando, convivió durante casi dos años con jornaleros indios e incluso se infiltró como trabajador agrícola para documentar el sistema desde dentro. "Trabajábamos entre 14 y 16 horas al día por salarios que en algunos casos apenas alcanzaban los 300 o 350 euros al mes", recuerda. Para Omizzolo, la razón principal por la que el caporalato persiste es simple: "Porque es conveniente. Es económicamente rentable". A esto se suma una sensación generalizada de impunidad. "Muchos empresarios que explotan mano de obra migrante están convencidos de que nunca serán inspeccionados o de que los controles serán mínimos", lamenta.

Omizzolo ha documentado además una realidad aún más extrema: desde 2014 investiga sobre trabajadores agrícolas obligados a consumir opio, metanfetaminas y otros estimulantes para soportar jornadas extenuantes. Uno de ellos le explicó: "Sin esas sustancias no puedo trabajar. Si no puedo trabajar, no puedo comer. Si no puedo comer, no puedo mantener a mi familia. Estoy obligado a drogarme para sobrevivir". Omizzolo concluye: "La sociedad se define como democrática y constitucional, pero produce al esclavo contemporáneo".

En Calabria, miles de trabajadores viven en barracones, edificios abandonados o campamentos improvisados. Médicos por los Derechos Humanos (MEDU), una organización que asiste a trabajadores agrícolas migrantes en el sur de Italia, documenta regularmente viviendas sin agua corriente, electricidad ni servicios sanitarios adecuados. En algunos casos, los residuos se queman al aire libre y los temporeros recorren varios kilómetros en bicicleta para llegar a los campos por carreteras sin iluminación. Los equipos médicos encuentran habitualmente enfermedades respiratorias, problemas dermatológicos, trastornos musculares y lesiones laborales que a veces requieren hospitalización.

Yvan Sagnet, fundador de la organización No Cap y antiguo jornalero, impulsó la histórica huelga de Nardò en 2011, la primera gran protesta de jornaleros migrantes en Italia. Ese hito situó el fenómeno en el centro del debate nacional y abrió el camino a las primeras reformas legales. Sin embargo, Sagnet advierte que el caporalato ha evolucionado. "Si hace una década era más visible, hoy ha adoptado formas mucho más sofisticadas. Ya no es el de 2011, pero ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación. Hoy la explotación se esconde detrás de falsas cooperativas, subcontratas o mecanismos aparentemente legales. Ha disminuido la tolerancia social y han aumentado los controles, pero sigue ahí", dice.

Jean-René Bilongo, presidente del Observatorio Placido Rizzotto, subraya la gravedad del fenómeno: "El caporalato convierte a las personas en objetos y las tira cuando ya no son útiles. Es una forma de esclavitud moderna y supone una gravísima herida para la cultura del trabajo".

Tazeeb fue uno de los primeros temporeros extranjeros en denunciar públicamente los abusos hace casi cuatro años. Aunque la justicia le dio la razón y hoy cuenta con permiso de residencia, el proceso fue largo y tortuoso. Sigue trabajando en el campo, pero dirige simultáneamente una pequeña cooperativa agrícola creada junto a varios compañeros, sustituyendo la figura del intermediario e intentando conseguir para otros jornaleros las condiciones que él nunca tuvo. Sin embargo, asegura que el sistema sigue persiguiéndole. Los precios que muchos empresarios están dispuestos a pagar apenas permiten cubrir salarios, impuestos y cotizaciones. "Si acepto esas condiciones, no puedo trabajar legalmente", afirma. Tras años en los campos italianos, siente que aún no ha logrado escapar de la telaraña de precariedad: "Muchos empresarios me dicen que otros pakistaníes o indios aceptan trabajar por menos. Solo he encontrado una o dos personas que paguen de forma justa. Apenas he podido enviar dinero a mi familia una vez", lamenta.

La infiltración de organizaciones criminales ha convertido el caporalato en un negocio aún más lucrativo y peligroso. Investigadores y sindicatos denuncian desde hace años que clanes locales e intermediarios criminales extranjeros trabajan de forma coordinada. El único superviviente de la matanza de Calabria del 1 de junio, actualmente bajo protección policial, denunció ante los investigadores la existencia de una gran red mafiosa pakistaní detrás del control de la mano de obra agrícola. Tazeeb comparte esa percepción y asegura haber oído a los intermediarios presumir de sus conexiones con los clanes locales y afirmar que las denuncias de los temporeros no les preocupaban. "Las mafias italianas y algunos intermediarios extranjeros trabajan juntos. Y, cuando trabajan juntos, quienes siempre salen perjudicados son los trabajadores", remarca.

Según el último informe de Eurispes, uno de los principales institutos de investigación socioeconómica de Italia, las mafias infiltradas en el sector agroalimentario —conocidas como "agromafias"— mueven ya más de 25.000 millones de euros al año mediante actividades como el caporalato y los abusos laborales, el fraude alimentario, el control de la logística y el desvío de fondos públicos. Omizzolo explica que en determinadas zonas agrícolas, "el territorio está mejor controlado por las mafias que por el Estado". En ese contexto, para algunos empresarios resulta más útil "mantener una relación de favor con las mafias que una relación de derecho con el Estado" para explotar a los trabajadores con total impunidad.

Italia aprobó en 2016 una ley específica contra el caporalato que amplió las herramientas judiciales para combatir la explotación laboral. Aunque supuso un avance importante, sigue siendo insuficiente para erradicar el fenómeno. "Los controles son demasiado esporádicos", sostiene Yvan Sagnet. Martina Castelli, coordinadora nacional de MEDU, señala: "Es necesario dejar de tratar el caporalato como una emergencia permanente y asumir que es un problema estructural del sistema agrícola italiano, que se alimenta de la vulnerabilidad de miles de trabajadores. Hay que garantizar derechos, protección y condiciones de vida dignas a quienes sostienen uno de los principales sectores productivos del país".

Bilongo insiste en que la inmensa mayoría de los agricultores italianos cumplen la ley, pero advierte de que existe un núcleo de empresarios e intermediarios que se aprovecha de las grietas del sistema y de la vulnerabilidad de los empleados agrícolas para mantener viva esa práctica abusiva.

El asesinato de los cuatro jornaleros en Calabria el 1 de junio de 2026 ha vuelto a situar este fenómeno en el centro del debate político y social en Italia. La principal organización agraria del país, Coldiretti, ha pedido reforzar los controles, garantizar condiciones de trabajo y de vida dignas para los temporeros y proteger a la inmensa mayoría de agricultores que cumplen la ley. El ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, ha prometido "tolerancia cero" contra quienes explotan a los trabajadores. "No son empresarios, son delincuentes", ha afirmado y ha señalado que el caporalato constituye una forma de competencia desleal para los productores que respetan las normas. El Gobierno ha anunciado un refuerzo de las inspecciones contra los abusos laborales.

Sin embargo, expertos advierten que las medidas anunciadas enfrentan un desafío estructural: el caporalato no es una anomalía sino una característica del sistema agrícola italiano que depende de la explotación de trabajadores vulnerables. Mientras persista la demanda de mano de obra barata, la impunidad de los explotadores y la infiltración criminal, el fenómeno seguirá adaptándose a nuevas formas legales aparentes, perpetuando la esclavitud moderna en los campos italianos.