Joven mexicano de 19 años muere bajo custodia de inmigración en Florida

Royer Pérez-Jiménez fue encontrado inconsciente y sin respuesta en su celda a las 02:34 hora local del lunes 16 de marzo por un oficial de detención, según declaró ICE en un comunicado emitido el miércoles. El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar pero no logró reanimarlo, y fue declarado muerto a las 02:51 de la madrugada, según la agencia.

"Murió de un presunto suicidio; sin embargo, la causa oficial de su muerte permanece bajo investigación", indicó el comunicado de ICE. La agencia añadió que el personal de la prisión comenzó "inmediatamente" los esfuerzos para salvar su vida tras encontrarlo.

Según ICE, Pérez-Jiménez fue arrestado en enero y acusado de fraude por suplantación de identidad, un delito grave, y resistencia a un oficial, un delito menor. Los funcionarios afirmaron que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en una fecha desconocida.

La agencia detalló que Pérez-Jiménez ingresó inicialmente a Estados Unidos el 19 de febrero de 2022, fue interceptado por la Patrulla Fronteriza y se le concedió retorno voluntario a México, pero reingresó al país en una fecha no determinada. Fue arrestado por segunda vez el 22 de enero de 2026 en el centro-este de Florida por agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Volusia.

El 21 de febrero fue transferido a custodia de ICE y trasladado al Centro de Detención del Condado de Glades el 26 de febrero, según la información proporcionada por la agencia. Cuando fue admitido en la cárcel, Pérez-Jiménez "negó cualquier problema o preocupación de salud conductual y respondió 'no' a todas las preguntas de evaluación de riesgo de suicidio", según ICE.

Pérez-Jiménez es la cuarta persona en morir bajo custodia federal de inmigración este mes, la decimotercera este año y la número 44 desde que Trump regresó al cargo en enero de 2025, según comunicados y estadísticas de ICE. Al menos otras dos personas inmigrantes han muerto durante operaciones de aplicación de la ley de inmigración de ICE o federales, según medios estadounidenses.

A sus 19 años, Pérez-Jiménez es el detenido de inmigración más joven en morir durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, según reportaron medios estadounidenses.

El número de muertes de detenidos de inmigración ha aumentado drásticamente durante la segunda administración Trump. Durante los cuatro años completos de la administración anterior de Joe Biden, se reportaron solamente 24 muertes bajo custodia de ICE, según estadísticas de la agencia.

El aumento se produce mientras la administración Trump ha estado llevando a cabo una represión migratoria a gran escala en la que decenas de miles de inmigrantes han sido arrestados y al menos dos ciudadanos estadounidenses fueron fatalmente disparados por agentes federales de inmigración en Minnesota.

Según Detention Watch Network, un grupo que se opone a la detención de inmigrantes, ha habido más de 42 muertes de migrantes bajo custodia desde que Trump regresó al cargo en enero de 2025.

El gobierno mexicano solicitó más detalles sobre la muerte de Pérez-Jiménez y la calificó como "inaceptable". "El Gobierno de México reitera que estas muertes son inaceptables y una vez más hace un llamado a las autoridades de inmigración para que lleven a cabo una investigación pronta y exhaustiva para aclarar las circunstancias que llevaron a esta muerte, determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas de no repetición", declaró la Secretaría de Relaciones Exteriores el jueves.

La muerte de Pérez-Jiménez ocurre en medio de una intensificación de las políticas migratorias de la administración Trump, que ha resultado en un incremento significativo de arrestos y detenciones de inmigrantes en todo el país. Las redadas de inmigración también han provocado múltiples muertes de migrantes, además de las dos muertes de ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes.

Las autoridades federales continúan investigando las circunstancias exactas que rodearon la muerte del joven mexicano, mientras organizaciones de derechos humanos y el gobierno mexicano exigen transparencia y rendición de cuentas en el caso.