La jueza Kathleen Williams anuló el acuerdo que el gobierno había alcanzado con Trump y sus hijos respecto a la filtración de sus declaraciones fiscales. El fallo bloquea un arreglo ampliamente criticado que el gobierno y los abogados del presidente habían negociado a principios de 2026 para resolver una demanda de 10.000 millones de dólares presentada por Trump y sus hijos sobre la filtración de sus declaraciones fiscales, según reportes de la BBC y The Guardian.

El acuerdo original incluía la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares destinado a compensar a víctimas de lo que el gobierno denominaba "politización de agencias federales" y otorgaba al presidente, su familia y entidades relacionadas inmunidad de auditorías fiscales. Tras una reacción negativa bipartidista, el fiscal general interino Todd Blanche anunció que el Departamento de Justicia estaba eliminando el fondo, pero las disposiciones de inmunidad fiscal permanecían en vigor.

En su sentencia de 56 páginas, Williams escribió que "la naturaleza de la demanda misma y la conducta de las partes y sus abogados desde su presentación dejan claro que esto fue un intento de usar la corte para proporcionar legitimidad a un acuerdo para conferir inmunidad a personas y entidades afiliadas al presidente y para asignar miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para remediar agravios no definidos en la ley", según The Guardian.

La jueza señaló que "la corte encuentra que este asunto fue presentado con un propósito impropio: obtener la aprobación judicial para un 'acuerdo' que no tenía base viable en la ley o los hechos". Williams también observó que Trump controlaba el Departamento del Tesoro, lo que significaba que nunca hubo una controversia genuina en el caso, un requisito fundamental para cualquier demanda.

Williams ofreció múltiples evidencias de por qué era claro que la demanda fue presentada de mala fe. Por ejemplo, uno de los abogados de Trump, Daniel Epstein, nunca intentó solicitar permiso para comparecer en el caso en el Distrito Sur de Florida, algo que había hecho en otros casos, lo que Williams interpretó como una señal de que nunca tuvo la intención de perseguir el caso, según The Guardian.

La jueza también señaló que el Departamento de Justicia nunca intentó responder preguntas obvias sobre si tal acuerdo violaba la cláusula de emolumentos de la Constitución o una ley que prohíbe al presidente ordenar o terminar una auditoría de un contribuyente en particular. Además, Williams observó que el hecho de que el gobierno pudiera unilateralmente terminar la porción del fondo de compensación sugería que las partes no eran realmente adversarias.

"La aparente capacidad del Fiscal General Interino Blanche de hablar por demandantes y demandados, firmar un documento de 'acuerdo' en nombre de todas las partes en esta acción, y luego repudiar parte de ese acuerdo, demuestra que solo había una parte cuyos intereses estaban siendo representados durante todo este caso", escribió Williams, según The Guardian.

El fallo también impide que Trump, sus hijos y su empresa, así como el gobierno, utilicen, ofrezcan, admitan o citen cualquier cosa del acuerdo de "acuerdo" en cualquier tipo de procedimiento. Esto significa que el IRS puede proceder con futuras auditorías de los reclamos fiscales de Trump, según la BBC.

Williams sancionó a los abogados de Trump por su conducta ante la corte. Refirió a Alejandro Brito, uno de los abogados de Trump, a la Junta de Abogados de Florida para posible acción disciplinaria. También bloqueó a Daniel Epstein de comparecer en nombre de clientes en el Distrito Sur de Florida durante al menos un año, según ambas fuentes.

La jueza también criticó a Todd Blanche, fiscal general interino, y a Stanley Woodward, fiscal general asociado, aliados cercanos de Trump, por su conducta en el caso, y los refirió a las juntas de abogados de Nueva York y el Distrito de Columbia, donde hay procedimientos disciplinarios en curso contra ellos, según The Guardian.

Williams también ordenó a las partes pagar los honorarios legales de los jueces jubilados y otras terceras partes que habían presentado escritos de amigos de la corte.

En respuesta, un portavoz del equipo legal de Trump dijo a la BBC que el IRS "permitió incorrectamente que un empleado rebelde y políticamente motivado filtrara información privada y confidencial" a los medios de comunicación. "El presidente Trump continúa responsabilizando a quienes dañan a Estados Unidos y a los estadounidenses", agregó el portavoz.

El caso se remonta a la filtración de información fiscal de Trump por Charles Littlejohn, un contratista anterior del IRS. Justo antes de las elecciones presidenciales de 2020, que Trump perdió, la información filtrada formó la base de una investigación del New York Times que reveló que Trump pagó solo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta el año en que ganó la presidencia en 2016, y ningún impuesto en 10 de los 15 años anteriores, según la BBC.

"El presidente Trump no persiguió sus reclamos hasta que una vez más ocupó la Casa Blanca y había designado a su antiguo abogado, y al antiguo abogado de personas que son supuestos beneficiarios del 'Fondo Anti-Politización' en posiciones prominentes en el Departamento de Justicia", escribió Williams, según la BBC. "Estos funcionarios luego negociaron en nombre de Estados Unidos, con sus abogados actuales, incluyendo su antiguo Asesor de la Casa Blanca para llegar a un 'acuerdo'. Es risible sugerir que alguna vez hubo adversidad entre las Partes".

El fallo de Williams llegó después de que la jueza tomó el paso extraordinario de reapertura del caso a instancias de un grupo de jueces federales jubilados. Previamente había cerrado el caso después de que Trump voluntariamente retirara sus reclamos cuando se alcanzó el acuerdo, según The Guardian.

Brandon DeBot, director de políticas del Centro de Derecho Fiscal con sede en la Universidad de Nueva York, calificó el acuerdo como un "trato ventajoso" para Trump que le había dado exenciones "no autorizadas e sin precedentes" de las reglas de auditoría fiscal. "La decisión de la corte es importante, pero no elimina la necesidad de acción del Congreso para anular completamente el acuerdo y prevenir cualquier intento similar de auto-negociación presidencial en el futuro", dijo DeBot a la BBC.

El plan para el fondo propuesto de "anti-politización" fue abandonado a principios de junio, solo una semana después de que otro juez temporalmente impidiera que funcionarios del Departamento de Justicia lo implementaran. Esa orden llegó después de que dos hombres que alegaban que el fondo era discriminatorio presentaran una demanda en Virginia. Los demandantes dijeron que habían sido objeto de represalias políticas por la administración Trump pero creían que no se les permitiría presentar reclamos de compensación.

El plan ampliamente criticado generó alarma entre demócratas y algunos republicanos, quienes argumentaron que podría resultar en pagos a personas que fueron procesadas por el motín del Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021, incluyendo aquellos condenados por agredir a oficiales de policía, según la BBC.

Se espera que Todd Blanche sea cuestionado sobre el acuerdo cuando enfrente a legisladores el miércoles en una audiencia de confirmación para convertirse en fiscal general permanente, según The Guardian.

Los críticos aún quieren que el Congreso actúe para prevenir que el acuerdo entre en vigor. "La decisión de la corte es importante, pero no elimina la necesidad de acción del Congreso para anular completamente el acuerdo y prevenir cualquier intento similar de auto-negociación presidencial en el futuro", reiteró DeBot.