El juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, ha accedido a una petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para obtener una radiografía completa de las cuentas bancarias del PSOE de los dos últimos periodos, según informaron fuentes jurídicas. La decisión judicial permite a los investigadores recabar todos los movimientos bancarios del partido en seis cuentas en los ejercicios 2024 y 2025, así como de varias empresas y particulares implicados en la presunta trama.

La UCO solicita los registros del PSOE en las entidades bancarias Santander, BBVA, CaixaBank, Abanca, Unicaja y Sabadell, según adelantó la Cadena SER y confirmó El País en un oficio de la Unidad fechado el pasado lunes. Pero la petición va más allá de las cuentas del partido socialista español.

La Guardia Civil solicita también que el juez Pedraz pida a la Agencia Tributaria un informe exhaustivo de las cuentas bancarias del PSOE y de su partido hermano en Cataluña, el PSC, además de empresas y particulares presuntamente implicados. Además, la UCO reclama a Pedraz que requiera las relaciones comerciales mantenidas por el PSOE con varias empresas que figuran presuntamente implicadas en la trama, como las del despacho de Gaspar Zarrías, empresas del abogado Ismael Oliver, Grupo Crónica Libre y, en el caso del PSC, con el Grupo IKI.

En el oficio, que se enmarca en la parte del caso que Pedraz aún mantiene bajo secreto, la Guardia Civil quiere que el juez pida a la Agencia Tributaria, para los años 2024 y 2025, una larga lista de informaciones bancarias y financieras del PSOE y del PSC, según El País. Además, las quiere también de otros implicados en la presunta trama, como el mencionado Zarrías, los abogados Oliver y Jacobo Teijelo, y de empresas que aparecen en las pesquisas, como Zaño Sociedad Consultores (de Zarrías), el estudio jurídico y una comercial de Oliver, Crónica Libre y de al menos cinco sociedades del Grupo IKI.

En concreto, se solicitan de todos ellos sus cuentas bancarias, con sus titulares y autorizados, y los movimientos en efectivo, además de cheques, fondos de inversión, valores, seguros, bienes inmuebles urbanos y rústicos, transmisiones patrimoniales, hipotecas, declaraciones de impuestos y un largo etcétera, según la fuente.

La UCO pide al juez una suerte de control total sobre la información, porque solicita autorización para recibir directamente los datos y para que sus agentes puedan pedir directamente ampliaciones y aclaraciones adicionales a bancos y empresas, se entiende que sin necesidad de nuevos requerimientos judiciales intermedios. Así, se especifica una petición al juez para que los bancos faciliten de forma directa a la unidad de la Guardia Civil cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases. Y solicita al instructor que sus agentes puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria precisen para el esclarecimiento de los hechos que nos ocupan. La UCO fundamenta esta petición en el objetivo de agilizar las investigaciones, según El País.

El PSC asegura en un comunicado que, de momento, no ha recibido ningún requerimiento judicial y defiende que seguirá colaborando con transparencia, según informó Àngels Piñol. La nota, la tercera que emite el partido desde el pasado 29 de mayo, apunta que los socialistas catalanes actúan siempre cumpliendo la ley electoral, como ha quedado reflejado en los sucesivos informes de la Sindicatura y el Tribunal de Comptes, que disponen de todos los datos.

Además de los datos bancarios y fiscales mencionados, la UCO requiere información sobre cajas de seguridad alquiladas, bienes en el extranjero (cuentas, inmuebles o activos fuera de España), modelo 750 (una declaración tributaria que puede estar vinculada con procesos extraordinarios de regularización fiscal), tráfico de divisas, importaciones y exportaciones, DUA (documentos únicos administrativos utilizados en operaciones aduaneras), pagos del Tesoro (cobros o pagos realizados desde organismos públicos del Estado), operaciones intracomunitarias (transacciones económicas dentro de la Unión Europea), planes de pensiones y sistemas alternativos de ahorro previsional, atribuciones de renta (el mecanismo fiscal por el que determinadas rentas se imputan a terceros aunque no las cobren directamente) y cuentas con abonos superiores a tres millones de euros, un indicador que Hacienda utiliza para detectar movimientos financieros de especial relevancia, según la fuente.

Las pesquisas se encaminan, pues, a una investigación patrimonial y financiera integral sobre particulares, mercantiles, sus circuitos de pagos y pagos relacionados con la presunta trama, según El País.

La petición de la UCO parece encaminada a respaldar varios de los indicios que la unidad operativa ha recopilado de las relaciones económicas de Leire Díez y otros miembros de la trama con el PSOE, según la fuente. En 2024, la supuesta fontanera del PSOE comenzó a comentar en su entorno que quiere pagarle Santos Cerdán, al que el juez atribuye indiciariamente que pudo poner a disposición de la trama la estructura del partido. Díez hizo algún remilgo a que se le abonara a través del despacho de Gaspar Zarrías, pero finalmente fue contratada en junio de 2024 y comenzó a recibir pagos de 4.000 euros al mes, según El País.

El juez entiende que después se arbitró otro procedimiento con el mismo objetivo de pagar a Díez sus servicios, y que consistió en usar dos sociedades que administraba el abogado Ismael Oliver, según el sumario. El PSOE abonó a Estudio Jurídico I. Oliver & Partners un importe de 27.225 euros pero, con el objetivo de romper la trazabilidad de los fondos, Oliver usó otra sociedad suya, Oliver Gruppe S. L., para entregárselos a Leire Díez, recoge el sumario según la fuente.

La petición sobre la empresa Grupo Crónica Libre parece derivar de un pago a la periodista Patricia López, ya fallecida, de una cantidad cercana a los 20.000 euros a través del plan de medios del Partido Socialista, según la investigación. La empresa era la propietaria del medio Crónica Libre, al que la investigación atribuye publicar informaciones que contribuían a los objetivos de la trama, esto es, la desestabilización de causas judiciales que salpicaban al Gobierno y al PSOE, según El País.

Del grupo IKI, integrado por al menos cinco empresas, la UCO señala que ya ha detectado pagos por 18.125,80 euros de IKI Group Communications SL en 2024, que la Guardia Civil relaciona con un pago vinculado a la campaña de las elecciones catalanas de ese año, según la fuente.

La investigación del caso Leire se centra en una presunta trama que habría utilizado la estructura del PSOE para realizar pagos irregulares a través de despachos de abogados y empresas intermediarias, con el objetivo de ocultar la trazabilidad de los fondos. El juez Pedraz mantiene parte del caso bajo secreto de sumario mientras continúan las pesquisas.

La autorización judicial para que la Guardia Civil pueda solicitar directamente ampliaciones y aclaraciones sin nuevos requerimientos judiciales intermedios representa un paso significativo en la investigación, permitiendo a los agentes agilizar el proceso de recopilación de información financiera. Esta medida facilitará el seguimiento de los circuitos de pagos y las relaciones comerciales entre el partido, las empresas investigadas y los particulares implicados en la presunta trama.

La investigación patrimonial y financiera integral que ahora se despliega sobre el PSOE, el PSC y las empresas y particulares relacionados con el caso Leire determinará si existieron irregularidades en los pagos realizados y si se utilizaron mecanismos para ocultar la procedencia o el destino de los fondos. Los resultados de esta investigación bancaria podrían tener implicaciones significativas para el partido socialista español y sus dirigentes si se confirman las sospechas de la Guardia Civil sobre la existencia de una trama organizada de pagos irregulares.