El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos dictó sentencia tras más de cuatro meses de juicio oral y 30 audiencias sobre uno de los casos que mayor conmoción pública despertó en Argentina durante la última década, según El País. El submarino ARA San Juan de la Armada argentina desapareció en el mar en noviembre de 2017 mientras se dirigía desde Ushuaia, en el extremo austral del país, hacia Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, con 44 tripulantes a bordo.

La búsqueda desesperada de las primeras semanas, cuando se estimaba que los marinos aún tendrían aire para sobrevivir, fue infructuosa, según la fuente. El submarino recién fue localizado un año después, a más de 900 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de la costa patagónica, a la altura del Golfo San Jorge.

El tribunal determinó que el capitán de navío Claudio Villamide, quien era responsable de la Fuerza de Submarinos de la Armada, incumplió sus deberes de funcionario público y es culpable de estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas, según el fallo. Villamide ya había sido destituido por un consejo de guerra. La condena judicial prevé tres años de detención de ejecución condicional: si cumple con los requisitos exigidos por el tribunal, no irá a prisión.

El fallo absolvió al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, y a los capitanes Héctor Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, y Hugo Correa, exjefe de Operaciones, según la sentencia.

El proceso judicial no incluyó entre los acusados a las autoridades políticas de la época, el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), ni a las autoridades militares, según El País. El expediente limitó la acusación a cuatro oficiales navales con responsabilidades en la planificación y el mantenimiento del submarino, superiores al comandante del ARA San Juan, el capitán de fragata Pedro Fernández, fallecido en el hundimiento.

Al argumentar la acusación, la fiscalía sostuvo que el submarino se hundió por una implosión y que se trató de una "tragedia previsible", que evidenció fallas críticas de mantenimiento y de respuesta ante alertas previas, según la fuente. Un día antes de perder todo contacto, el submarino había difundido un mensaje informando de un "ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías", un "cortocircuito" y un "principio de incendio controlado".

Para los fiscales, ante la señal de alarma los acusados no tomaron las medidas de seguridad necesarias, como convocar un análisis de expertos o limitar la navegación a la superficie para reducir riesgos, según la acusación. Por eso, habían solicitado cinco años de prisión para López Mazzeo y Villamide, cuatro años de prisión para Alonso y tres años y medio para Correa.

Antes del anuncio de la sentencia, el condenado Villamide expresó sus últimas palabras frente al tribunal y se declaró inocente: "No entiendo por qué me han acusado por el naufragio del submarino. A lo largo del proceso no me pudieron explicar qué hice mal", dijo y aseguró que fue acusado aún cuando no se conocen las causas del hundimiento, según El País. "Nunca me preguntaron nada y, sin embargo, me acusan. Este es un juicio a la Armada", alegó.

El contralmirante López Mazzeo, uno de los absueltos, también cuestionó el juicio e insistió en que el ARA San Juan estaba en condiciones de navegar bajo el agua, según la fuente.

Los familiares de las víctimas del naufragio esperaban mayores condenas y que no hubiera absoluciones. Luis Tagliapietra, padre de un tripulante y abogado querellante en el juicio, dijo a la agencia EFE que estaba disconforme con la sentencia y denunció que el tribunal "no respetó las garantías constitucionales", según El País.

La abogada Valeria Carreras, representante de otro grupo de familiares de tripulantes, aseguró a la prensa local: "La primera reacción de las familias es que esto es poco, no lo esperábamos", según la fuente. De todos modos, celebró que en la causa se haya conseguido desbaratar la explicación oficial sobre el accidente, su mera atribución a los riesgos que supone la navegación marítima.

Carreras remarcó que el fallo es "un logro" y que es "muy importante haber podido probar el estrago culposo. Con esta sentencia no solo hay cierta justicia para los 44 tripulantes, sino que hay un mensaje a las fuerzas armadas y a todos los estamentos del Estado para que cuiden a los servidores de la patria", según sus declaraciones.

El tribunal no dio a conocer aún los fundamentos de la sentencia, que se harán públicos a fines de agosto próximo, según El País. En ese momento, las querellas y la fiscalía definirán si, como dieron a entender, apelarán ante una instancia judicial superior.

El caso del ARA San Juan expuso las deficiencias en el mantenimiento y la gestión de riesgos en la Armada argentina. La tragedia dejó 44 familias sin sus seres queridos y planteó interrogantes sobre la responsabilidad institucional en la seguridad de los efectivos militares. La sentencia, aunque parcial según los familiares, establece un precedente sobre la responsabilidad de los mandos militares en la prevención de tragedias evitables y podría influir en futuras reformas en los protocolos de seguridad de las fuerzas armadas argentinas.