La oposición venezolana queda marginada tras la captura de Maduro por EE.UU.

La captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores mediante una operación militar estadounidense ha reconfigurado completamente el escenario político venezolano en menos de 48 horas. Estados Unidos avanza ahora en sus planes con los dirigentes chavistas que permanecen en el poder, marginando a la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, marcó un antes y un después en la estrategia de Washington al declarar el domingo en el programa Meet the Press de NBC: 'María Corina Machado es fantástica, y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo, al igual que todo el movimiento [opositor], pero estamos lidiando con la realidad inmediata'. Rubio añadió que 'desafortunadamente' la oposición 'está fuera de Venezuela' y hay que actuar 'a corto plazo', razón por la cual Estados Unidos 'pondrá a prueba' a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

El presidente Donald Trump ha confirmado que trabajarán con Rodríguez, quien ha asumido la presidencia interina con el respaldo del Tribunal Supremo, 'hasta el momento en que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata', según informó El País. Sin embargo, en una entrevista con The Atlantic, Trump advirtió que Rodríguez podría pagar 'un precio muy alto', incluso mayor que el de Maduro, si no alinea su política con las exigencias de Washington.

Rodríguez, quien ha construido un sólido liderazgo dentro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y es conocida por su eficacia como gerente y operadora política, se mantiene públicamente beligerante, asegurando que 'el único presidente de Venezuela' es Maduro, a pesar de haber recibido la aprobación del Tribunal Supremo para asumir sus responsabilidades.

La ausencia de Machado en este momento decisivo resulta notable. La líder opositora, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en diciembre de 2024 por liderar un movimiento pacífico que demostró la victoria electoral de González en julio de ese año, abandonó Venezuela a principios de diciembre tras permanecer en la clandestinidad, sometida a amenazas de cárcel y persecución. Aunque prometió regresar pronto, finalmente no lo hizo y comenzó lo que parece ser un exilio clandestino, ya que ni ella ni su equipo informan sobre su paradero.

El equipo de Machado ha emitido un comunicado titulado 'Llegó la hora de la libertad', en el que afirma que ante la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. El texto insiste en que 'es la hora de los ciudadanos' y que González Urrutia 'debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas'.

Por su parte, González Urrutia rompió su silencio el domingo con un video de poco más de tres minutos en sus redes sociales, donde pidió la liberación de los presos políticos y exigió a las Fuerzas Armadas que respeten el resultado electoral. 'La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los ciudadanos privados de la libertad por razones políticas', declaró.

El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, cercano políticamente a Machado y exiliado en Madrid, también celebró la operación contra Maduro, afirmando que 'el régimen está liquidado' y pidiendo apoyo para González Urrutia. 'La transición legítima tiene nombre y apellido: Edmundo González. Su heredad democrática debe ser protegida de la expoliación. Cuando esa transición convoque elecciones libres, María Corina Machado las ganará con resultados inéditos', escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, en la nueva configuración del relato estadounidense sobre la crisis venezolana tras la captura de Maduro, las elecciones del 28 de julio —la gran bandera de Machado— parecen haber quedado en segundo plano. Las prioridades de Washington se centran ahora en el petróleo y en asegurar la estabilidad política e institucional que garantice nuevas inversiones.

El chavismo, por su parte, ha resuelto la captura de Maduro con una declaratoria de ausencia temporal del presidente que puede estar vigente por 90 días y prorrogarse por otros 90 si la Asamblea Nacional lo aprueba, antes de que sea necesario convocar nuevas elecciones según el artículo 244 de la Constitución. Esta maniobra permite al alto mando revolucionario postergar su salida definitiva durante un periodo en el que Estados Unidos parece dispuesto a negociar sin recurrir a más acciones militares.

Este lunes comienza el periodo de sesiones de una nueva Asamblea Nacional en la que un grupo de 14 opositores moderados —no alineados con la estrategia de presión de Machado— tendrá interlocución. Figuras como Henrique Capriles, Stalin González, Luis Emilio Rondón y Tomás Guanipa, que apostaron por asegurar al menos un escaño en el Parlamento para intentar hacer contrapeso al chavismo, podrían jugar un papel relevante en este nuevo escenario.

Según analistas como Brian Fonseca, director del Jack D. Gordon Institute for Public Policy en la Florida International University, 'lo que suceda a continuación dependerá no de la ausencia de Nicolás Maduro, sino de la disposición de la élite política de Venezuela, de su institución militar y de la oposición para abrazar un acuerdo político inclusivo en lugar de una confrontación de suma cero'.

Fonseca advierte que 'los miembros de las fuerzas armadas y de los servicios de seguridad, socializados durante mucho tiempo para ver a la oposición como una amenaza existencial, desconfían profundamente de los líderes opositores y temen represalias, marginación o la pérdida de privilegios bajo un gobierno liderado por la oposición'. Sin una convergencia en torno a un acuerdo negociado, Venezuela corre el riesgo de caer en otro ciclo de conflicto en lugar del tan esperado camino hacia la renovación democrática.

El experto sugiere que 'un camino imperfecto pero plausible es la formación de un gobierno de transición que combine remanentes de la élite política existente con fuerzas democráticas', donde figuras como Rodríguez y otros altos funcionarios del régimen ocuparían cargos interinos con un mandato estrictamente definido: mantener la continuidad institucional mientras supervisan una transición que culmine en elecciones creíbles en un plazo de 12 a 18 meses.

Este tipo de arreglo exigiría concesiones dolorosas de todas las partes. Los aliados de Maduro tendrían que renunciar al control de facto y aceptar límites vinculantes a su autoridad. La oposición tendría que tolerar un gobierno de transición que incluya a actores a los que se ha opuesto durante mucho tiempo y ofrecer garantías creíbles a las fuerzas armadas y los servicios de seguridad de que la transición no se convertirá en una purga.

La captura de Maduro marca el fin de una era para Venezuela, pero el camino hacia la democracia sigue siendo incierto. Como señala Fonseca, 'remover a un autócrata suele ser solo el inicio de la lucha democrática, no su conclusión'.