Líder político ghanés condenado a 20 años de cárcel por minería ilegal en primer caso de alto nivel
Bernard Antwi Boasiako, presidente regional del Partido Nuevo Patriótico de Ghana y conocido popularmente como "Chairman Wontumi", fue condenado el lunes a 20 años de cárcel con trabajos forzados por delitos de minería ilegal, convirtiéndose en el primer político de alto nivel del país en ser declarado culpable desde que el gobierno intensificó su lucha contra esta práctica en 2017. La sentencia, dictada en un tribunal de Acra, la capital, también le impone una multa superior a 10.000 dólares estadounidenses, lo que ha generado reacciones encontradas: mientras activistas ambientales celebran la condena como un precedente importante, su partido denuncia que la sentencia es políticamente motivada.
Boasiako fue hallado culpable de "asignar derechos minerales sin aprobación" y de "facilitar una operación minera sin licencia" a través de su empresa, Akonta Mining, según informó la BBC. El político negó los cargos durante el proceso, pero mostró visible conmoción cuando el juez leyó la sentencia.
Los fiscales presentaron pruebas de que Boasiako permitió a dos individuos, Henry Okum y Michael Gyedu Ayisi, realizar actividades mineras en la concesión de Akonta Mining sin obtener la aprobación requerida del ministerio de tierras y recursos naturales de Ghana.
El Partido Nuevo Patriótico (NPP, por sus siglas en inglés) rechazó la condena argumentando que se trata de una persecución política selectiva. Justin Kodua Frimpong, secretario general del partido, declaró a reporteros: "La lucha contra la minería ilegal no puede volverse creíble solo cuando se dirige contra opositores políticos respecto de quienes no existe evidencia de delito". Frimpong alegó que el juez ignoró "evidencia clara" que habría exonerado a Boasiako. El partido ya ha iniciado el proceso legal para impugnar la condena.
Ghana es el principal productor de oro de África, pero la minería ilegal, conocida localmente como "galamsey", ha contaminado significativamente las aguas y el medio ambiente del país. A lo largo de los años, sucesivos gobiernos han intentado combatir el problema, incluso desplegando fuerzas militares, con resultados limitados.
Adib Saani, director ejecutivo del Centro Jatikay para la Seguridad Humana y la Construcción de la Paz, acogió favorablemente la condena, señalando que "envía una señal fuerte de que la rendición de cuentas es indispensable si Ghana quiere proteger sus bosques, ríos y otros recursos naturales". Los activistas ambientales consideran que la sentencia actuará como disuasivo para otros políticos y empresarios que financian actividades de minería ilegal.
La condena de Boasiako representa un hito en los esfuerzos de Ghana por abordar la minería ilegal, un problema que ha afectado gravemente los ecosistemas del país durante décadas. Sin embargo, la polarización política en torno al caso refleja las tensiones más amplias sobre cómo se aplica la justicia en el país y si las acciones contra la minería ilegal se ejecutan de manera equitativa o selectiva según líneas partidistas.