Los seísmos que sacudieron el norte de Venezuela la tarde del 24 de junio dejaron un panorama de devastación sin precedentes. El derrumbe de cientos de edificios e instalaciones ha dejado a miles de familias sin casas, mientras hospitales y escuelas registraron daños importantes. El servicio europeo Copernicus detectó 434 inmuebles completamente derrumbados en las zonas afectadas, y un total de 1.304 que podrían haber sido dañados. Los análisis preliminares de instituciones académicas sugieren que decenas de miles de edificaciones sufrieron algún grado de afectación.

Según la evaluación del Banco Mundial, el 47% de los daños se produjeron en edificios residenciales, seguido de infraestructuras con el 27% y edificios no residenciales con el 26%. El Estado de La Guaira, especialmente en sectores como Catia la Mar y Caraballeda, y el área metropolitana de Caracas fueron las zonas más afectadas, representando alrededor de la mitad de los daños totales.

La magnitud de la catástrofe ha generado una crisis humanitaria inmediata. UNICEF alerta de que 1,8 millones de personas, incluidos 680.000 niños, necesitan asistencia humanitaria tras la catástrofe. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la situación amenaza con desatar una crisis sanitaria en el país, que no dispone de recursos para afrontar una devastación de esta dimensión.

El contexto económico agrava significativamente la capacidad de recuperación de Venezuela. El país ha estado sumido en una recesión desde que Estados Unidos impuso un férreo embargo económico al régimen chavista en 2017. Desde entonces, el PIB venezolano se contrajo un 74% durante los últimos 10 años, según datos del Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial explica que, debido a la escasez de recursos de Caracas, con un bajo nivel de inversión pública y privada, la reconstrucción tendría que financiarse en gran medida redirigiendo recursos de otros proyectos.

Los economistas del organismo multilateral advierten sobre las perspectivas de recuperación. "En este escenario, la reconstrucción permanecería incompleta durante un horizonte de diez años, con efectos negativos duraderos en la actividad económica", señalan. "Un esfuerzo de reconstrucción más rápido apoyado por una mayor inversión pública y privada mitigaría el impacto económico y social de los terremotos", subrayan.

La situación ha generado presiones políticas internacionales sobre la política de sanciones estadounidenses. Un total de 14 congresistas del Partido Demócrata enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitándole que levante las sanciones económicas sobre Venezuela para que pueda hacer frente a la catástrofe. Los legisladores estadounidenses reclaman el fin "inmediato de las amplias sanciones económicas de Estados Unidos contra el país y a hacer todo lo que esté a su alcance para facilitar el acceso de Venezuela a sus activos congelados en el extranjero".

Más de un centenar de economistas firmaron hace dos semanas un manifiesto reclamando a la Administración Trump que actúe "de inmediato para liberar la respuesta humanitaria y la reconstrucción de Venezuela frente a las sanciones económicas y financieras continuas, la congelación de activos y las onerosas cargas de deuda". Solicitan a la Casa Blanca que lidere las gestiones para conseguir que se liberen más de 15.000 millones de dólares en fondos que Venezuela tiene congelados, entre los que se incluyen los mecanismos de financiación del FMI.

Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, afirmó que "los terremotos han alterado vidas, dañado infraestructuras críticas y creado nuevos desafíos para la recuperación de Venezuela". El organismo ha elaborado el informe de daños con el objetivo de difundir "la magnitud de la tarea de reconstrucción y a priorizar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción, mientras el país afronta uno de los desastres más significativos de su historia reciente".

El Banco Mundial está trabajando con el Gobierno de Venezuela y sus socios para el desarrollo, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), para definir el apoyo técnico y financiero adicional necesario para la evaluación de daños y necesidades adicionales, recuperación y reconstrucción. Sin embargo, la magnitud de los daños y las limitaciones económicas estructurales del país plantean desafíos sin precedentes para cualquier esfuerzo de recuperación en el mediano y largo plazo.