La ciudad de Fresnillo, ubicada en el estado central mexicano de Zacatecas, ha sido la más afectada por la masacre que ha dejado diez muertos. Los cuerpos fueron encontrados en tres ubicaciones diferentes dentro del estado durante el fin de semana, aunque las autoridades reportan que no se han presentado denuncias formales sobre los secuestros.

Según reportes preliminares, los diez hombres fueron abducidos en diferentes momentos durante el fin de semana. Cinco de los cuerpos fueron hallados colgados de un puente, parcialmente desnudos y mostrando signos evidentes de tortura. El descubrimiento ha generado pánico entre los aproximadamente 240.000 residentes de Fresnillo y ha impactado al país entero.

Hasta el momento, se desconocen los vínculos específicos que unían a las víctimas más allá de sus asesinatos brutales. La fiscalía del estado trabaja bajo la hipótesis de "posibles actos de colusión y extorsión por servidores públicos". Cinco personas han sido detenidas en relación con los crímenes: tres de ellas fueron capturadas el martes durante un patrullaje, incluyendo a dos hombres de 22 y 23 años y una menor de 16 años. En esos arrestos se incautaron armas y drogas.

El Cártel de Sinaloa, que mantiene células operativas en Zacatecas, reivindicó la responsabilidad de los asesinatos mediante un video desafiante que muestra a hombres armados y enmascarados.

Entre las víctimas se encuentran dos funcionarios municipales de Fresnillo. Fidel Alvarado de la Torre, quien era jefe de Desarrollo Social del ayuntamiento, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero que formaba parte del equipo de protección civil municipal. El cabildo de Fresnillo, gobernado por una alianza de partidos de oposición (PRI, PAN, PRD) contra el ejecutivo estatal controlado por el partido de izquierda Morena, describió a ambos como "funcionarios eficientes, amables y profundamente comprometidos con su trabajo".

Dos de los asesinados eran empresarios padre e hijo: Armando Ledesma Aguirre y José Armando Ledesma Campos. Dirigían empresas en varios sectores, incluyendo minería, transporte de agua y combustible, y construcción. La Cámara de la Industria de la Construcción de Zacatecas condenó los asesinatos e hizo un llamado a "la sociedad civil y el sector privado" a mantenerse "unidos, sin normalizar la violencia".

Otros dos empresarios de Fresnillo fueron asesinados: Juan Carlos Berumen Guerrero, propietario del bar Las míster que también trabajaba como DJ, y Jesús Daniel Rivera Sandoval, empresario dedicado a la organización de eventos que participaba en la feria local. Berumen era activo en redes sociales y organizaba conciertos en su establecimiento. La última publicación de Facebook del negocio, promocionando un show de Los Palomitos con entrada gratuita para mujeres hasta las 23:00 horas, fue publicada dos días antes de que fuera encontrado muerto.

Ignacio "Nacho" Castrejón Valdez, arquitecto y empresario de 59 años, fue otra de las víctimas. Nació y pasó toda su vida en Sombrerete, un municipio de poco más de 25.000 habitantes ubicado aproximadamente a 32 kilómetros de la localidad homónima en el estado vecino de Durango. Era sobreviviente de cáncer y fue descrito por familiares y asociados como determinado y comprometido. Es hermano de Natividad Castrejón, actual secretaria de educación pública de Hidalgo, y padre de cuatro hijos.

En 2002, Castrejón fundó Grupo CAVI, que lideró como socio mayoritario en Sombrerete comenzando con 30 empleados. Posteriormente estableció cuatro empresas adicionales dentro del grupo, todas relacionadas con producción de concreto, construcción, instalaciones y estructuras. Su fuerza laboral actual suma aproximadamente 500 personas. También proporcionaba servicios a empresas mineras dentro y fuera de Zacatecas. La Asociación Civil Clúster Minero de Zacatecas lamentó su muerte y publicó un comunicado: "Su legado y contribuciones permanecerán en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo". Las autoridades encontraron el cuerpo de Castrejón en el municipio de Sain Alto, aproximadamente a 48 kilómetros de Sombrerete.

Fernando Alan Robles de la Torre, representante de la empresa zacatecana Robles Hermanos Construcciones, también fue asesinado. En 2013 ganó una licitación de obras públicas con el gobierno para la expansión de trabajos de terracería, pavimentación, señalización, drenaje y otros proyectos complementarios en Zacatecas. En otro contrato completado en 2015, De la Torre firmó como representante legal de la empresa en un contrato con los servicios de salud del estado para construcción y equipamiento de un centro de salud.

José Ángel Valdéz Rivera, de 53 años, fue otra de las diez personas asesinadas. Era productor agrícola y líder del sector ganadero en Jiménez del Teúl, un municipio de aproximadamente 4.500 habitantes que también limita con Durango. Fungía como presidente de la asociación ganadera municipal, que tras su muerte recordó su legado y contribuciones al sector. "Deja una huella imborrable", publicaron. Era conocido cariñosamente como "El Moreno" y era reconocido en la comunidad "por extender la mano cuando la gente lo necesitaba". La desaparición de Valdéz Rivera fue la única de los diez casos que fue reportada públicamente, al menos en redes sociales. Una publicación del 18 de julio reportaba su desaparición: "Ayer, 17 de julio de 2026, desapareció el señor José Ángel Valdéz Rivera; fue visto por última vez en Canoas, Jiménez del Teúl, Zacatecas. La segunda foto muestra lo que vestía ayer; cualquier información que ayude a localizarlo sería muy apreciada".

Andrés Vázquez Gurrola, exregidor y exdirector de seguridad pública del municipio de Canacatlán en Durango, también fue asesinado. Era abogado y dedicó su vida a diversos roles de servicio público en su municipio. Fue líder municipal de Movimiento Territorial, una organización vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Medios locales reportaron que durante ese tiempo coordinaba actividades comunitarias y sociales. En 2020 renunció al PRI y al liderazgo de Movimiento Territorial para continuar trabajando de forma independiente. "Canatlán pierde un ser humano excepcional", publicaron amigos en redes sociales.

La economía de Fresnillo se centra en la industria automotriz de Estados Unidos, la minería —Zacatecas alberga algunos de los depósitos de plata más grandes del mundo— y actividades agrícolas y ganaderas. Según datos del gobierno mexicano de 2020, el 36,7% de la población vive en pobreza y el 3,4% en pobreza extrema.

La masacre ha sumido a la comunidad empresarial en la incertidumbre. Una lección clara de la brutalidad de las células del cártel es que cualquiera que no se alinee con sus "acuerdos" se convierte en blanco de su violencia. La Confederación Patronal de la República Mexicana, capítulo Zacatecas, expresó sus condolencias por los asesinatos "por la pérdida de personas que contribuyeron al desarrollo económico y social de nuestro estado". El comunicado añadió que "ninguna sociedad puede aspirar a un futuro de desarrollo cuando la violencia pone en riesgo a quienes trabajan, emprenden, invierten y generan oportunidades para otros".

Un estudio de la organización México Evalúa ubicó a Zacatecas en la cúspide de los estados con más casos de extorsión registrados entre 2023 y 2024, con una tasa de 1.500 por cada 10.000 negocios, señalando que el fenómeno se concentra especialmente en regiones y microrregiones con presencia de crimen organizado. En noviembre del año pasado, el fiscal estatal Cristian Paul Camacho Osnaya confirmó que 2025 tuvo el número más alto de detenciones por extorsión, con un total de 39, aunque con menor denuncia porque pocas víctimas presentan querellas. Las cifras del INEGI confirmaron que la extorsión es el delito más frecuentemente cometido en Zacatecas.