La operación de detención se llevó a cabo en Ensenada, en el Pacífico norte mexicano, como parte de una investigación que continúa abierta y que ha identificado a otras 20 personas buscadas por presuntos vínculos con la red de contrabando.

Ruffo Appel gobernó Baja California entre 1989 y 1995 como miembro del Partido Acción Nacional, siendo el primer gobernador mexicano en llegar al poder sin pertenecer al Partido Revolucionario Institucional, que dirigió el país durante siete décadas del siglo XX. El partido político emitió un comunicado exigiendo un proceso justo para el exfuncionario.

Según la fiscal general Ernestina Godoy, la estructura logística y financiera de la red comenzó a operar a través de una empresa vinculada a actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos fundada por Ruffo Appel. En julio de 2025, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que una de las empresas investigadas en operaciones de contrabando era Ingemar, fundada por el exgobernador.

El patrón operativo de la red consistía en mover combustible procedente de refinerías de Texas a través de distintos puntos e introducirlo por Tamaulipas, en la esquina noreste de México, declarando únicamente el 10 por ciento de lo que realmente se importaba o haciéndolo pasar por otros productos para evadir impuestos. Para estos movimientos se utilizaban trenes cisterna.

El combustible se comercializaba principalmente en Coahuila, en la zona central fronteriza con Estados Unidos, en la región occidental de Durango y en Zacatecas, en el centro del país. El dinero obtenido se dispersaba de inmediato a través de una red de empresas que triangulaban transferencias usando 80 cuentas bancarias, según explicó Godoy.

Entre la veintena de personas contra las que hay órdenes de aprehensión en ocho estados del país se encuentran socios de las empresas participantes en la red, operadores logísticos y servidores públicos, como agentes aduanales y personal autorizado.

La fiscal indicó que "la reconstrucción de esta ruta logística fue posible gracias al análisis coordinado de información ferroviaria, aduanera, fiscal, financiera y comercial", lo que permitió identificar el trayecto del combustible desde su ingreso al país hasta su distribución final.

En julio de 2025, las autoridades mexicanas realizaron uno de los mayores decomisos en este rubro al asegurar más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo que estaban en vagones cisterna varados en las vías del ferrocarril, cerca de una estación de trenes en el estado de Coahuila, limítrofe con Texas.

El contrabando de combustible es uno de los negocios ilegales más lucrativos de México. Las autoridades estadounidenses consideran que es la mayor fuente de ingresos de los cárteles mexicanos más allá de las drogas. Varios funcionarios y miembros de la Marina, entre ellos un vicealmirante, se vieron involucrados en tramas de este tipo el año pasado.

El gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) puso las aduanas bajo el control de los militares en un intento de combatir la corrupción que, de acuerdo con las investigaciones del ejecutivo de su sucesora, Claudia Sheinbaum, no fructificó. Meses después de que se anunciara el decomiso de julio de 2025, se llevaron a cabo las detenciones del vicealmirante y de otros funcionarios y empresarios.

En las últimas dos décadas, México ha acumulado una enorme lista de exgobernadores de distintos partidos arrestados por corrupción, muchas veces vinculada a la delincuencia organizada, lo que refleja un patrón sistémico de involucramiento de altos funcionarios en esquemas ilícitos.