La muerte de Salgado, quien según el propio ICE no era el objetivo de la redada, ha marcado un punto de quiebre en la respuesta mexicana a las operaciones migratorias estadounidenses. Hasta ahora, el Ejecutivo mexicano se había limitado a presentar quejas formales a través de notas diplomáticas, mientras los conflictos con Washington se concentraban principalmente en cuestiones comerciales y de seguridad. Sin embargo, esta muerte ha precipitado una respuesta firme y airada que suma un nuevo frente a la ya complicada relación bilateral.

La presidenta Sheinbaum elevó el tono al hablar de "no permitir el maltrato" y de tomar "acciones legales importantes". El canciller Roberto Velasco, quien lleva poco más de tres meses en el cargo, escenificó la nueva dimensión de la crisis al declarar en su rueda de prensa más importante hasta el momento: "Este es el tema más importante que tiene en este momento en la Secretaría de Relaciones Exteriores". La declaración adquiere particular peso considerando el complejo escenario al que se enfrenta la red consular mexicana en Estados Unidos, que incluye la polémica actividad de agentes de la CIA en el país, la acusación del Departamento de Justicia por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, la renovación del Tratado de Libre Comercio (TMEC) y la crisis en Cuba.

México ha puesto en marcha su maquinaria diplomática en dos vertientes legales. En el plano penal, la Cancillería ha trasladado a la Fiscalía Federal de la República una solicitud formal para que inicie acciones legales contra los responsables de las fiscalías estatales estadounidenses y el Departamento de Justicia, con el objetivo de investigar por la vía penal los fallecimientos ocurridos bajo condiciones aún sin aclarar durante los momentos de las detenciones. En el plano civil, México ha presentado demandas contra las empresas privadas que gestionan los centros de detención de migrantes estadounidenses, donde han perdido la vida 14 mexicanos, a los que se suman tres personas muertas más durante los operativos de captura del ICE.

Las cifras del Gobierno de Sheinbaum revelan la magnitud del problema. Solo en lo que va de 2026 han sido detenidos al menos 177.192 mexicanos, y más de 13.722 permanecen encerrados por su situación migratoria. En la vertiente política, México ha activado también las palancas internacionales. Ya había recurrido en marzo, tras otra muerte de un migrante en un centro en California, a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahora entra en escena el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, a quien México ha pedido que se involucre en la situación de los migrantes bajo custodia del ICE.

Estas cárceles de facto han sido señaladas por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch por graves retrasos en la asistencia médica en casos críticos, insalubridad y falta de transparencia y rendición de cuentas. Los informes de estas organizaciones denuncian que la mortalidad anual en estos centros para migrantes creció un 140% comparada con el año anterior, según reportes citados por la fuente.

La ofensiva mexicana representa el primer reto inmediato de envergadura para el embajador en Washington, Roberto Lazzeri, nombrado hace apenas un mes. Lazzeri, un perfil joven y técnico de confianza de la presidenta, ha sido encargado de encabezar las negociaciones para la renovación del TMEC, que se encuentran encalladas entre las presiones y amenazas de Trump. El embajador Lazzeri, junto con la subsecretaria de Exteriores Cristina Planter Riebeling, tiene la misión de construir canales de comunicación directos con autoridades estadounidenses para atender los fallecimientos, incluyendo representantes del Congreso.

Respecto a los hechos específicos de la muerte de Salgado, existe una versión contradictoria entre las autoridades estadounidenses y los testigos. La congresista demócrata Sylvia García confirmó que el ICE no tenía como objetivo a Salgado durante la redada. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que agentes del ICE intentaron frenar el vehículo de Salgado y que este "intentó evadir el arresto", "embistió a un vehículo del ICE, se negó a obedecer varias órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma para intentar atropellar a un agente". Según el DHS, esto llevó a uno de los funcionarios a disparar su arma "en defensa propia".

Sin embargo, el abogado de los tres migrantes detenidos que iban en la furgoneta con Salgado ha defendido que la versión de sus testigos es "muy diferente". Todos los testigos coincidieron en que los agentes se encontraban a los lados del vehículo, no detrás o delante de él, lo que contradice la narrativa de defensa propia presentada por el DHS.

Este nuevo escándalo ha provocado que México escale su campaña contra lo que describe como la cacería de migrantes orquestada por la Administración Trump. La respuesta mexicana refleja un cambio estratégico significativo: de la diplomacia silenciosa a la confrontación pública y legal, utilizando tanto mecanismos internacionales como presión directa a través de canales diplomáticos bilaterales. El resultado de estas acciones podría redefinir la dinámica de la relación bilateral en materia migratoria durante los próximos meses.