La magnitud de la tragedia se refleja en historias como la de Félix Tovar, de 70 años, cuyo último rastro está en una compra que realizó con su tarjeta de débito en la panadería La Almendrina, en Playa Grande, a las 5:31 de la tarde del 24 de junio, media hora antes de los sismos. Su geolocalización lo ubica por última vez en la acera frente al negocio, donde posiblemente se encontraba tomando un café. Tanto la panadería como el cercano Hotel Marriot quedaron colapsados tras los terremotos. Su hija Elibel Tovar, quien tuvo que regresar desde Chile para buscarlo, ha pasado más de 20 días recorriendo morgues, hospitales y listas de desaparecidos sin encontrar respuesta. "Hay cosas que están fuera de manos de uno, hay cosas que hay que esperar", dice Elibel, quien lamenta no haber podido acceder a las cámaras del hotel para confirmar si su padre se refugió allí. "Ese hotel puede ser pérdida total, no han movido nada hasta ahora. Nos dijeron que cuando muevan los escombros se darán cuenta si había personas debajo".

Félix había estado en Venezuela poco más de dos meses trabajando en logística y transporte, moviéndose entre Venezuela y Brasil. Aunque creció en La Guaira, se alojaba en la posada Villa del Carmen, a dos cuadras de donde se cree estaba cuando ocurrieron los sismos. Su familia ha presentado denuncia formal ante la policía judicial como desaparecido, una categoría que el Gobierno no ha querido informar públicamente. Elibel ha entregado incluso una placa dental de su padre para facilitar la identificación. "Es muy difícil esto, no te dejan entrar a los hospitales y hay listas en la que los nombres ni siquiera son nombres, hay interrogaciones, letras solas", relata con frustración.

La falta de cifras oficiales sobre desaparecidos contrasta dramáticamente con los números que registran plataformas ciudadanas. Hasta Encontrarles, una iniciativa de la Red de Periodistas Venezolanas, ha registrado a través de un formulario a 4.418 personas, de las cuales poco más de un centenar figuran como encontrados. Venezuela Te Busca registra 17.000 personas desaparecidas, mientras que Venezuela Reporta documenta más de 40.000. Las Naciones Unidas estimó la cifra entre 40.000 y 50.000 personas. En el primer balance que el Gobierno dio sobre las víctimas, al día siguiente de los terremotos, reportó unos 156 desaparecidos, cifra que no volvió a ser actualizada. Hace días, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que hablar de desaparecidos era una "especulación" y sugirió que podían reportarse a través del Sistema Patria, la plataforma que distribuye bonos a una parte de la población, aunque no está claro el protocolo en estos casos.

El caos en la respuesta institucional ha dejado cabos sueltos en muchas familias. Los padres de los gemelos Matías y Mateo Peña, de tres años, pasaron semanas siguiendo pistas de un supuesto rescatista que a través de un audio les aseguró que los había sacado con vida. Luego recibieron informaciones de que habrían sido trasladados a un hospital en otra ciudad. Las fotos de los niños se desplegaron por las calles, en refugios y hospitales. Esta semana finalmente encontraron los cuerpos de los niños bajo los escombros de la OPP25 en Tanaguarena, donde vivían.

Otro caso que ilustra la desorganización del sistema es el de Cristina Ramos, de quien sí hay pruebas documentadas de que fue rescatada. Videos de su conversación con los bomberos mientras estaba bajo las losas de su casa en Catia La Mar se hicieron virales. Ella conversaba con cierta preocupación sobre su aspecto, cubierto de polvo y tierra, mientras el rescatista la animaba. Fue sacada veinte horas después de haber quedado aplastada. Su esposo, Jesús Enrique Magallanes, fue rescatado primero. En los videos que tiene la familia, Cristina se ve pasando una sábana por las rendijas para ayudar a sacar a su pareja, conversando con lucidez y diciendo que ella es fuerte. Una ambulancia la trasladó al Hospital Naval de La Guaira. Luego no se supo más de ella.

"Se perdió la huella de mi madre, ella llegó viva y lúcida al hospital y ahora no aparece", dice Crisnel Mata, de 52 años, hijo de Cristina, por teléfono desde Estados Unidos. "En el hospital Naval me negaron incluso que mi padrastro hubiera sido atendido ahí, aunque desde ahí lo refirieron al hospital Vargas de La Guaira para que pudiera recibir diálisis. Hay una falta de organización y de ética enorme. No es posible que la hayan transferido a otro hospital y no quede un registro. Estamos pidiendo ayuda a todo el que pueda. Hacemos y hacemos y estamos atados de manos".

Cristina tenía un carcinoma en la cara y una cita médica programada para el día siguiente de los terremotos. Sus hijos han recorrido todos los hospitales, clínicas y centros oncológicos que han podido, además de visitar la morgue varias veces. "Hemos buscado en todas las listas. Solo hemos encontrado dos Cristinas Ramos, una con un número de cédula de una persona de 13 años y otra identificada como Cristina O, sin datos, que no se corresponde con ella", relata Crisnel. Jesús Enrique Magallanes ya se recuperó del síndrome del aplastamiento que lo obligó a recibir tres diálisis y recibió el alta, pero permanece en silencio sobre la tragedia. "En estos días nos dijo que no entendía por qué no aparecía Cristina si ella estaba mejor que él, que ella misma ayudó a sacarlo", dice Crisnel.

Las paredes que han quedado en pie en La Guaira están empapeladas de fotos de desaparecidos, con nombres, señas y teléfonos, con la esperanza de que alguien llame con noticias. La angustia de las familias se ve amplificada por la migración: muchas están en el extranjero siguiendo rescates desde la distancia, como ha ocurrido con los hijos de Cristina en Estados Unidos y la hija de Félix en Chile.

El Gobierno ha condecorado a miles de rescatistas, ha anunciado concursos para planes de reconstrucción y promete viviendas, avanzando en demoliciones. Sin embargo, no se ha referido a los casos de desaparecidos ni ha diferenciado las cifras de fallecidos y afectados, ni ha proporcionado información sobre cuántos son niños y niñas o mujeres. Tampoco ha establecido un protocolo claro para reportar desaparecidos o para mantener registros coordinados entre hospitales y morgues. En el número de desaparecidos está el verdadero espesor de la tragedia que continúa desarrollándose mientras las familias siguen buscando respuestas que el Estado no parece dispuesto a proporcionar.