Priscilla Mussa tiene tres meses y ha pasado dos de ellos durmiendo sobre un colchón en una acera de Durban, según reporta el diario español El País. La bebé, hija de refugiados congoleños que llevan 18 años residiendo en Sudáfrica, forma parte de las aproximadamente 450 personas acampadas desde hace semanas frente al centro de recepción de refugiados de la ciudad sudafricana, en su mayoría refugiados y solicitantes de asilo de la República Democrática del Congo.

Cuando Priscilla apenas tenía un mes de vida, un grupo de hombres llegó de noche al barrio donde vivía con su familia, según relata su padre, Kurda Mussa. "Entraron casa por casa gritando que nos fuéramos a nuestro país", recuerda. El matrimonio apenas tuvo tiempo de salir con la bebé y sus otros dos hijos, perdiendo la vivienda, los muebles, la ropa y los utensilios de cocina. "No nos ha quedado ni una cuchara", dice Rebecca Varis, la madre.

La familia también ha perdido sus medios de vida: los dos hijos mayores han dejado de ir a la escuela porque ya no pueden llegar hasta ella y Mussa ha perdido su trabajo como barbero porque su negocio fue vandalizado, según el testimonio recogido por El País.

ATAQUES SISTEMÁTICOS CASA POR CASA

Según los testimonios recogidos por El País, grupos de hombres sudafricanos llevan semanas recorriendo barrios donde viven inmigrantes y refugiados, llamando puerta por puerta. Si nadie abre, fuerzan la entrada. Después llegan las amenazas, las palizas, los saqueos o las ocupaciones de viviendas y pequeños negocios.

Los ataques también ocurren en la calle: un repartidor congoleño apareció con la cabeza inflamada ante otros refugiados, asegurando que acababa de ser golpeado con palos por un grupo de tres hombres cuando iba a recoger un pedido. "Me dijeron que los extranjeros no podemos trabajar allí", contó, según el relato de El País. Cuando le preguntaron si ningún guardia de seguridad o transeúnte le ayudó, respondió: "Incluso delante de la policía pueden pegarte y nadie te protege".

Ante situaciones como esta, miles de personas han abandonado sus hogares y muchas han optado por regresar a sus países de origen, según el medio español.

ESCALADA DESDE MAYO CON ULTIMÁTUM DEL 30 DE JUNIO

La escalada comenzó en mayo en la provincia de KwaZulu-Natal, cuando, tras varios incidentes delictivos atribuidos sin pruebas a ciudadanos extranjeros, grupos antiinmigración formados por sudafricanos negros como March & March intensificaron sus movilizaciones y fijaron el 30 de junio como ultimátum para que los indocumentados abandonaran el país, según El País.

También empezaron a organizar patrullas y protestas que han derivado en ataques contra migrantes, incluidos aquellos con documentación en regla. Es una paradoja dolorosa en un país donde alrededor del 80% de la población es negra y que apenas hace tres décadas puso fin al apartheid, el sistema de segregación racial impuesto por la minoría blanca, señala el medio. Activistas y académicos llevan años advirtiendo de que las profundas desigualdades heredadas de aquel régimen han alimentado nuevas formas de exclusión, esta vez por parte de sudafricanos negros dirigidas contra otros africanos también negros.

La campaña se alimenta de una idea cada vez más extendida en una parte de la sociedad sudafricana: que los inmigrantes son responsables del desempleo, la delincuencia, la pobreza o el deterioro de los servicios públicos. En un año marcado por las elecciones municipales previstas para noviembre, distintos movimientos antiinmigración han ganado protagonismo aprovechando ese malestar en un país de 63 millones de habitantes con un desempleo cercano al 30% y profundas desigualdades sociales, según El País.

RESPUESTA GUBERNAMENTAL Y DESPLIEGUE MILITAR

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha condenado públicamente la violencia y ha insistido en que la aplicación de las leyes migratorias corresponde exclusivamente al Estado, no a grupos de civiles, según el medio español. También ha prometido endurecer los controles fronterizos, acelerar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular y reformar el sistema de asilo, una posición que organizaciones de derechos humanos consideran insuficiente para frenar los ataques y proteger a quienes residen legalmente en el país.

En los últimos días, el Gobierno ha anunciado el despliegue de más de 3.000 efectivos del ejército durante un mes en todo el país, según El País.

VIOLENCIA SIN PRECEDENTES Y DATOS ALARMANTES

Sudáfrica ya vivió grandes estallidos xenófobos en 2008, 2015, 2019 y 2021, pero quienes sobrevivieron a aquellos episodios aseguran que esta vez la violencia ha cruzado una línea, pues ya no consiste solo en protestas o ataques contra comercios, sino en expulsar a familias enteras de los lugares donde han vivido durante años, según el medio español.

Los datos sugieren que la violencia nunca llegó a desaparecer del todo. Según Xenowatch, el sistema de monitorización de la Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica registró 148 incidentes verificados de discriminación xenófoba y 14 muertos solo en 2025, la cifra anual más alta de los últimos años, dentro de una tendencia ascendente que precedía a la crisis actual, según El País. Las cifras de 2026 solo recogen hasta el 9 de junio, justo antes de los mayores disturbios, y ya entonces marcaban 50 incidentes y siete muertos.

Gaby Bikombo, trabajador de Refugee Social Services, una organización que presta asistencia y defensa jurídica a refugiados y solicitantes de asilo en Durban, resume la diferencia con anteriores oleadas xenófobas: "Antes marchaban y gritaban. Ahora entran en las casas y te echan", según declaraciones recogidas por El País. Bikombo ya tiene pasaporte sudafricano después de más de dos décadas residiendo en este país, pero también teme por su seguridad. Hace unos días, otros dos vecinos también migrantes y él fueron expulsados del grupo de WhatsApp de la comunidad sin ninguna explicación. "Lo cierto es que ya no puedo dormir sin ayuda de somníferos", dice.

REFUGIADOS CON DOCUMENTACIÓN EN REGLA

Frente al centro de recepción de refugiados resisten, sobre todo, familias congoleñas. Remarcan que no son inmigrantes recién llegados, sino que entraron en Sudáfrica hace años, huyendo de la guerra en el este de la República Democrática del Congo, según El País. Muchos llevan media vida en Sudáfrica, trabajan, pagan alquiler, hablan las lenguas locales y muestran sin titubear sus permisos de residencia o sus documentos de solicitantes de asilo.

Wivine Bahati, de 25 años, llegó siendo una niña. Creció en Durban, estudió en escuelas sudafricanas y habla zulú con la misma naturalidad que el inglés, el francés y el suajili, por lo que decidió ofrecerse como intérprete, portavoz y enlace entre las familias refugiadas, las autoridades y las organizaciones que les prestan ayuda, según el medio español. Ha concedido tantas entrevistas desde que comenzaron los ataques que ahora teme que esa exposición acabe volviéndose contra ella.

Bahati recuerda con precisión el instante en el que sintió miedo real por primera vez: el día en el que fue a denunciar varias agresiones ante la policía, y los agentes le negaron protección. "Si la policía no actúa, cualquiera puede hacerte cualquier cosa", lamenta, según El País. Las autoridades los derivaron a albergues para personas sin hogar, pese a que ellos ya tenían uno, pero tampoco allí fueron bien recibidos. "A las mujeres también nos echaron. A una incluso la agarraron del pelo", cuenta. La siguiente recomendación fue que se "reintegraran". "Nos dicen que volvamos a nuestras comunidades. Pero son esas comunidades las que nos están expulsando", denuncia la joven.

IMPOSIBILIDAD DE REGRESAR A ZONAS DE GUERRA

Para estas familias, regresar a su país de origen tampoco es una salida. Proceden en su mayoría de Kivu del Sur, una de las regiones congoleñas más castigadas por la ofensiva del M23, apoyado por Ruanda, según El País. Uno de los refugiados cuenta que hace apenas unos meses perdió a un hermano durante la toma de Uvira, uno de los episodios recientes más sangrientos de la contienda. "¿Volver? ¿A qué?", responde.

Ni siquiera quienes tenían un pequeño negocio han logrado mantenerse. Cadeau Mohatu, de 38 años, llevaba años cortando el pelo en una barbería improvisada, apenas un espejo, una silla y unas tijeras sobre la acera, un negocio muy habitual entre congoleños, según el medio español. Su puesto fue saqueado y destrozado. "Primero vinieron una mujer y un hombre. Al día siguiente regresaron dos más. Después llegaron más de 20 con barras de hierro", recuerda. Destruyeron el negocio, se llevaron las herramientas de trabajo y perdió el único ingreso con el que pagaba el alquiler. "Mis hijos ya no van al colegio porque no puedo pagar el transporte. Ahora duermen aquí".

ÉXODO MASIVO: MÁS DE 25.000 PERSONAS HAN ABANDONADO EL PAÍS

A cinco kilómetros del centro de recepción de refugiados, y ya muy cerca del mar, otro campamento aparece y desaparece cada día, según El País. Aquí viven y duermen ciudadanos de Malaui, Zimbabue o Mozambique que han decidido abandonar Sudáfrica por miedo y que en este punto esperan a subirse en uno de los cientos de autobuses que los están llevando de vuelta a sus países de origen.

Cada pocas horas llegan nuevas familias con maletas, bolsas de plástico y colchones enrollados. Más de 25.000 personas, según las autoridades sudafricanas —unas 20.000 solo de nacionalidad malauí—, han regresado ya a sus países desde que comenzó la campaña xenófoba, según El País. El goteo no cesa.

Blessing, un malauí de 44 años, espera sentado sobre el equipaje con el que resume más de una década de vida en Sudáfrica. Trabajaba instalando antenas de televisión por satélite y dormía escondido en el monte desde hacía varios días para evitar que lo encontraran los grupos que recorrían su barrio buscando extranjeros. "Del monte iba a trabajar y del trabajo volvía al monte", cuenta, según el medio español. Aguantó hasta cobrar el salario de la semana. "No podía irme antes. Necesito ese dinero para volver a casa".

A su alrededor, otros compatriotas escuchan en silencio. Uno de ellos se suma a la conversación para desmontar uno de los argumentos que más se repite contra los inmigrantes. "Dicen que todos vendemos droga. No es verdad. Nosotros nos levantamos por la mañana para trabajar y volvemos a casa. Los que venden droga siguen ahí, pero vienen a echarnos a nosotros", protesta, según El País. Otro asiente con resignación: "Nos dicen que nos marchemos, pero nadie nos da el dinero para volver. ¿Cómo esperan que hagamos casi 24 horas de viaje hasta Malaui sin un céntimo?"

HOSTIGAMIENTO CONTINUO INCLUSO DURANTE LA EVACUACIÓN

La conversación es interrumpida por una camioneta que reduce la velocidad al pasar junto al campamento. Cuatro hombres se asoman por las ventanillas y empiezan a gritar insultos en zulú: "¡Volved a vuestro país!", según el relato de El País. Unos minutos después, la conductora de un turismo blanco baja la ventanilla, grita "¡Perros!" y acelera. Nadie parece sorprenderse. "Pasa todos los días", comenta uno de los hombres. "Incluso ahora que ya nos estamos marchando".

Blessing abre entonces su maleta y saca un edredón que algún día fue blanco. Lo despliega despacio para mostrar varias gotas de sangre ya ennegrecidas. "Hace dos días me golpearon", dice, señalando las heridas aún visibles en el rostro, según El País. Asegura que conocía a sus agresores, con los que a veces compartía algún trago. "Me preguntaron cuándo pensaba irme del país y después empezaron a pegarme".

OPERATIVO DE EVACUACIÓN Y CRISIS HUMANITARIA EN LA FRONTERA

El dispositivo de regreso desde este campamento improvisado funciona a varias manos: los líderes comunitarios elaboran las listas, los consulados verifican la identidad de los viajeros, organizaciones humanitarias y gobiernos ayudan a financiar el transporte, según El País. Alí, líder comunitario al cargo de organizar ese trasiego, explica: "Cada 10 minutos llegan más personas. Yo pido autobuses para 200 y, cuando por fin los consigo, ya somos 230; los que salen hoy van con gente que llegó hace un par de días".

Antes de abandonar Sudáfrica, todos deben pasar por el centro de procesamiento de Musina, cerca de la frontera con Zimbabue, donde las autoridades sudafricanas completan los trámites administrativos de salida, según el medio español. La escasez de autobuses ha provocado largas esperas y, de hecho, una reciente investigación del diario sudafricano Daily Maverick ha revelado que miles de personas están atrapadas desde hace semanas en un campamento improvisado junto a la frontera debido a los retrasos burocráticos y la falta de transporte.

CONTEXTO: EXTRANJEROS COMO CHIVO EXPIATORIO

Los extranjeros representan alrededor del 4% de la población de Sudáfrica, pero se han convertido en el chivo expiatorio de una crisis mucho más profunda, según El País. El país enfrenta un desempleo cercano al 30% y profundas desigualdades sociales heredadas del apartheid, el sistema de segregación racial que finalizó hace tres décadas.

De vuelta en el centro de recepción de refugiados de Durban, los refugiados congoleños no reclaman un billete de vuelta a ninguna parte, sino recuperar una vida que sienten perdida, según el medio español. Y mientras los adultos hablan de denuncias, casas ocupadas y un futuro cada vez más incierto, Priscilla duerme envuelta en su buzo fucsia y bajo una manta. Tiene tres meses y ha pasado la mayor parte de su vida sobre una acera de Durban.