La marcha, liderada por los padres de Lyhanna, se llevó a cabo el domingo y estuvo marcada por un ambiente de duelo y rabia. Los asistentes, muchos de ellos niños, vestían camisetas blancas con el retrato sonriente de la víctima y portaban un banner que decía 'Nunca más'. La conmoción ha sido profunda, y el asesinato ha generado un intenso debate nacional sobre las fallas del sistema judicial francés, especialmente después de que se conociera que el hombre detenido, Jérôme Barella, había estado bajo la vigilancia de la policía desde 2017. El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció que hubo un 'fallo inaceptable' en el sistema legal, afirmando que 'no se trata de recursos, sino de responsabilidades que deberán ser determinadas a través de una investigación oficial'. Lyhanna fue vista por última vez el 29 de mayo al entrar en un automóvil gris, identificado como perteneciente a Barella, un padre de dos hijos y limpiador escolar. Su cuerpo fue hallado siete días después en un silo de grano abandonado a 15 kilómetros de donde desapareció. Barella ha negado haberla asesinado, alegando que la dejó en una piscina local. Tras su arresto, se descubrió que en agosto pasado, la madre de una niña de 10 años había denunciado que él había abusado sexualmente de su hija en varias ocasiones. La investigación preliminar, que incluía entrevistas con la víctima y reportes médicos que confirmaban lesiones consistentes con abuso sexual, fue enviada a la fiscalía de Auch en enero, pero no se abrió el caso durante varias semanas. Barella no fue contactado ni interrogado en los tres meses previos al secuestro y asesinato de Lyhanna. Otras acusaciones también han surgido, incluyendo un caso de 2021 en el que fue despedido de otro trabajo por comportamiento inapropiado con una estudiante. En 2022, fue acusado de violar a una niña de siete años, pero el caso fue desestimado en 2024 por falta de pruebas. La fiscal pública de Auch, Clémence Meyer, indicó que actualmente hay un retraso de 3 millones de denuncias policiales en Francia, de las cuales 70,000 involucran alegaciones de violación o agresión sexual. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, calificó la situación como 'aterradora' y asumió la responsabilidad por los fallos en el seguimiento de las denuncias. El alcalde de Fleurance, Gregory Bobbato, expresó que la muerte de Lyhanna es 'el último acto de una tragedia que se ha estado desarrollando durante demasiado tiempo' y que 'nunca más los niños deben ser presa de depredadores que merodean con impunidad'.