El asesinato del juez Abdul Hakim Kakar marca un nuevo episodio de violencia en Baluchistán, la provincia más grande pero menos poblada de Pakistán, donde una insurgencia separatista ha generado décadas de conflicto. Según el jefe de policía local en Mastung, Abdul Rauf, el magistrado viajaba desde Quetta, la capital provincial, hacia Mastung para atender casos cuando "los terroristas emboscaron su vehículo y lo mataron" a él y a su escolta.

Ningún grupo se atribuyó inmediatamente la autoría del ataque. Sin embargo, las sospechas recaen sobre insurgentes separatistas baluchis, que han intensificado los ataques en toda la provincia en los últimos meses, particularmente el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán. Este grupo, designado como organización terrorista por Estados Unidos en 2019, se ha atribuido la autoría de numerosos ataques dirigidos contra fuerzas de seguridad, funcionarios del gobierno y civiles en años recientes.

El contexto de violencia en la región es significativo. Las fuerzas de seguridad pakistaníes, respondiendo a múltiples ataques recientes, han matado a más de 100 presuntos insurgentes de grupos baluchis en diversas zonas de Baluchistán en las últimas semanas, según reportes de la policía. Este ciclo de violencia refleja la intensificación de operaciones tanto de grupos separatistas como de fuerzas estatales.

El asesinato del juez provocó condenas inmediatas de las más altas autoridades pakistaníes. El presidente Asif Ali Zardari, el primer ministro Shehbaz Sharif y el ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, condenaron el ataque. Bugti ordenó a las autoridades lanzar una operación para dar con los responsables del crimen.

El jefe del ejército pakistaní, mariscal de campo Asim Munir, anunció el jueves que las operaciones contra milicianos en Baluchistán y en otras partes del país continuarán hasta que "la amenaza del terrorismo y sus instigadores sean eliminados de Pakistán". Munir, quien habló en un taller nacional en la ciudad guarnición de Rawalpindi, sostuvo que los esfuerzos sostenidos de las fuerzas de seguridad y los organismos de aplicación de la ley, respaldados por el apoyo público, generarán una paz duradera a Baluchistán.

El ejército acusó a grupos intermediarios respaldados desde el extranjero de intentar avivar la violencia y desestabilizar Baluchistán, pero afirmó que sus esfuerzos serán derrotados mediante una "respuesta firme y decisiva" de las fuerzas armadas. Esta acusación refleja la narrativa oficial sobre la insurgencia, que atribuye parte de la violencia a interferencia externa.

Baluchistán ha sido durante mucho tiempo escenario de una insurgencia separatista, así como de ataques de los talibanes pakistaníes. La provincia, que representa aproximadamente el 44 por ciento del territorio de Pakistán pero alberga menos del 5 por ciento de su población, ha experimentado décadas de conflicto relacionado con demandas de autonomía y control de recursos naturales. El Ejército de Liberación de Baluchistán, la principal organización separatista, ha intensificado sus operaciones en años recientes, dirigiéndose específicamente a símbolos del Estado pakistaní, incluidos jueces, militares y funcionarios civiles.

El asesinato de un juez de distrito representa un ataque directo contra la estructura judicial del Estado, señalando la capacidad de los grupos insurgentes para alcanzar objetivos de alto perfil en zonas urbanas. Mastung, donde ocurrió el ataque, es un distrito que ha visto una escalada particular de violencia en los últimos meses, consolidándose como uno de los puntos más conflictivos de la provincia.