La minera Fénix Níquel reinició sus operaciones en la región nororiental de Guatemala después de permanecer suspendida desde marzo de 2023, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos directivos de la empresa por corrupción y pago de sobornos al Gobierno guatemalteco a cambio de concesiones, según confirmaron líderes indígenas y medios locales.

El Tesoro estadounidense denunció en noviembre de 2022 "corrupción rusa en el sector minero de Guatemala" y sancionó al ruso Dmitry Kudryakov y a la bielorrusa Irina Litviniuk, quienes presuntamente "dirigieron múltiples esquemas de sobornos durante varios años, involucrando a políticos, jueces y oficiales del gobierno", según el comunicado oficial.

Fénix, una de las minas a cielo abierto más grandes de Centroamérica, explotó las tierras mayas del norte de Guatemala desde 2011 bajo el control de tres empresas locales: la Compañía Guatemalteca de Níquel, la Compañía Procesadora de Níquel y Mayaníquel. De acuerdo con el Tesoro estadounidense, las tres funcionaban como subsidiarias de Solway Investment Group, una empresa de capital suizo-ruso que extraía entre 22.000 y 25.000 toneladas de níquel al año que exportaba principalmente a Europa y Asia.

El níquel extraído de Guatemala casi nunca termina convertido en productos dentro del país, según las fuentes. Se exporta para la elaboración de maquinaria industrial, automóviles, baterías para vehículos eléctricos y componentes electrónicos varios.

En marzo de 2022, una investigación periodística llamada Mining Secrets, en la que participó el diario El País, reveló a través de una filtración masiva de correos internos de la empresa que Solway ocultó durante años daños ambientales en el municipio de El Estor, donde tiene su sede principal, y el pago de sobornos a jueces, policías, líderes mayas e incluso al entonces presidente Alejandro Giammattei para continuar operando.

Antes de las sanciones impuestas por el Tesoro estadounidense, en 2019, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó la suspensión de la minera argumentando que la empresa no había realizado las consultas a las comunidades mayas para operar en sus tierras. Esas tierras están protegidas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que otorga a los pueblos indígenas el derecho a ser consultados y a participar en las decisiones que afecten su vida y su territorio. Ahora, la minera retoma actividades de nuevo sin hacer las consultas, según dijeron líderes locales.

La minera ha sido ampliamente denunciada por líderes locales de la etnia maya q'eqchi' por amenazas de muerte, desplazamiento forzado y la creación de grupos armados al margen de la ley para arrebatarles sus tierras. Al menos dos líderes indígenas han sido asesinados en los últimos años y decenas de ellos han sido agredidos y procesados jurídicamente por participar en protestas contra la reapertura de la mina, según las fuentes. Uno de ellos fue Carlos Maaz, asesinado por la Policía guatemalteca durante una manifestación por la contaminación minera en las aguas del lago de Izabal, cuna de especies protegidas como el manatí.

Los líderes indígenas han reclamado al Gobierno de Bernardo Arévalo por la reactivación de la mina y por el abandono a las comunidades, que fueron un pilar fundamental para que lograra su toma de posesión en enero de 2024. El diario El País gestionó una respuesta oficial a través de la oficina de Comunicaciones de la Presidencia, pero al cierre de la nota no hubo respuesta. La minera Fénix Níquel tampoco respondió a llamadas y correos electrónicos solicitando su versión.

Un miembro de las autoridades ancestrales mayas q'eqchi' de Izabal dijo bajo condición de anonimato que están a la espera de que el Gobierno tome acciones y que, de no hacerlo, podrían lanzarse nuevamente a las calles. "Él [Arévalo] tiene la voluntad política pero también esa debilidad de no poder tomar acciones legales en contra de las empresas extractivistas que nos han venido despojando de nuestras tierras", dijo.

En octubre de 2021, la comunidad q'eqchi' bloqueó la entrada principal a El Estor e impidió la llegada de carbón a la mina, lo que la obligó a paralizar parcialmente sus operaciones. Como respuesta, el Gobierno de Alejandro Giammattei envió un operativo policial y militar para imponer un estado de sitio, desplegando una fuerte represión contra las manifestaciones de los líderes locales y pescadores del municipio.

"Esta mina le ha costado sangre al pueblo q'eqchi'. Sin embargo, nunca se nos olvida que la población tiene derecho a levantarse, se tiene que levantar. Así ha sucedido en todas las décadas anteriores y así va a volver a suceder, si es necesario", dijo el líder indígena.

El líder además señaló que la inversión millonaria de la mina no deja sino destrucción en sus tierras y pobreza para la población. "Nosotros solo vemos el despojo y el saqueo de nuestra madre tierra. Lo único que traen es muerte y destrucción; amenazas, persecuciones, encarcelamientos, periodistas perseguidos y nunca desarrollo para la comunidad. Solo se llevan nuestra riqueza", añadió.

Las sanciones del Tesoro estadounidense contra Fénix fueron revocadas en 2024 y en agosto de ese año el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala le reanudó las credenciales de exportación, según medios locales. Un año después, a mediados de 2025, la minera anunció a través de sus redes sociales que retomaría sus actividades y que pronto estaría contratando mano de obra local.

Una publicación del periódico Prensa Libre reveló que Fénix empezó a "encender el horno" a finales de marzo, pero que el mismo tarda "45 días en alcanzar la temperatura necesaria". Sin embargo, afirmó que para el 15 de mayo Fénix exportó las primeras 1.200 toneladas de ferroníquel a Taiwán. El medio además anunció que Fénix realizará una inversión de 85 millones de dólares entre 2025 y 2026 para su reactivación y sus operaciones estarán al cien por ciento en junio, con lo que prevé producir 25.000 toneladas de níquel al año.

De acuerdo con la información publicada por Prensa Libre, el proyecto minero ejecutó otra maniobra para resurgir, transformando sus empresas y trasladando su sede a Estados Unidos. Esta vez, Compañía Guatemalteca de Níquel adoptó el nombre de Fénix Minerales, S. A. y tiene a su cargo la licencia del proyecto de extracción Minera Fénix en Izabal; en tanto, la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal pasó a ser Fénix Metales, S. A. El proyecto dejó de ser propiedad de Solway, de origen ruso, y trasladó su casa matriz bajo la empresa Nickel Company LLC, registrada en Nueva York, Estados Unidos, a donde pretende exportar el material extraído, según medios locales.

La reapertura de Fénix Níquel plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno de Arévalo para hacer cumplir los derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones legales de consulta previa establecidas en el Convenio 169 de la OIT. La transformación corporativa de la empresa y su reubicación en Estados Unidos también generan dudas sobre la supervisión y rendición de cuentas de sus operaciones en territorio guatemalteco, especialmente considerando el historial documentado de corrupción, daños ambientales y violencia contra las comunidades mayas q'eqchi' que han denunciado durante más de una década.