González llegó a Estados Unidos en 2019, fue deportado en 2020 y reingresó por la frontera de El Paso, Texas, en 2022. Permaneció en situación irregular, trabajó en construcción, pagaba renta y tenía vehículo propio en Charlotte, Carolina del Norte. El 12 de diciembre de 2025, tras una discusión con su pareja, fue arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg. En enero de 2026 llegó al centro de Stewart, uno de los más grandes de Estados Unidos con capacidad para 2.000 personas, sobre el que pesan denuncias por aislamiento, negligencia médica, uso de la fuerza y abuso sexual.

Según el comunicado del ICE, el 26 de abril González agredió a un oficial de custodia. Una enfermera lo evaluó ese día y documentó "un examen físico y una evaluación de salud mental normales, incluyendo la ausencia de ideación suicida, según lo manifestado por el detenido". Sin embargo, la versión de un detenido que guardaba un celular de contrabando difiere significativamente: afirma que dos oficiales descubrieron que González había quitado una bisagra de la puerta de su celda, le levantaron un reporte disciplinario y amenazaron con enviarlo a segregación. Según este relato, González "le dio una bofetada muy fuerte a uno de los oficiales en la cara; el oficial perdió el conocimiento de inmediato y cayó de espaldas al suelo".

Guillermo Aguilar, un mexicano de 44 años que fue compañero de celda de González, ofrece un retrato diferente del cubano. Describe a un hombre que motivaba a otros detenidos a hacer ejercicio, que fabricaba pulseras vendiendo hilos extraídos de cobijas y uniformes para ganar dinero y comprar comida, y que estaba esperanzado por planes futuros. "Se puso feliz" cuando supo que Aguilar sería liberado, recuerda. Habían planeado que González llegara a México y trabajaría con Aguilar en remodelación de casas. Aguilar afirma que González no parecía deprimido, sino todo lo contrario.

El 28 de abril, aproximadamente a las 10:26 de la noche, personal del centro encontró a González "suspendido de una sábana en su celda", según el ICE. CoreCivic, la empresa privada que gestiona el centro, informó que el personal "dio la voz de alarma" y el personal médico "acudió rápidamente, inició las medidas de reanimación y solicitó la intervención de los servicios médicos de emergencia". A las 10:31 pm, una enfermera observó el cuerpo "tendido en el suelo, boca arriba y sin respuesta, con un pulso débil y respiración superficial". El personal aplicó reanimación cardiopulmonar, ventilación con bolsa-válvula, oxígeno y naloxona. González fue declarado fallecido a las 11:11 pm.

Sin embargo, Aguilar cuestiona esta versión. Afirma que estuvo en la misma celda de castigo donde, según el ICE, González se ahorcó. "Cuando tú estás en la celda de castigo, cada cinco minutos el guardia pasa y te está chequeando. Es un cuarto chiquito, en el techo no hay manera de colgarse. ¿Dónde vas a poner la sábana?", pregunta. "Pienso que los guardias se metieron y lo ahorcaron. Pero es la palabra tuya contra la de ellos", añade.

Sybil Ammons, forense del condado rural de Stewart con 30 años en el cargo, concluyó que la causa de muerte fue "ahorcamiento voluntario" y clasificó el caso como suicidio. La Oficina de Investigación de Georgia (GBI) también realizó una investigación que, según Ammons, fue "muy exhaustiva". Sin embargo, la familia rechaza esta conclusión. Lourdes González, madre del fallecido de 62 años que vive en Camagüey, Cuba, demanda: "Quiero que le hagan otra autopsia, que se revele la verdad. A mi hijo lo mató el guardia".

Amílcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, una organización que ayuda a familias y migrantes en el centro de Stewart, intentó contactar a una organización para realizar una segunda autopsia, pero fue informado que no sería posible debido a que el cadáver estaba descomponiéndose después de más de cuatro semanas desde la muerte. "Cuando la familia finalmente pudo tener acceso al cuerpo, ya habían pasado más de cuatro semanas desde la muerte. Dijeron que después de ese tiempo iba a ser difícil encontrar información de beneficio para la investigación", explica Valencia.

El abogado James M. Slater, que representa a la familia, ha solicitado al centro de detención preservar toda evidencia, incluyendo grabaciones de video de las 24 horas previas a la muerte y hasta el momento en que el cuerpo fue trasladado, así como registros y mensajes de texto. Slater confirmó que la investigación sigue en pie.

La familia enfrenta obstáculos económicos significativos. Dayán Hernández, hermano de González de 40 años que vive en España, recibió una llamada el 29 de abril informándole de la muerte. Una semana después, recibió una carta del director de la Oficina Regional del Departamento de Seguridad Nacional en Atlanta confirmando el suicidio. Cuando intentó comunicarse para obtener más información, nunca le contestaron.

Los costos funerarios son prohibitivos para la familia. La funeraria cobra más de 4.000 dólares por recoger el cuerpo del laboratorio criminalístico. Un entierro, como desea la madre, costaría aproximadamente 6.000 dólares adicionales, sin contar el velatorio. Hernández calcula que el costo total rondaría los 10.000 dólares. "Todo funciona con el dinero. Se necesita un dineral para hacerles la guerra. Hasta después de muerto, esto es un negocio", lamenta.

Cuando la funeraria Fisher Funeral Care and Cremation Services finalmente recogió el cuerpo el 5 de junio, le negaron a Hernández una videollamada para identificar a su hermano. Le informaron que el cuerpo estaba "en muy mal estado" y que no sería posible un velatorio. Le permitieron identificarlo a través de cicatrices y marcas: una lesión en los talones de cuando era niño y una marca en la frente de una pedrada durante la infancia. Cuando le mostraron una foto de la frente, Hernández pudo confirmar que era su hermano.

La muerte de González es la número 14 en el centro de detención de Stewart, la tercera en los últimos dos años, la número 18 en centros del ICE en los primeros cuatro meses de 2026, y la número 49 que murió en detención desde que la Administración de Donald Trump llegó al poder en enero de 2025. Actualmente, 54 personas han fallecido bajo custodia de migración desde enero de 2025.

Brian Root, asesor principal del Laboratorio de Investigaciones Digitales de Human Rights Watch (HRW), que publicó recientemente una investigación sobre muertes en detención, señala un patrón preocupante. Durante el primer año de la Administración Trump, se registraron 39 muertes en detención, de las cuales siete fueron por suicidio. "Todos ellos fueron por ahorcamiento; las personas fueron halladas inconscientes y con una ligadura o tela alrededor del cuello", explica Root. Sin embargo, en seis de los siete casos, el ICE registró que los detenidos no tenían ideas suicidas durante las evaluaciones iniciales de ingreso.

Otras causas comunes de muerte identificadas por HRW incluyen paro cardíaco, insuficiencia cardíaca, infecciones y accidentes cerebrovasculares. En muchas de estas muertes "se solicitaba atención de emergencia demasiado tarde", según Root. Los investigadores de HRW enfrentaron obstáculos significativos en su investigación, incluyendo la "falta de detalles o transparencia en los avisos e informes" del ICE. "Dado que la documentación solía ser mínima en la mayoría de los casos, por sí sola no proporcionaba información suficiente para respaldar una evaluación clínica definitiva sobre si las muertes eran prevenibles o para determinar la causa exacta del fallecimiento", explica Root.

La tasa de mortalidad de migrantes bajo custodia del ICE está en su nivel más alto en más de una década, según HRW. El caso de González ilustra las deficiencias sistémicas en la supervisión de centros de detención privados, la falta de transparencia en las investigaciones de muertes, y los obstáculos que enfrentan las familias para obtener respuestas y justicia.

Lourdes González, madre del fallecido, hace un llamado más amplio: "Quiero justicia, no solo para mi niño hermoso, sino para que todo aquel que está en ese lugar horroroso no sufra más y los liberen, porque ellos no son asesinos, son hijos que salen de su país a buscar una vida mejor".