El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por informes que alegan la continuación de torturas contra detenidos en Venezuela, incluso después de que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses en enero de 2026. Türk advirtió que las violaciones de derechos humanos persisten bajo el gobierno de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió el poder y promulgó una ley de amnistía que, según cifras oficiales, ha liberado a más de 7.700 personas, aunque organizaciones independientes solo confirman menos de 700 liberaciones.
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que su oficina ha recibido informes sobre la continuación de torturas y malos tratos a detenidos en Venezuela, específicamente en los centros de detención Rodeo 1 y Fuerte Guaicaipuro, según reportó la BBC.
La denuncia se produce dos meses después de que Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, según la fuente. El poder fue asumido por Delcy Rodríguez, exvicepresidenta y aliada leal de Maduro, bajo cuyo liderazgo se aprobó una ley de amnistía el mes pasado.
Türk reconoció la promulgación de la ley de amnistía, pero advirtió que "las preocupaciones estructurales y sistémicas sobre derechos humanos han persistido" en Venezuela a pesar de la salida de Maduro del poder, según sus declaraciones.
El Alto Comisionado señaló que muchos venezolanos permanecen en "detención arbitraria" pese a la aprobación de la ley de amnistía. Entre los detenidos arbitrariamente se encuentra un menor de edad, según indicó Türk.
La semana pasada, el parlamento venezolano, dominado por leales a Maduro, afirmó que más de 7.700 personas habían obtenido "libertad plena" bajo la ley de amnistía, según la BBC. De acuerdo con las cifras parlamentarias, la gran mayoría de estas personas no se encontraban en prisiones, sino sujetas a restricciones como arresto domiciliario o libertad condicional.
Sin embargo, el Foro Penal, organización venezolana dedicada a los derechos de los presos, solo ha podido confirmar la liberación de menos de 700 detenidos hasta el momento, según la fuente. El Foro Penal también advierte que más de 500 personas permanecen encarceladas por razones políticas en Venezuela.
Ante la discrepancia entre las cifras gubernamentales y las confirmadas por organizaciones independientes, Türk instó a las autoridades venezolanas a mayor transparencia. El Alto Comisionado informó al Consejo de Derechos Humanos que su oficina "ha solicitado la lista oficial de los liberados, así como acceso sin restricciones a varios centros de detención, hasta ahora sin éxito", según sus declaraciones.
Las declaraciones de Türk se produjeron días después de que la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela actualizara al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre sus últimos hallazgos en el país, según la BBC.
Este organismo independiente declaró que ha continuado recibiendo "testimonios directos, declaraciones de víctimas, información, documentación e informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas después del 3 de enero", según la fuente.
La Misión de Investigación ha documentado en el pasado decenas de casos en los que detenidos fueron sometidos a "tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes" en centros de detención venezolanos, según la BBC.
Los funcionarios venezolanos no han reaccionado públicamente a los comentarios de Türk, pero en el pasado han desestimado las acusaciones de tortura calificándolas como políticamente motivadas, según la fuente. Las autoridades venezolanas también han rechazado informes previos de la Misión como "politizados" y "impulsados por intereses pérfidos", según la BBC.
La situación plantea interrogantes sobre la efectividad real de la ley de amnistía y la voluntad del gobierno de Rodríguez de implementar cambios sustanciales en el sistema de detención venezolano. La falta de transparencia en las cifras de liberación y la negativa a permitir acceso sin restricciones a centros de detención sugieren que las estructuras represivas heredadas del gobierno de Maduro permanecen intactas.
La comunidad internacional, a través de la ONU, mantiene su escrutinio sobre Venezuela mientras el país atraviesa esta transición política sin precedentes, con la captura de un presidente en ejercicio por fuerzas extranjeras y su reemplazo por una figura del mismo círculo de poder. La persistencia de denuncias de tortura indica que el cambio de liderazgo no ha significado una ruptura con las prácticas de violaciones de derechos humanos que caracterizaron al régimen de Maduro.