La operación de la Fiscalía húngara se enmarca en una investigación sobre "malversación de fondos y otros delitos" del Fondo Nacional de Cultura durante el Gobierno de Orbán, según reportes de medios húngaros. Los investigadores sospechan que desde diciembre de 2024 se aprobaron de forma fraudulenta 1.079 subvenciones por un importe total de 17.000 millones de forintos, equivalentes a casi 47 millones de euros, según informó el medio Telex.

Orbán, quien se encontraba en Estados Unidos viendo el Mundial de fútbol, publicó el martes por la noche en Facebook una "declaración de resistencia" en la que llamó a la ciudadanía a "enfrentarse a la arbitrariedad". En su comparecencia ante la prensa este miércoles, denunció la operación como "una maniobra diseñada para impedir actuar al adversario político y acosarlo". El exlíder nacionalpopulista comparó las medidas emprendidas por el Gobierno de Magyar con las décadas de ocupación alemana y soviética, afirmando que "una vez más, ha comenzado una era de gobierno autoritario en el país".

El fiscal general Gábor Bálint Nagy, nombrado por Orbán, presentó su renuncia este miércoles, con efectividad a finales de agosto. En su escrito de dimisión, Nagy argumentó que no quería formar parte de un conflicto "basado en acusaciones infundadas y al servicio de intereses políticos", y denunció que "el funcionamiento y la independencia de la Fiscalía no deben verse perjudicados bajo ninguna circunstancia por las luchas inmorales y políticamente motivadas que se han desarrollado en torno al fiscal general".

El nuevo primer ministro Péter Magyar, quien obtuvo una victoria histórica el 12 de abril para revertir los 16 años de mandatos consecutivos de Orbán, ha celebrado la marcha de Nagy como "otro títere de Orbán que obstaculizaba el cambio de régimen". Magyar ha preguntado en redes sociales: "¿Quién será el próximo?", en su habitual tono desafiante. El primer ministro tiene entre sus prioridades la lucha contra la corrupción y la eliminación de los altos cargos ocupados por personas afines a Fidesz.

Magyar dio plazo al fiscal general hasta el 31 de mayo para dimitir nada más ganar las elecciones. El pasado fin de semana, el ya expresidente Tamás Sulyok se vio obligado a firmar una reforma de la Constitución que supone su destitución. La enmienda también implica el cese del presidente del Tribunal Constitucional, al recuperar los 70 años como edad de jubilación de los jueces del alto tribunal.

La corrupción del entorno de Fidesz y Orbán fue uno de los principales motivos, junto al deterioro del Estado de derecho, por los que la Comisión Europea congeló miles de millones de euros de fondos a Hungría. Más de 16.000 millones permanecen bloqueados, y el nuevo primer ministro acelera su agenda reformista para acceder a ellos cuanto antes.

Líderes de la ultraderecha europea han manifestado su solidaridad con Fidesz tras los registros. Marine Le Pen, líder del Reagrupamiento Nacional francés, publicó en X: "Las violaciones del Estado de derecho se multiplican en Hungría con la bendición de quienes se consideran parte del 'bando del bien'. La democracia, sin embargo, no tiene bandos. Tiene simplemente reglas, y el nuevo primer ministro húngaro, protegido por la Comisión Europea, las está pisoteando".

Matteo Salvini, vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia y presidente de la Liga, consideró "grave" y un "mal precedente" lo que está sucediendo en Hungría. En un mensaje en la misma red social criticó "el ensordecedor silencio por parte de Bruselas".

El contexto de estas acciones refleja la profunda transformación política que vive Hungría tras la derrota electoral de Orbán. El expresidente del Consejo Europeo Jean-Claude Juncker había llegado a llamar "dictador" a Orbán hace una década, en referencia a su sistema de gobierno corrupto que alarmó a la Unión Europea por su deriva antidemocrática. La transición democrática que lidera Magyar representa un giro radical respecto a los 16 años de gobiernos consecutivos de Orbán, durante los cuales se consolidó una captura del Estado que ahora se intenta desmantelar mediante reformas constitucionales, cambios en la cúpula judicial y operaciones contra presuntos fraudes en fondos públicos.