La Asamblea de la República de Portugal aprobó este viernes iniciar los trámites para modificar la ley de autodeterminación de género de 2018, con 151 votos a favor de los partidos conservadores PSD, CDS-PP y el ultraderechista Chega, frente a 79 votos en contra de socialistas, izquierda e Iniciativa Liberal. Las propuestas incluyen prohibir terapias de afirmación de género para menores, exigir diagnósticos médicos a adultos y, en el caso de Chega, restringir el acceso de personas trans a baños públicos y competiciones deportivas.
La Asamblea de Portugal aprobó este viernes tres mociones para recortar la ley trans del país, según informó El País. Los partidos del espectro conservador —las dos formaciones de la alianza gobernante, formada por el PSD junto al CDS-PP, así como los ultras de Chega— llevaron esta semana a la cámara diferentes propuestas para modificar la legislación de 2018 que protege el derecho a la autodeterminación de género.
Las tres mociones presentadas salieron adelante con los votos de las tres derechas, que suman 151 escaños, según las fuentes. Se opusieron los socialistas portugueses y el resto de formaciones de izquierda, a quienes se unió Iniciativa Liberal, de corte liberal conservador, totalizando 79 votos en contra. La aprobación definitiva puede tardar meses, pues debe pasar más trámites parlamentarios, según El País.
La Asamblea de la República exhibe una clara derechización, con un 70% de los escaños en ese espectro ideológico, situación que están aprovechando para impulsar su agenda, según las fuentes. La izquierda se presentó fragmentada en seis formaciones a las elecciones legislativas portuguesas de mayo de 2025, obteniendo resultados nefastos.
**Contenido de las propuestas**
En la modificación defendida por el PSD —el partido mayoritario de la coalición gobernante y al que pertenece el primer ministro Luís Montenegro—, se veta a los menores trans cualquier tipo de terapia de afirmación de género y no se les permite el cambio registral, según El País. Además, se acota a los adultos la posibilidad de iniciar su transición si carecen de la nacionalidad portuguesa. A los mayores de 18 años también se les obliga a tener un diagnóstico de "incongruencia de género" previo a transicionar.
Para las organizaciones LGTBIQ+, estos cambios no son solo un recorte de derechos, sino una vuelta a "la patologización" de las personas trans, según las fuentes.
Desde el PSD, han justificado el cambio de la legislación de 2018 por "la protección de los niños y jóvenes a la luz de las últimas evidencias científicas y de conformidad con los principios de la bioética y la dignidad de la persona humana", según declaró la diputada conservadora Andreia Neto el jueves durante el debate parlamentario. "Es una propuesta basada en la responsabilidad y el equilibrio", añadió Neto.
Chega —segunda fuerza parlamentaria, por delante de los socialistas— reclama aún más dureza que las otras fuerzas conservadoras en los cambios de la norma, según El País. Así, exigen que las personas trans no puedan usar baños públicos o, en el caso de las mujeres del colectivo, participar en competiciones deportivas o ser ingresadas en cárceles de mujeres. "La ciencia afirma que el sexo biológico viene determinado por características inmutables que se manifiestan antes del nacimiento y perduran tras la muerte. Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer", afirmó la diputada ultra Madalena Cordeiro durante el debate.
Por su parte, las fuerzas progresistas han denunciado "un ataque a los derechos y libertades, sobre todo de los jóvenes", según las fuentes.
**Posiciones científicas y organizaciones**
Ante el debate sobre el cambio legislativo, la Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica emitió un comunicado en el que considera que "al proponer retrocesos basados en desinformación, se ignora la evidencia empírica y se amenaza gravemente la salud mental de una población vulnerable como las personas trans", según El País. Esta organización reclama que "las decisiones legislativas protejan la vida y el bienestar de todos los ciudadanos, basándose en la ciencia y no en prejuicios".
A juicio de la Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica, las propuestas de recorte de las derechas, además de ignorar el consenso científico internacional, "descontextualizan datos e insisten en la disforia de género para validar prejuicios". "Desprecian la evidencia de que las barreras legales y las restricciones médicas a la autodeterminación de género agravan el riesgo de suicidio", añadieron.
Un estudio científico publicado en febrero de 2026 en The Journal of Pediatrics concluía que las tendencias e ideaciones suicidas disminuyen en los jóvenes trans que reciben terapia hormonal, según las fuentes. "La terapia hormonal está vinculada con una reducción clínicamente significativa de las tendencias e ideaciones suicidas a lo largo del tiempo", detallaba la investigación, titulada "Cambios en las tendencias e ideaciones suicidas entre adolescentes trans tras la terapia hormonal: un estudio ampliado".
"Este estudio proporciona evidencia clínica que respalda los beneficios para la salud mental de las personas jóvenes al tener acceso adecuado a la terapia de hormonación", incide el trabajo, que monitorizó a 432 personas de entre 12 y 20 años durante algo menos de dos años (679 días), según El País.
"La admisión a trámite de las modificaciones propuestas por la derecha en Portugal para volver a tratar a las personas trans como enfermas es una señal de alarma y responde a una ofensiva global que pretende recortar libertades", criticó la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ de España, Paula Iglesias. "Derogar leyes que garantizan derechos humanos no mejora la sanidad, la educación ni la economía", añadió.
**Contexto de la ley de 2018**
Portugal se convirtió en 2018 en uno de los países pioneros en aprobar normativa para proteger "el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y la expresión de género, así como a la protección de las características sexuales de cada persona", según el texto legislativo citado por las fuentes. Con esa ley, cualquier persona mayor de 18 años puede cambiar de nombre y de género en el registro sin realizar mayor tramitación.
Con respecto a los menores trans entre los 16 y los 18 años, la ley requería el consentimiento de los progenitores o tutores, además de un informe médico que constatase la libre elección de la persona y la ausencia de impedimentos, según El País.
**Próximos pasos legislativos**
Tras la aprobación de este viernes de las tres mociones para recortar la ley trans de 2018, la propuesta debe pasar a la Comisión parlamentaria de derechos y libertades, proceso que puede durar meses, y volver de nuevo al hemiciclo, donde se procederá a la aprobación definitiva, según las fuentes.
Después, el presidente de la República, el socialista António José Seguro, puede promulgar el cambio, vetarlo o, si tiene dudas de su constitucionalidad, enviarlo al Tribunal Constitucional. "El presidente tiene herramientas para actuar; hay mecanismos para frenar este retroceso sin precedentes en derechos y dignidades en una sociedad democrática", recordaron desde la Federación Estatal LGTBI+. "Confiemos en que la presión social y la movilización marquen la diferencia", añadieron.
**Contexto europeo**
Hace poco más de una semana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló el derecho de las personas trans a que su género sea reconocido en sus documentos oficiales en todos los Estados miembro, según El País. En una sentencia publicada el 12 de marzo de 2026, el máximo órgano de justicia europeo dio la razón a una mujer trans que había pedido, sin éxito, a Bulgaria, su país natal, que actualizara sus datos en el registro civil.
Para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "el Derecho de la Unión se opone a que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro pueda interpretar una norma que acabe constituyendo un obstáculo jurídico para la inscripción en el registro civil de ese Estado de un cambio de los datos relativos al género", según las fuentes. La corte argumentó su fallo en el derecho de los ciudadanos europeos a circular y residir libremente en otro Estado miembro.