Redes sociales enfrentan históricos juicios en EE.UU. por generar adicción en jóvenes

Las grandes tecnológicas propietarias de las principales redes sociales están viviendo un momento sin precedentes en la historia judicial de Estados Unidos. Por primera vez, una jueza ha sentado en el banquillo a estas empresas para determinar si sus plataformas generan adicción entre los más jóvenes, si representan un peligro comparable al de la industria tabaquera y si requieren una regulación mucho más estricta, según informa El País.

Meta (propietaria de WhatsApp, Facebook, Instagram y Threads), TikTok, Snap (matriz de Snapchat) y YouTube (propiedad de Google) se enfrentan a una avalancha de demandas que suman más de 2.500 casos a nivel estatal y federal. Los demandantes incluyen familias de jóvenes adictos a las redes, asociaciones juveniles e incluso distritos escolares que consideran estas plataformas un problema de salud pública con enormes costes sociales, educativos y económicos.

El primer juicio de esta serie histórica comenzó este martes en Los Ángeles, protagonizado por K.G.M., una joven californiana de 20 años cuya identidad se protege mediante iniciales. Su caso representa el de muchos otros menores: comenzó a ver videos en YouTube a los seis años, subió contenido a los ocho, se unió a Instagram con nueve años (cuando recibió su primer iPhone), a TikTok (entonces Musical.ly) con 10 y a Snapchat con 11. Actualmente, sufre depresión, ansiedad y problemas de dismorfia corporal.

Los abogados de la demandante argumentan que elementos como los filtros de belleza, los algoritmos y las reproducciones automáticas fueron diseñados específicamente para mantener a los usuarios enganchados durante horas, lo que ha derivado en graves problemas de salud mental, bullying, acoso sexual e incluso tendencias suicidas.

"Ojalá nunca lo hubiera descargado", llegó a decir K.G.M. a su hermana sobre Instagram, según consta en la demanda. Su familia describe cómo la joven entraba en un colapso emocional cuando intentaban quitarle el móvil, "como si se hubiera muerto alguien". Su madre afirma: "Creo que las redes, su adicción a las redes, ha cambiado el modo en que funciona su cerebro. No tiene memoria a largo plazo. No sabe vivir sin un teléfono. Es capaz de emprender una batalla solo con que toques su móvil".

La familia exige compensaciones económicas, aunque la cantidad no ha trascendido, además de cambios en las plataformas y un perdón público por parte de las empresas. Ya han llegado a acuerdos extrajudiciales con Snap y TikTok, aunque los términos se mantienen confidenciales.

Matthew Bergman, abogado del Social Media Victims Law Center (centro legal para víctimas de redes sociales) con sede en Seattle, que representa a K.G.M. y a decenas de otras víctimas, ha declarado que este juicio permitirá al público conocer "cómo las empresas de redes sociales han dado prioridad a sus beneficios por encima de la seguridad de nuestros niños" mediante "decisiones de diseño deliberadas". Bergman enfatiza: "No se trata del contenido de terceros. Hablamos de un diseño no pensado para enseñarles a los niños lo que quieren ver, sino lo que no pueden dejar de ver".

Los abogados de los demandantes siguen una estrategia similar a la empleada en los históricos juicios contra las tabacaleras en los años 90, argumentando que las redes sociales son productos mucho más adictivos y con mayores daños a largo plazo de lo que inicialmente se reconoció.

Se espera que este año se celebren al menos otros nueve juicios basados en denuncias individuales, además de un décimo donde el demandante es el distrito escolar de Oakland (California). En total, hay más de 1.600 denunciantes en California y más de 200 a nivel federal. Las vistas podrían prolongarse durante años, y para el juicio de K.G.M. se espera incluso la presencia de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y actual responsable de Meta.

Las empresas tecnológicas han adoptado diferentes estrategias de defensa. Algunas guardan silencio, mientras otras se escudan en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y en la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, que las exime de responsabilidad por el contenido publicado por sus usuarios. Sin embargo, los abogados de los demandantes argumentan que no cuestionan el contenido, sino el diseño mismo de las plataformas, que moldea dicho contenido y afecta a los usuarios.

YouTube ha emitido un comunicado negando las acusaciones: "Darles a los jóvenes una experiencia segura y sana siempre ha sido el núcleo de nuestro trabajo", afirmaba un portavoz, destacando sus controles parentales y filtros. Por su parte, Meta ha publicado un extenso documento titulado "Más allá de los titulares: el historial de Meta sobre la protección de los adolescentes y el apoyo a los padres", donde afirma que los abogados "simplifican de más un asunto serio" y que "las demandas no reflejan la realidad".

Sin embargo, las evidencias sugieren lo contrario. En noviembre, un juez federal ordenó la desclasificación de más de 5.800 páginas con conversaciones y correos de altos ejecutivos de Meta, que revelaban que las empresas eran conscientes de la alta capacidad adictiva de sus productos, pero priorizaban esto sobre la seguridad o la salud mental de los usuarios.

Un ejemplo concreto: en 2019, Instagram eliminó algunos filtros de belleza que mostraban a los usuarios con rostros modificados según estándares de belleza irreales. Sin embargo, ese mismo año y el siguiente, varios ejecutivos pidieron a Zuckerberg que los reinstaurara, a pesar de conocer su impacto negativo en la imagen corporal de los jóvenes, especialmente mujeres. Uno de los ejecutivos incluso mencionó que su propia hija había sufrido problemas de dismorfia corporal, pero aun así, los filtros volvieron a implementarse.

Además, el pasado lunes, el fiscal general de Nuevo México presentó otra demanda acusando a Meta y a Zuckerberg de haberse "negado a imponer medidas de protección razonables" para jóvenes. Según el fiscal Raúl Torrez, Meta "no fue capaz de detener la avalancha de material sexual perjudicial y propuestas sexuales dirigidas a niños" en Facebook e Instagram. La demanda revela que algunos ejecutivos expresaron preocupación por los chatbots lanzados a principios de 2024, que planteaban escenarios románticos y sexuales a menores, llegando a calificarlos de "indefendibles".

Las empresas demandadas argumentan que la salud mental no está determinada por un solo factor como las redes sociales, y que no está científicamente probado que estas generen adicción. Sin embargo, el excirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, advirtió recientemente que "los adolescentes que usan las redes más de tres horas al día tienen el doble de riesgo de padecer síntomas de depresión y ansiedad", y recomendó colocar etiquetas de advertencia similares a las del tabaco.

Un estudio del Pew Research Center refuerza estas preocupaciones, indicando que uno de cada cinco adolescentes considera que las redes sociales dañan su salud mental, y la mitad reconoce que son perjudiciales para personas de su edad, afectando negativamente su productividad y sueño.

Algunos estados como California ya han tomado medidas, prohibiendo completamente los móviles en las aulas públicas. A nivel internacional, países como Australia han establecido los 16 años como edad mínima para acceder a redes sociales, intentando regular un fenómeno que, por ahora, parece difícil de controlar.