La decisión, anunciada mediante una declaración escrita al Parlamento, marca un giro significativo en la política de seguridad británica frente a la amenaza iraní. Junto con la IRGC, el gobierno también ha proscrito otros dos grupos: el Movimiento Islámico de Compañeros de la Derecha (IMCR) y el cuerpo de voluntarios de la Agencia de Inteligencia Militar Extranjera de Rusia (GRU).

Según la Secretaria del Interior Shabana Mahmood, "Irán y Rusia están utilizando proxies y matones para hacer su trabajo sucio en nuestras costas. He designado rápidamente tres grupos para que aquellos que trabajen para ellos sean rastreados y encarcelados."

La IRGC, creada tras la revolución iraní de 1979 para defender el nuevo sistema islámico del país, se ha convertido en un brazo poderoso del estado con alcance más allá de las fronteras de Irán. Según las fuentes, cuenta con aproximadamente 190.000 efectivos activos y ha sido consistentemente acusada por naciones occidentales de patrocinar terrorismo en el extranjero.

El gobierno británico ha identificado actividad vinculada a la IRGC que implica amenazas a la vida e intimidación en territorio británico. Según reportes de inteligencia, el Servicio de Seguridad británico (MI5) identificó al menos 20 complots potencialmente letales respaldados por Irán contra personas en el Reino Unido en el último año. La IRGC es central en las operaciones del estado iraní, dirigidas particularmente contra la comunidad judía y disidentes iraníes.

Un caso específico documentado es el ataque incendiario antisemita contra cuatro ambulancias Hatzola en Golders Green el 23 de marzo, por el cual el IMCR reclamó públicamente responsabilidad. Se cree que la IRGC ha dirigido siete ataques contra ubicaciones en el Reino Unido vinculadas a comunidades judías e israelíes.

Los nuevos poderes otorgados a la policía y agencias de inteligencia permitirán abordar el espionaje, la interferencia extranjera, el sabotaje y los ataques físicos de estos grupos. Según la Secretaria de Seguridad Angela Eagle, "El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es un componente central del aparato de seguridad del estado iraní, que responde directamente al Líder Supremo de Irán. Su rol se extiende mucho más allá del de una fuerza militar convencional. Abarca actividad de inteligencia, el uso de actores proxy, y la proyección de influencia diseñada para avanzar objetivos del estado iraní."

La nueva legislación simplifica significativamente los procesos de enjuiciamiento. Los fiscales ya no necesitarán establecer una conexión con una potencia extranjera en cada caso, facilitando la construcción de casos más directa y sencilla. Si es aprobada por el Parlamento esta semana, aquellos que realicen actos de sabotaje, incluyendo incendios en nombre de estos grupos, podrían enfrentar cadena perpetua.

El Primer Ministro Keir Starmer declaró: "Nunca permitiremos que Gran Bretaña sea un patio de juegos para estados que quieren sembrar miedo, división y violencia en nuestras calles. Ya hemos tomado acciones contundentes contra el régimen iraní y aquellos vinculados a él, y contra operativos rusos y redes que apuntan a nuestro país. Estos nuevos poderes harán más fácil procesar y encarcelar a cualquiera que realice su trabajo sucio aquí en Gran Bretaña."

El Primer Ministro prometió en abril de este año acelerar la Ley de Seguridad Nacional (Amenazas Estatales), y los reglamentos de proscripción pueden ahora ser presentados ante el Parlamento.

El Reino Unido se suma así a otros países que ya han designado a la IRGC como grupo terrorista. Australia, Canadá y Estados Unidos ya la han listado como organización terrorista. En enero de este año, la Unión Europea también añadió la IRGC a su lista de terrorismo, tras su rol reportado en represiones brutales contra manifestantes iraníes en Irán durante el mismo mes.

El gobierno británico argumenta que los nuevos poderes son necesarios ante un aumento en la agresión respaldada por el estado, que ha aumentado en alcance y complejidad con más amenazas a la vida y mayor uso de grupos proxy. Esta decisión refleja una escalada en las preocupaciones de seguridad británicas respecto a las operaciones encubiertas de potencias extranjeras en su territorio.