Sanidad denuncia a Ayuso ante el Tribunal Superior de Justicia por negarse a crear el registro de objetores al aborto

El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha llevado a los tribunales a la Comunidad de Madrid por su negativa a implementar el registro de objetores de conciencia al aborto, una herramienta establecida por la ley orgánica de 2023 y aprobada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha calificado este registro como una 'lista negra' y ha manifestado públicamente su rechazo, llegando incluso a decir en la Asamblea de Madrid: '¡Váyanse a otro lado a abortar!'. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad sostiene que el registro es una herramienta confidencial con fines estrictamente organizativos.

El recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se fundamenta en la doctrina del Tribunal Constitucional, que avala estos registros como mecanismos para que los servicios de salud conozcan la disponibilidad de personal sanitario y puedan organizar adecuadamente la prestación de interrupción voluntaria del embarazo.

Según datos del Ministerio de Sanidad, en Madrid menos del 0,5% de los abortos se realizan en la sanidad pública, lo que refuerza la necesidad de este registro para garantizar el derecho al aborto. La ministra Mónica García ha calificado la actitud de Ayuso como una 'ofensiva contra los derechos de las mujeres'.

Es importante destacar que existe un precedente similar con el registro de objetores de eutanasia, que Madrid creó sin polémica. El registro de objetores de aborto no es un listado público, sino reservado para responsables de consejerías y direcciones hospitalarias, con el objetivo de evitar cualquier discriminación.

Ahora será el TSJM quien decidirá si obliga a la Comunidad de Madrid a crear el registro, atendiendo al recurso presentado por Sanidad y a las medidas cautelares solicitadas para su implementación inmediata.