Un creciente número de líderes conservadores estadounidenses está promoviendo el procesamiento penal de mujeres que se practiquen abortos, rompiendo con la estrategia tradicional del movimiento antiaborto que se enfocaba exclusivamente en castigar a médicos y proveedores. El cambio surge cuatro años después de la anulación de Roe contra Wade, ante la frustración porque el número de abortos es ahora mayor que antes de esa decisión judicial, principalmente por la disponibilidad de píldoras abortivas incluso en estados donde el procedimiento está prohibido.
Más de 60 influencers conservadores, líderes antiaborto y pastores firmaron hoy una petición para eliminar las "inmunidades legales" que han protegido a las mujeres que abortan de ser procesadas penalmente, según reportó The New York Times. La iniciativa coincide con el cuarto aniversario de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el fallo Roe contra Wade.
La petición marca un giro significativo en la estrategia del movimiento antiaborto estadounidense, que durante décadas mantuvo una posición unificada: las mujeres que se someten al procedimiento deben quedar exentas de castigo, mientras que los médicos y otros proveedores deben ser procesados con todo el peso de la ley, según la fuente.
El cambio de postura responde a la frustración de activistas antiaborto ante el hecho de que el número de interrupciones del embarazo realizadas actualmente es superior al registrado cuando se anuló Roe contra Wade, según The New York Times. Este aumento se debe en gran medida a la creciente disponibilidad de píldoras abortivas, incluso en estados donde el procedimiento está prohibido.
A principios de este mes, los delegados de la convención estatal del Partido Republicano de Texas votaron para respaldar la eliminación de las protecciones legales que eximen a las mujeres que abortan de sanciones penales, según la fuente. La medida fue ratificada mediante una votación por voz atronadora en el piso de la convención.
Paralelamente, el grupo antiaborto más grande de Texas está formulando una propuesta para evaluar el clima político sobre este tema, según The New York Times. La organización plantea dirigirse a un segmento específico de mujeres: aquellas con licencias médicas, amenazando con revocar sus licencias profesionales si son descubiertas tomando píldoras abortivas.
El movimiento antiaborto estadounidense ha buscado prohibir el aborto en todo el país, pero ahora enfrenta el desafío de que las restricciones legales no han logrado reducir el número de procedimientos, según la fuente. La disponibilidad de medicamentos abortivos ha permitido que mujeres en estados con prohibiciones accedan al procedimiento de manera clandestina.
La propuesta de criminalizar a las mujeres representa una ruptura con décadas de consenso dentro del movimiento conservador antiaborto. Tradicionalmente, los líderes de este movimiento argumentaban que las mujeres eran víctimas de una industria del aborto que debía ser desmantelada mediante el procesamiento de proveedores, no de las pacientes.
El debate sobre si procesar penalmente a las mujeres que abortan podría tener implicaciones políticas significativas en Estados Unidos, donde el tema del aborto se ha convertido en uno de los más divisivos. La anulación de Roe contra Wade en junio de 2022 devolvió a los estados la autoridad para regular el aborto, resultando en prohibiciones totales o casi totales en múltiples estados controlados por republicanos.
La estrategia de enfocarse en mujeres con licencias médicas que tomen píldoras abortivas representa un enfoque intermedio entre mantener la inmunidad total para las mujeres y criminalizar completamente a quienes se practiquen abortos. Sin embargo, marca un precedente que podría expandirse a otros grupos de mujeres si la propuesta gana tracción política.
Las píldoras abortivas, que pueden utilizarse en las primeras semanas de embarazo, se han convertido en el método más común de interrupción del embarazo en Estados Unidos. Su disponibilidad a través de telemedicina y envío por correo ha complicado los esfuerzos de estados conservadores por hacer cumplir las prohibiciones del aborto.
El movimiento para criminalizar a las mujeres que abortan enfrenta resistencia incluso dentro de sectores conservadores que temen las consecuencias políticas de una postura percibida como extrema. Sin embargo, los firmantes de la petición y los delegados republicanos de Texas argumentan que sin consecuencias legales para las mujeres, las prohibiciones del aborto resultan ineficaces.
La evolución de esta postura dentro del movimiento conservador estadounidense podría influir en futuras legislaciones estatales y en el debate nacional sobre el aborto. Los próximos meses mostrarán si esta tendencia se expande a otros estados o si permanece limitada a sectores específicos del movimiento antiaborto.