Josué Martínez Contreras fue atacado a tiros por hombres en motocicleta en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla, según reportó El País. Su hijo fue quien llamó a los servicios de emergencia, pero estos no pudieron hacer nada cuando llegaron al lugar. La Fiscalía de Puebla ya ha iniciado investigaciones en el caso.

El asesinato de Martínez Contreras se suma a una lista creciente de crímenes contra periodistas en 2026. El 3 de julio fue asesinado Manuel Alejandro Moreno Serna, periodista independiente y activista ambiental, en Zihuatanejo, Guerrero. En junio, Luis Ángel López Valdez fue muerto el 11 en Poza Rica, Veracruz. La periodista Roxana Berenice Guzmán, fundadora de Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada en Nanchital, Veracruz, grabada durante el ataque, y sus restos fueron hallados un mes después en un rancho de Moloacán, a unos 30 kilómetros de distancia. En marzo fue asesinado Juan David Gámez en Nuevo León, y el 8 de enero Carlos Castro fue muerto en Poza Rica, también en Veracruz.

Martínez Contreras había documentado públicamente el hostigamiento que sufría. Un video de noviembre del año anterior, subido a sus redes sociales, mostraba cómo el presidente municipal y personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) llegaron a su casa acusándolo de no haber pagado recibos de agua. El periodista, quien también era académico y abogado, mostró a la cámara los comprobantes de pago y denunció que, a pesar de haber aclarado la situación, fue obligado a pagar una "multa" de 6.000 pesos, equivalentes a unos 350 dólares. En el video, Martínez Contreras explicaba que el conflicto surgía porque había denunciado la existencia de tomas clandestinas de agua potable en su municipio y la falta de transparencia en el dinero público recaudado por el cobro de ese servicio. "El meollo de todo este asunto es que no los dejamos hacer un negocio jugoso para llevarse al agua", decía en la grabación.

El caso de Roxana Berenice Guzmán ejemplifica la brutalidad de estos crímenes. Un video documentó el momento en que varios hombres armados, cubiertos totalmente de negro, destrozaron la puerta de su casa apuntando con armas largas hacia el interior y se la llevaron. Ocho personas han sido detenidas por su presunta responsabilidad, cuatro de ellas policías municipales del municipio de Ixhuatlán del Sureste.

La impunidad es casi total. De los seis casos documentados en lo que va de 2026, solo en el de Roxana Guzmán hay detenidos. Esta falta de consecuencias genera un mensaje claro: atacar a periodistas no tiene repercusiones legales significativas.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) en América Latina ha lanzado cuestionamientos directos al Gobierno de México. "Seis periodistas asesinados en poco más de seis meses: ¿cuántos más tienen que morir para que las autoridades comprendan que su respuesta sigue siendo claramente insuficiente? Abrir una investigación después de cada asesinato simplemente no basta", dijo Artur Romeu, director de RSF en la región. La organización exigió que el Gobierno mexicano "rinda cuentas por las fallas en materia de prevención y protección que han permitido la repetición de estos crímenes y presente medidas concretas para impedir que estos asesinatos sigan ocurriendo".

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó el asesinato de Martínez Contreras y señaló que "la impunidad en estos crímenes fomenta nuevos ataques contra la prensa".

Las respuestas oficiales han sido insuficientes. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha insistido en varias ocasiones en que las muertes de Carlos Castro y Luis Ángel López Valdés no tienen relación con su labor periodística, a pesar de que ambos fueron asesinados en su estado. El 15 de junio, en una conferencia de prensa, Nahle se refirió a los periodistas asesinados como "el señor de Poza Rica" o "la señora de Nanchital", minimizando sus identidades profesionales. "Independientemente de la profesión que ejerza, las investigaciones las están haciendo las fiscalías; las líneas de investigación son varias líneas de investigación que ya lo dio a conocer la fiscal del Estado y no es por su trabajo periodístico propiamente; aquí en mi Gobierno hay absoluta libertad de expresión, absoluta", aseguró.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido escueta en sus respuestas. Cuando es cuestionada sobre nuevos asesinatos de periodistas, simplemente instruye a su gabinete para que los casos sean atendidos. Sobre el caso de Martínez Contreras, dijo: "Hoy en la mañana se presentó en gabinete y están en investigación".

Más allá de los asesinatos, la violencia contra la prensa en México es sistemática. Se han documentado decenas de agresiones en lo que va de 2026. El 16 de julio, el mismo día del asesinato de Martínez Contreras, el domicilio de César Millán Lafarga, director general de Grupo Adiscusión, fue acribillado por hombres armados en Culiacán. En marzo, Óscar Merino Ruiz, director del medio digital OM Noticias, fue atacado a tiros en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, y sobrevivió tras permanecer varios días en estado de gravedad.

El 24 de mayo, en Sinaloa, Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la Asociación de Periodistas de ese estado y autor de la columna Altoparlante, fue víctima de amenazas de muerte a su familia y comentarios estigmatizantes en Facebook. Este acoso ocurrió después de que publicara información sobre presuntos actos de opacidad y nepotismo por parte del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

El 10 de junio, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) borraron material fotográfico y amenazaron con tomar acciones legales contra los periodistas Karen Salas y Óscar Ramos, del medio digital Elefante Blanco de Tamaulipas, tras documentar un presunto derrame de combustible en el río Pánuco, frente a la refinería Francisco I. Madero de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Marcos Ramos, director y editor del portal Real Cintalapa en Chiapas, sobrevivió a un ataque a disparos. Su página tiene cerca de 150.000 seguidores. Según documentó la organización Artículo 19, "fuentes cercanas señalaron que Marcos, al igual que otros periodistas de la región, había decidido dejar de publicar información sobre hechos de violencia, como una práctica de autocensura para protegerse".

El 13 de julio, en Coahuila, el periodista independiente Ángel Maldonado sufrió un intento de allanamiento en su casa por varios hombres que arrojaron piedras y forzaron la entrada. La agresión ocurrió tras cubrir una manifestación sobre un caso de abuso sexual.

La precarización económica agrava la vulnerabilidad de los periodistas. Según datos del Gobierno que agrupan autores, periodistas y traductores, el sueldo mensual promedio es de unos 8.000 pesos mexicanos, equivalentes a 456 dólares, por trabajar alrededor de 37,9 horas a la semana. Esta realidad económica obliga a la gran mayoría de periodistas, comunicadores y reporteros locales a tener además otras profesiones o trabajos para sustentar sus vidas y familias.

Algunos estados han tomado medidas adicionales para limitar la libertad de expresión. En San Luis Potosí y Campeche, se han modificado legislaciones nacionales vigentes para restringir la libertad de prensa, como han denunciado periodistas y organizaciones internacionales. Se han documentado encarcelamientos de comunicadores con señalamientos de terrorismo, e incluso por el mero hecho de utilizar inteligencia artificial.

La situación refleja un colapso en la capacidad del Estado mexicano para proteger a los periodistas. La captación de medios de comunicación por gobiernos en turno o por la delincuencia organizada, combinada con la precarización económica y la violencia sistemática, ha creado un entorno donde ejercer el periodismo es cada vez más peligroso. La autocensura se ha convertido en una estrategia de supervivencia para muchos comunicadores, lo que significa que historias importantes sobre corrupción, violencia y abuso de poder simplemente no se reportan.