Senadores de EE.UU. exigen investigación por uso de tecnología de vigilancia en Departamento de Seguridad Nacional

Los senadores Mark R. Warner y Tim Kaine enviaron una carta formal al inspector general Joseph Cuffari del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exigiendo una investigación profunda sobre las actuales y futuras adquisiciones tecnológicas que permiten la recolección, retención y análisis de datos personales sensibles.

En su comunicación, los legisladores expresaron preocupaciones graves sobre la forma en que el DHS está recopilando información sobre ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos, potencialmente eludiendo las protecciones de la Cuarta Enmienda y las libertades civiles garantizadas constitucionalmente.

Los senadores destacaron varios incidentes preocupantes, incluyendo dos casos donde personal de DHS ha disparado y matado a ciudadanos estadounidenses: Renee Good, una madre de 37 años, fue baleada tres veces por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, y Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, murió durante un encuentro con Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Una de las principales preocupaciones radica en la asignación presupuestaria sin precedentes de 165 mil millones de dólares al DHS, con ICE recibiendo 75 mil millones, una cifra superior al presupuesto del FBI. Esta inversión podría estar financiando el uso inapropiado de tecnologías de vigilancia.

Los legisladores solicitaron específicamente una auditoría de las actividades de adquisición de ICE para determinar si han violado leyes federales y regulaciones que protegen la privacidad y defienden contra búsquedas ilegales.

Entre las prácticas cuestionadas se encuentran la recopilación de datos biométricos, el desarrollo de inteligencia de fuentes abiertas, el monitoreo de redes sociales y la utilización de tecnologías de reconocimiento facial.

Warner y Kaine argumentan que estas herramientas tecnológicas podrían permitir al DHS eludir las protecciones constitucionales, sometiendo potencialmente a los estadounidenses a vigilancia bajo el pretexto de hacer cumplir las leyes migratorias.

La carta solicita al inspector general que investigue a fondo cómo el DHS recopila, almacena, usa y comparte información personalmente identificable, con el objetivo de garantizar que las libertades civiles no sean comprometidas en nombre de la seguridad nacional.