

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que su gobierno realizará una reparación integral del daño a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Oaxaca, que causó 13 fallecidos y casi un centenar de heridos.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el domingo en la Región del Istmo de Tehuantepec, ha generado una intensa respuesta gubernamental. Según informó la Secretaría de Gobernación, actualmente 36 personas permanecen hospitalizadas en diversos centros médicos del país.
La distribución de los heridos es la siguiente: 11 personas en hospitales del IMSS en Salina Cruz y Coatzacoalcos, 14 en hospitales del IMSS Bienestar en Salina Cruz y Oaxaca, siete en hospitales del ISSSTE en Tehuantepec y Ciudad de México, dos en hospitales de la Secretaría de Marina, una en el Hospital Cruz Azul Laguna y otra en un centro hospitalario de Pemex.
Sheinbaum detalló que ya se entregó un primer apoyo económico de 30 mil pesos a los deudos y lesionados. Sin embargo, enfatizó que este monto es solo un primer paso hacia una reparación integral que será determinada por la aseguradora del tren y la Fiscalía General de la República (FGR).
La mandataria informó que ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente. Además, anunció que se buscará una certificadora internacional para evaluar la seguridad de la vía férrea antes de su reapertura.
El accidente ocurrió en la Línea Z del tren 'Istmeño', inaugurada en 2023, que conecta Veracruz con Salina Cruz, cubriendo 212 kilómetros. El Corredor Interoceánico, presentado como una alternativa logística al Canal de Panamá, ha enfrentado críticas por problemas de infraestructura y seguridad.
Los pasajeros sobrevivientes han relatado que el tren circulaba a una velocidad inusualmente alta, lo que podría ser uno de los factores del descarrilamiento. Los investigadores analizarán la información de la caja negra para determinar las causas exactas del accidente.
Sheinbaum también criticó duramente a los medios de comunicación por publicar fotografías de las víctimas sin su consentimiento, calificando estas acciones como 'inhumanas' y 'faltas de ética periodística'.