La guerra de Tigray, que enfrentó al ejército etíope con el Frente de Liberación del Pueblo Tigray (TPLF) entre 2020 y 2022, se considera la más mortal del siglo. Según cálculos de la Unión Europea, organismos internacionales y expertos, dejó 600.000 civiles muertos, aunque responsables locales estiman que la cifra real de víctimas es mucho mayor. A pesar de la firma del Acuerdo de Paz de Pretoria, la región nunca experimentó una normalidad real y continúa marcada por tensiones no resueltas, rivalidades armadas y una crisis humanitaria grave.

A principios de julio de 2026, las autoridades regionales de Tigray acusaron al Gobierno federal de Etiopía de prepararse para una nueva guerra contra la región, alegando que el acuerdo de paz había fracasado. Estas acusaciones coinciden con un deterioro visible de las relaciones entre el Gobierno, las autoridades locales y responsables militares. Según analistas, una nueva escalada del conflicto podría tener consecuencias regionales que afecten a Sudán y Eritrea.

El 6 de julio de 2026, la organización Human Rights Watch denunció que las autoridades regionales de Tigray estaban secuestrando y reclutando ilegalmente a civiles, entre ellos niños de tan solo 15 años, desde abril de 2026. Estos reclutamientos forzados representan una violación grave de derechos humanos y una preparación potencial para una reanudación del conflicto.

La situación humanitaria en Tigray sigue siendo crítica. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuatro años después del fin del conflicto siguen habiendo aproximadamente 700.000 desplazados internos, algunos de ellos en situación crítica. En total, Etiopía alberga más de cuatro millones de desplazados internos según cálculos de la ONU. El antiguo aeropuerto de Adigrat, en el norte de Tigray, se ha convertido en un asentamiento para estas personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Etiopía también acoge a más de 823.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo, principalmente procedentes de Sudán del Sur, Somalia y Eritrea, según cifras del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Las condiciones de vida en los campos de desplazados son precarias. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) proporciona ayuda alimentaria y transferencias de efectivo a las familias más vulnerables de todo el país. En Tigray, suministra alimentos a las personas desplazadas o afectadas por el conflicto. Sin embargo, las raciones humanitarias de comida son escasas, consistiendo en muchos casos en dos kilos de harina por persona y por mes. A esta precariedad ya existente se suman las consecuencias de la suspensión de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump a principios de 2025.

La desnutrición infantil es alarmante. El PMA calcula que un 55% de los niños etíopes menores de cinco años están desnutridos, un porcentaje que se agrava significativamente en regiones como Tigray. Esta cifra refleja la magnitud de la crisis humanitaria que afecta especialmente a la población más vulnerable.

La violencia ha continuado incluso después del cese oficial del conflicto. En los últimos meses se han registrado ataques con drones contra objetivos civiles en la carretera entre Adigrat y Adwa. Uno de los últimos incidentes, registrado a principios de junio de 2026, produjo al menos dos víctimas mortales, según la prensa local, que los atribuye al Gobierno federal. Estos ataques aparentemente buscan impedir el transporte de mercancías entre ciudades.

Las acusaciones de crímenes de guerra son graves. Amnistía Internacional acusó al Gobierno etíope de haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo limpieza étnica contra la población de Tigray. Estos crímenes se desarrollaron en un clima de impunidad generalizada y colapso institucional. El Gobierno etíope rechazó rotundamente todas las acusaciones. Las tropas eritreas, aliadas con el Gobierno etíope, también fueron acusadas de atrocidades graves, incluyendo masacres, violaciones, esclavitud sexual y saqueos. Las aldeas fueron vaciadas, mientras que los civiles permanecieron atrapados durante meses.

Monseñor Tesfaselassie Medhin, obispo de Adigrat, ha sido testigo directo de esta crisis humanitaria. Considera que los informes de la ONU no alcanzan para describir la magnitud de las atrocidades en Tigray. "Toda la infraestructura fue destruida. Lo mismo ocurrió con la sanidad, las fábricas, la producción, la educación y el tejido social. Todo fue dañado, saqueado o destruido", asegura el obispo. Explica que la población local sigue atrapada entre la pobreza, el desplazamiento, el trauma y el miedo a un rebrote del conflicto.

El obispo insinúa que hay una estrategia política destinada a debilitar a la población de Tigray mediante el aislamiento económico, la presión humanitaria y la inestabilidad continua. Esta perspectiva sugiere que los problemas de la región van más allá de las consecuencias directas de la guerra y responden a dinámicas políticas más amplias.

Los testimonios de los desplazados reflejan la magnitud del sufrimiento. Rahwa Kahsay, desplazada desde el inicio del conflicto y originaria del oeste de Tigray, huyó a Sudán junto a su familia y soportaron hambre extrema. La guerra también llegó a Sudán y tuvieron que desplazarse de nuevo. Su marido intentó llegar a Europa y hoy está encarcelado en Libia, mientras Kahsay y su familia viven en el campo de Adigrat, donde sobreviven gracias a la solidaridad de otros desplazados. Su opinión es clara: el conflicto en Tigray no se resolvió, solo se congeló.

La situación actual representa un punto de inflexión crítico. Aunque el acuerdo de paz de 2022 puso fin a los combates abiertos, no resolvió las causas subyacentes del conflicto ni las tensiones políticas que lo originaron. La acumulación de factores—reclutamiento forzado, deterioro de relaciones políticas, ataques aéreos continuos, crisis humanitaria sin resolver y desconfianza mutua—sugiere que Tigray permanece en un estado de conflicto suspendido más que en paz genuina. El riesgo de una nueva escalada es real y presente, con implicaciones potenciales que trascienden las fronteras de Etiopía.