Tres magistrados de la Corte Penal Internacional presentaron una demanda contra el presidente Donald Trump y su administración ante un tribunal federal de Nueva York, alegando que las sanciones impuestas contra ellos en febrero de 2025 excedieron la autoridad presidencial. La acción legal, presentada el miércoles, busca limitar la capacidad del gobierno estadounidense de usar sanciones para castigar a jueces por decisiones judiciales con las que no está de acuerdo.
La jueza canadiense Kimberly Prost, junto con la jueza Reine Alapini-Gansou de Benín y la jueza Solomy Balungi Bossa de Uganda, presentaron la demanda en el Distrito Sur de Nueva York, según informó The New York Times, que obtuvo una copia de la denuncia de uno de los abogados de los jueces.
Las sanciones fueron impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos en febrero de 2025 en respuesta a las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre acciones de israelíes y estadounidenses, según la fuente. Ni Israel ni Estados Unidos son miembros de la corte, que tiene su sede en La Haya y fue establecida oficialmente en 2002 para procesar los crímenes internacionales más graves, como el genocidio.
La demanda representa el último esfuerzo para desafiar lo que muchos expertos han descrito como los intentos de la administración Trump de socavar el derecho internacional, según The New York Times. Si tiene éxito, la acción legal podría restringir la capacidad del gobierno estadounidense de utilizar sanciones como herramienta para penalizar a magistrados por emitir fallos con los que no está de acuerdo.
La Casa Blanca respondió a la demanda con un comunicado en el que afirmó que Trump ejerció sus poderes "legalmente" y que "la administración continuará defendiendo vigorosamente las acciones del presidente, protegiendo la seguridad nacional y la política exterior de nuestro país ante todo", según declaraciones proporcionadas a The New York Times.
El caso plantea cuestiones fundamentales sobre los límites de la autoridad ejecutiva estadounidense en materia de política exterior y el uso de sanciones económicas como instrumento de presión contra instituciones internacionales. La Corte Penal Internacional fue creada para juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de agresión cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
Las investigaciones de la CPI que motivaron las sanciones estadounidenses representan un punto de fricción continuo entre Washington y el tribunal internacional. Estados Unidos ha mantenido históricamente una postura crítica hacia la corte, argumentando que podría ser utilizada para procesar a ciudadanos estadounidenses por motivos políticos, a pesar de que la corte solo actúa cuando los sistemas judiciales nacionales no funcionan adecuadamente.
El resultado de esta demanda podría establecer un precedente importante sobre hasta dónde puede llegar un presidente estadounidense en el uso de sanciones contra funcionarios de organizaciones internacionales, particularmente cuando esas sanciones están diseñadas para influir en procesos judiciales independientes. La decisión del tribunal federal podría tener implicaciones significativas para la relación de Estados Unidos con instituciones multilaterales y el derecho internacional en general.