Tribunal de apelaciones de EE.UU. anula prohibición de Trump al asilo en la frontera

El panel de tres jueces dictaminó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no autoriza al presidente a expulsar a los solicitantes mediante "procedimientos de su propia creación", ni le permite suspender el derecho a solicitar asilo o restringir los procedimientos para la adjudicación de sus solicitudes de protección contra la tortura, según el fallo.

"La facultad, ejercida mediante proclamación, de suspender temporalmente la entrada de determinados ciudadanos extranjeros a los Estados Unidos no conlleva la autoridad implícita para anular el proceso obligatorio establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad para la expulsión sumaria de ciudadanos extranjeros", escribió la jueza J. Michelle Childs, nominada por el expresidente Joe Biden, según El País.

No queda claro cuándo se reanudaría el procesamiento de solicitudes de asilo, y es probable que la Administración Trump apele la decisión, según las fuentes. El primer día de su segundo mandato, Trump prohibió la entrada a los solicitantes de asilo por razones de seguridad pública, salud y economía, calificando de "invasión" la llegada de migrantes a la frontera. Desde entonces, las detenciones de la Patrulla Fronteriza han caído a los niveles más bajos en décadas, después de que durante la Administración Biden se registraran récords de ingresos.

El juez Justin Walker, nominado por Trump, redactó una disidencia parcial. Señaló que la ley otorga a los inmigrantes protecciones contra la expulsión a países donde serían perseguidos, pero que la Administración puede emitir denegaciones generalizadas de las solicitudes de asilo. Walker, sin embargo, coincidió con la mayoría en que el presidente no puede deportar a los migrantes a países donde serán perseguidos, ni privarlos de los procedimientos obligatorios que los protegen contra la expulsión, según el fallo.

El abogado de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, Lee Gelernt, afirmó en un comunicado que el fallo de apelación es "esencial para aquellos que huyen del peligro y a quienes se les ha negado incluso una audiencia para presentar sus solicitudes de asilo, en virtud de la orden ejecutiva ilegal e inhumana de la Administración Trump", según informó la agencia Associated Press.

El fallo del tribunal de apelaciones da la razón a la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y las organizaciones que interpusieron una demanda contra la Administración por bloquear la vía del asilo. Un juez falló a su favor en julio al determinar que el presidente no tenía autoridad para hacerlo, y el Gobierno recurrió la decisión ante el tribunal que ahora confirma el primer fallo, según El País.

En sus primeros meses tras la vuelta a la Casa Blanca, el republicano aprobó varias medidas en contra de los solicitantes de asilo. Además de paralizar los trámites de miles de solicitantes y cerrar la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional lanzó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a los tribunales para detener a los migrantes que acudían a sus citas para continuar sus procesos de solicitud de asilo, según las fuentes.

El Gobierno también eliminó la posibilidad de que los migrantes solicitaran el asilo en la frontera. Según la ley federal, cualquier no ciudadano que se encuentre "físicamente presente en los Estados Unidos" o que "llegue a los Estados Unidos" puede solicitar asilo. Los migrantes que manifiestan su intención de hacerlo son entrevistados para determinar si tienen un temor creíble de persecución.

El Tribunal Supremo de EE.UU. se mostró el mes pasado inclinado a aprobar la postura de Trump. La cuestión radica en determinar si los no ciudadanos deben cruzar la frontera por completo para adquirir el derecho a solicitar asilo, o si se les debe permitir presentar la solicitud con el simple hecho de presentarse en la frontera y solicitar la entrada. El Alto tribunal se pronunciará sobre ello probablemente a finales de junio o principios de julio, determinando qué significa exactamente "llegar" al país, según El País.

Paralelamente, el Departamento de Justicia ha identificado a 384 personas a las que pretende desnaturalizar y adelanta la adjudicación de casos a 39 fiscalías federales para el inicio de los litigios, según un reporte publicado por The New York Times. La directora de la Oficina Ejecutiva de Fiscales de Estados Unidos, Francey Hakes, indicó que se trata de "la primera ola de casos" que Washington tiene previsto llevar a los tribunales este año.

Según la ley federal, el Gobierno puede solicitar a un tribunal que retire la ciudadanía a quienes la obtuvieron de forma fraudulenta a través de un matrimonio simulado, el ocultamiento de información que los habría hecho inelegibles o tras haber perpetuado un delito grave. Las autoridades deben presentar pruebas ante un juez, pero el proceso judicial es siempre complejo y prolongado, según las fuentes.

"El fraude de ciudadanía es un delito grave; cualquiera que haya infringido la ley y obtenido la ciudadanía mediante fraude y engaño rendirá cuentas", declaró Abigail Jackson, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca. El Departamento de Seguridad Nacional lleva meses remitiendo a revisión más de 200 casos mensuales al Departamento de Justicia con este fin. Un portavoz de este, Matthew Tragesser, afirmó que se trata del mayor volumen de remisiones de este tipo en la historia de la institución, según El País.

Las personas que obtienen la ciudadanía estadounidense son sometidas a un exhaustivo proceso de verificación. Los solicitantes deben proporcionar datos biométricos y responder preguntas sobre sus antecedentes personales, incluyendo afiliación a grupos catalogados como comunistas o marxistas. Algunos cumplen los requisitos tras cumplir tres años de matrimonio con ciudadanos estadounidenses. Otros son elegibles después de haber tenido la residencia permanente durante al menos cinco años. Los pasos finales del proceso de naturalización incluyen aprobar exámenes de educación cívica e inglés.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos establece claramente que, para la revocación civil de la naturalización, la carga de la prueba exige "evidencia clara, convincente e inequívoca que no deje lugar a dudas". Ante la falta de personal y exceso de trabajo que enfrentan las fiscalías federales por la avalancha de demandas presentadas por inmigrantes que impugnan la legalidad de sus detenciones, se desconoce cuál será el resultado de este nuevo capítulo en la ofensiva migratoria de Washington, según las fuentes.

De los 46,2 millones de inmigrantes que residían en Estados Unidos en 2022, 24,5 millones (el 53%) corresponden a ciudadanos naturalizados, según datos del Instituto de Política Migratoria. Una medida como esta abre el debate sobre si los nacionales de origen extranjero tienen los mismos derechos y estabilidad que los nacidos en el país.

Entre 1990 y 2017, un período de 27 años y tres mandatarios distintos, el Gobierno presentó 305 casos de revocación de la ciudadanía, un promedio de 11 casos por año, una cifra muy inferior a la que ahora persigue la Casa Blanca en menos de 12 meses. Algunos analistas advierten que en los años de la Guerra Fría, las desnaturalizaciones se convirtieron en una herramienta política en contra de políticos, periodistas y otras voces incómodas para el poder, según El País.

En los últimos meses, la Administración Trump ha presentado casos de revocación de ciudadanía contra una amplia gama de inmigrantes. Entre ellos, un infante de marina ghanés que fue sometido a consejo de guerra por un delito sexual, un argentino acusado de haber obtenido la ciudadanía tras hacerse pasar por cubano y un nigeriano condenado por dirigir un fraude fiscal.